Por: Diego Ruiz Thorrens/ El pasado 17 de junio el gobierno nacional emitió la directiva N°5 titulada “Orientaciones para el regreso seguro a la prestación del servicio educativo de manera presencial en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales”, dirigida a Gobernadores, Alcaldes, Secretarios de Educación de Entidades Territoriales Certificadas y no Certificadas en Educación, Jefes de Talento Humano, Docentes, Directivos Docentes y Comunidad Educativa de establecimientos oficiales y no oficiales.
Si bien la directiva “plantea” las pautas para el regreso seguro de todas y todos los estudiantes, docentes, directivos y cuerpos administrativos de instituciones educativas públicas y privadas de país en tiempos de pandemia, no es necesario decir que a partir de su publicación la directiva contó con un fuerte rechazo, no sólo por parte de asociaciones de educadores sino también de muchas asociaciones de padres de familia. El más grande rechazo provino quizá de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).
Las razones del rechazo no están sustentadas en caprichos vacuos. Tampoco es una manera de ir en contra de las medidas planteadas por el gobierno nacional (como algunos sectores políticos lo han querido vender) sino más bien todo lo contrario. La directiva parece estar totalmente desconectada tanto de la realidad que afronta el país como de la grave crisis que afrontan muchos colegios públicos, dificultades que van desde lo estructural (como son los problemas de infraestructura de muchas instituciones educativas) hasta del reducido número de docentes en relación al número de estudiantes en el país.
Los docentes pidieron (insistieron) que se postergue la fecha de dicho regreso. A ello, se suman que cada vez son más y más los municipios y las ciudades que están tomando (y tomarán) la medida de no forzar el regreso a las aulas en las fechas establecidas. Insisto, la situación es grave, y sólo aquellos que están en terreno (acompañando a los estudiantes) son conscientes de la situación y su gravedad. Las razones para objetar la directiva son numerosas (por no decir muchísimas), algunas sumamente obvias. Otras, tristemente, pasan desapercibidas.
En Colombia, la pandemia no solo exacerbó el número de fallecidos por Covid–19 por millón de habitantes (comparados con otros países), sino que también disparó la violencia de género (principalmente, la violencia intrafamiliar) poniendo en peligro la vida de miles de niños, niñas y adolescentes en sus propios hogares. Debido al confinamiento y a las medidas optadas por el gobierno nacional para reducir (reducir, no frenar) la propagación del Covid–19, la salud mental de los menores se ha visto duramente golpeada, y por ello, una de las propuestas más sonoras ha sido el retorno de los menores a la educación presencial, pasando por alto la crisis en salud pública y hospitalaria que atraviesa el país. Este tema (la revisión de cuál es el menor de los males) hay que pensarlo detenidamente, revisarlo con lupa.
Muchos sectores consideran que regresar a clases en este preciso momento es sencillamente irresponsable (lo cual es totalmente cierto). El comportamiento y la dinámica de la pandemia no es homogénea en el territorio nacional (ni siquiera entre los municipios de un mismo departamento): mientras que en algunas zonas se presenta una posible reducción de nuevos casos y el número de fallecidos aumenta, en otros sucede todo lo contrario.
El argumento de postergar las clases en un momento tan incierto, seamos honestos, no sólo es lógico sino consecuente. Debemos tener presente que, en la actualidad, las víctimas más recientes de la pandemia son precisamente personas jóvenes y los menores de edad (sector de la población aun no vacunado), y esta afectación se da gracias a la suma de numerosos factores, entre ellos, la propagación de nuevas variantes y mutaciones del virus y el relajamiento de las medidas de bioseguridad por parte de los mismos jóvenes.
Fecode insiste que, para una eventual y más segura reapertura, un alto porcentaje de estudiantes y docentes deben estar completamente vacunados, evitando futuros escenarios que afecten la salud y calidad de vida de otros menores y del cuerpo docente. Vacunación no es sinónimo de erradicación de muertes por Covid–19 sino de prevención de nuevos casos (leves o graves) y/o ingresos a UCI. Recordemos que solo en 2020 el número de docentes fallecidos por Covid–19 fue abrumador, no solo en Santander sino a nivel nacional. Sí, muchos de ellos no se encontraban vacunados, pero también es necesario recordar que muchos de ellos y ellas (y también debemos decir de niños, niñas y adolescentes) no tenían o contaban con alguna comorbilidad.
Por otra parte, es necesario resaltar que en Colombia muchos, muchísimos colegios no cuentan con espacios que permitan cumplir ‘a cabalidad’ las medidas de bioseguridad, como son mantener o conservar el distanciamiento social (en muchos salones, literalmente, “embuten” a los estudiantes). En algunas instituciones no cuentan con agua potable (o con un adecuado sistema de alcantarillado). Tampoco el número ideal de docentes por estudiantes es en realidad muchísimo menor. Y así, la lista de dificultades sigue y sigue.
Insisto: es necesario que los niños, las niñas, los y las adolescentes y todos los jóvenes regresen a clases, pero ojalá cuando se lleve a cabo, idealmente, se haga garantizándoles a todos y todas las requeridas medidas de bioseguridad, logrando así transmitir la necesaria tranquilidad tanto a docentes como padres de familia.
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*Estudiante de maestría en derechos humanos y gestión de la transición del posconflicto de la escuela superior de administración pública – ESAP Santander.
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