Por: Fernando Ibarra Martínez/ La tramitación inicial de la reforma se llevó a cabo en la Cámara de Representantes, donde se eliminaron artículos que introducían figuras contractuales como el jornal y el contrato agropecuario, destinados a mejorar las condiciones laborales de millones de campesinos. Aun así, este proceso permitió que los legisladores debatieran y argumentaran diversas posturas, reflejando lo que muchos consideran el ejercicio fundamental del Congreso: el debate informado y la deliberación.
Sin embargo, al trasladarse la discusión al Senado, la comisión séptima optó por archivar la iniciativa sin abrir espacios para el debate. Este silencio legislativo sepultó una propuesta que buscaba devolverle parte de las condiciones laborales a los trabajadores que se habían perdido en la última reforma laboral que se presentó en el país. En efecto, al comparar la reforma impulsada por Gustavo Petro con la aprobada en 2002 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se evidencian diferencias conceptuales fundamentales.
En la Ley 789 de 2002, se apostó por reducir los costos laborales con la premisa de que menores gastos en salarios estimularían la creación de empleo. Esta estrategia implicó la reducción de recargos en días festivos y dominicales, la extensión de la jornada diurna hasta las 10:00 p.m. y la transformación de los contratos de aprendizaje en relaciones no laborales, exonerando a las empresas de obligaciones como primas, vacaciones y cesantías. Aunque se logró cierta reducción en la tasa de desempleo, que estaba en el 15,4 % en su momento, el modelo también propició un incremento en la informalidad y una marcada precarización de las condiciones laborales.
Por el contrario, la reforma actual no se centra exclusivamente en la meta de reducir el desempleo, que el año pasado se situó en 9,1%, uno de los niveles más bajos en 23 años, sino en la reivindicación de derechos laborales que fueron erosionados. Entre sus propuestas destacan el pago íntegro en días festivos y dominicales, la ampliación de licencias por incapacidad para las mujeres durante sus ciclos menstruales, la creación de un contrato laboral para aprendices, la reducción de la jornada diurna a las 7:00 p.m., la regulación del trabajo informal en plataformas digitales y el incremento de las licencias de paternidad. Se trata, en esencia, de recuperar una calidad de empleo que permita mejorar los ingresos de los trabajadores y, por ende, dinamizar la economía mediante un mayor poder de consumo e inversión.
Ante la imposibilidad de debatir la iniciativa en el Senado, el gobierno ha optado por recurrir a un mecanismo de consulta popular. Con el mandato presidencial a un año de concluir, esta estrategia se enfrenta a un reto histórico en un país donde procesos anteriores, como la consulta anticorrupción, el plebiscito por la paz y la reforma constitucional de 2003, han sido mermados por un marcado abstencionismo. Para que la consulta tenga validez, se requiere la participación de al menos un tercio del censo electoral (13.654.457 ciudadanos) y la aprobación de cada pregunta por la mitad más uno de los votos (6.827.229 a favor), condiciones que resultan especialmente exigentes en el actual clima político.
Si bien es plausible que cada pregunta en la consulta pueda alcanzar el respaldo mayoritario, es relevante recordar que, en las elecciones presidenciales, el gobierno de turno obtuvo 11.291.986 votos. El desafío reside en que, para que la consulta tenga validez, se requiere mantener el caudal electoral del 2022 y sumarle mínimamente 2.362.471 votos adicionales, lo que se muestra particularmente complejo en un contexto marcado por el desgaste político, los constantes escándalos mediáticos y diversas decisiones controvertidas que han erosionado la confianza de la ciudadanía.
La actual estrategia del gobierno, a pesar de ser clara en sus intenciones, se implementó con un retraso considerable, ya que se demoró más de dos años en desarrollar una alternativa capaz de superar los obstáculos previstos en el Congreso. Aunque el Pacto Histórico contaba con la mayor cantidad de congresistas, esta agrupación no representaba la mayoría necesaria para garantizar la aprobación de las reformas. En respuesta, el presidente optó por la estrategia de fomentar la unidad nacional mediante “negociaciones” con diversos partidos políticos; sin embargo, las concesiones manifestadas en la asignación de ministerios y otros puestos públicos terminaron por debilitar la posición del propio gobierno, minando la credibilidad de sus propuestas y afectando su respaldo electoral.
El gobierno apuesta por impulsar uno de los ejes centrales de su campaña en un escenario complejo, donde se encuentran ciudadanos como «María», una trabajadora que, debido a su horario nocturno y a compromisos laborales durante fines de semana y días festivos, dispone de poco tiempo para compartir con su familia y enfrenta serias dificultades económicas. Paradójicamente, a pesar de que las medidas propuestas podrían mejorar directamente sus condiciones laborales, su decisión de abstenerse en la consulta estaría influenciada más por el rechazo al actual mandatario y la imagen negativa del gobierno, que por un análisis objetivo de las implicaciones reales de la reforma en su calidad de vida.
En este contexto, es imperativo que “María” y millones de trabajadores analicen en profundidad el trasfondo de la reforma laboral. Más allá de la polarización y la imagen proyectada por los líderes políticos y los medios de comunicación, la discusión debe centrarse en la búsqueda de un empleo digno y en la mejora real de la calidad de vida de los colombianos. Solo a través de un análisis riguroso y una deliberación informada se podrá avanzar hacia un modelo laboral que, lejos de precarizar el empleo, lo dignifique y contribuya al bienestar colectivo.
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*Historiador y Archivista, Especialista en Gerencia de Proyectos. Líder y asesor en proyectos archivísticos y de gestión documental.
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