Por: René Rodrigo Garzón Martínez/ Antes de entrar en materia, quiero agradecer al equipo de Corrillos, por su invitación para presentar desde una columna de opinión, lo que he decidido llamar reflexiones ciudadanas, por tratar la misma sobre temas de interés municipal y regional; será esta mi primera experiencia desde tan importante tribuna, en la que espero compartir mis principales experiencias como servidor público y actual Concejal de Bucaramanga, y desde la que me comprometo a tratar con respeto no solo en mis comentarios, sino en el tratamiento de la información hacia los lectores como a los protagonistas de nuestra vida social.
Para esta primera columna he decidido abordar el problema de la invasión del espacio público que hoy nos aqueja, para lo cual debo antes que nada hacer un breve recuento de los principales derroteros que la Constitución Política y la jurisprudencia de las altas Cortes, han señalado como norte en la solución de esta problemática.
Es conocido por la opinión pública que diferentes fallos obligaron al municipio de Bucaramanga a efectuar una política de recuperación del espacio público tendiente a garantizar a todos los ciudadanos el goce efectivo de su derecho al disfrute del mismo, no sin antes proceder con el mayor tacto ante las poblaciones de vendedores que ocupaban y siguen ocupando de manera ilegal las calles, andenes, parques y todo tipo de elementos que componen bienes de uso público.
Para este propósito debía ofrecerse previo a cualquier operativo de recuperación una oferta institucional que permitiera un desarrollo efectivo de los proyectos de vida de esos vendedores, quienes a su vez habían pasado por un proceso de acercamiento con la administración y a los cuales se les había efectuado un censo que permitiera establecer el nivel de sus necesidades, el grado de escolaridad, quienes componían su familia, que otras actividades estaban dispuestos a desarrollar, en fin una serie de datos que permitieran identificar plenamente quienes podrían ser beneficiarios de los programas ofrecidos por la Administración.
Efectivamente en años anteriores y gracias al seguimiento puntual de estos derroteros, y en la anterior administración municipal de la cual fue Secretario del Interior, logramos con éxito la recuperación de varias zonas del municipio pero en especial la del paseo del comercio, donde la implementación paso a paso de estas medidas, blindo el proceso de tal forma que fueron muy pocas las tutelas que se concedieron por posible vulneración a los derechos de los vendedores ambulantes, teniendo en cuenta que para tal fin se habían censado aproximadamente 2000 personas que estaban ocupando ilegalmente el espacio público.
La continuidad de ese proceso de recuperación, exigía de la nueva administración, firmeza y autoridad para que el Estado no fuera nuevamente víctima de su propia inercia, sin embargo hemos visto como durante el paso de estos años nuevamente se ha multiplicado el problema de la invasión, y pese a modestas intervenciones, lo único que se observa es el reinicio del ciclo con mayor fuerza, dado que en la actualidad además de nuestra propia informalidad debemos sumarle la tragedia humanitaria de nuestro hermano país.
Ahora una vez se ha abordado a grandes rasgos lo que ha sido el problema del espacio público en los últimos años, nos encontramos ante lo que esta administración ha decidido tratar a través del Plan Maestro del Espacio Público, en donde con bombos y platillos, ha anunciado que promoverá el cobro por el uso de los espacios públicos en diferentes zonas del municipio de Bucaramanga, en especial en la supuesta adjudicación de espacios para vendedores informales.
Como Concejal no deja de sorprenderme que a la fecha en el ejercicio de nuestras funciones, no se nos ha presentado ni el plan maestro ni los documentos que sustentan la política pública que se pretende implementar, de a poco los titulares de prensa van dando cuenta de lo que se pretende hacer, y sin embargo aún los interrogantes no han sido resueltos ni para la comunidad ni para los Concejales.
La Alcaldía se escuda en supuestas autorizaciones contenidas en el POT del año 2014, y en el acuerdo que aprobó el plan de desarrollo de esta administración, para trabajar de espaldas al Concejo, sin embargo aún con autorización para la presentación de ciertos documentos, en los temas esenciales como uso del suelo, contratos de concesión para el uso del espacio público, y reglamentación sobre el cobro y las tarifas del mismo, sigue existiendo la obligación legal de presentar los proyectos de acuerdo, para aprobación del Concejo.
Además de los reparos de tramite a los proyectos, que podrían generar demandas por nulidades absolutas de lo que se está haciendo, existen los reparos sobre como pretende el municipio establecer esta “legalización” de la informalidad, que tipo de vendedores podrán establecerse en el espacio público, en cuales sitios, bajo cuales condiciones, a qué precio y en especial para la venta de cuales productos; el mensaje de la administración municipal no es alentador, por ahora la solución parece una nueva salida en falso, sin hablar de la bofetada al sector formal que ve como el Estado promueve la competencia desleal mientras exige más impuestos.
A la fecha tampoco se conoce la población objetivo, el número de vendedores ambulantes que se pretende favorecer con las medidas, la identificación de sus necesidades, si la oferta institucional va más allá de feriar el espacio público, o por el contrario existen otras soluciones.
La invitación a la administración es que el respeto por la democracia parte del respeto por la institucionalidad, presentar propuestas como estas, sin el debate democrático en el Concejo de Bucaramanga, implica decisiones de contenido unilateral y autocrático, y de espalda a los actores políticos y sociales, por supuesto es valioso el debate en otros espacios, pero mientras más se desconozca esa institucionalidad, menos posibilidades de éxito se auguran en su implementación.
Twitter: @ReneGarzonM
