Consejo Extraordinario Metropolitano de Seguridad en Girón permitió a las autoridades anunciar el refuerzo de controles en Penitenciaría de Palogordo. La Gobernación de Santander y alcaldías ofrecen hasta $100 millones por información para prevenir atentados contra guardianes del INPEC. Douglas Javier Arenas, secretario del Interior, lideró la reunión.
- Hasta $100 millones en recompensas para proteger a funcionarios del Inpec y otros servidores públicos.
La Gobernación de Santander anunció recompensas de hasta $100 millones por información que permita prevenir atentados contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y otros servidores públicos, durante el Consejo Extraordinario Metropolitano de Seguridad realizado en Girón.
Durante el encuentro también se acordaron incentivos económicos por información que contribuya a identificar a los responsables de la muerte de dos funcionarios del INPEC, ocurridos en agosto y octubre de este año, el más reciente con el asesinato del dragoneante en su restaurante.
Como parte de las acciones, la Policía y el Ejército Nacional fortalecerán los controles en la zona rural de Girón, especialmente en el sector de Palogordo, mediante puestos de control, patrullajes motorizados y mayor presencia institucional.
El secretario del Interior (e), Douglas Arenas González, señaló que estas medidas en Santander esperan reforzar la capacidad operativa de las autoridades y proteger a los funcionarios y las comunidades cercanas al establecimiento penitenciario.
Por su parte, la Alcaldía de Bucaramanga anunció la disposición de motocicletas para apoyar las labores operativas del Ejército Nacional, mientras que el director nacional del INPEC se comprometió a reforzar las medidas internas de seguridad y autoprotección.
La Gobernación de Santander y la Alcaldía de Girón solicitaron al Gobierno Nacional la realización de un Consejo de Seguridad para evaluar la situación y coordinar nuevas estrategias de protección.
La Administración Departamental reiteró su compromiso de trabajar articuladamente con las autoridades civiles, militares y de Policía para prevenir nuevos hechos de violencia y fortalecer la seguridad de los servidores públicos y las comunidades.
