La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra Rodolfo Hernández Suárez, en su condición de alcalde de Bucaramanga, por presunto acoso laboral y emitir calumnias contra Wilson Motta, quien actuó como supervisor de un contrato.
El Ministerio Público busca establecer si el polémico mandatario bumangués habría acusado al mencionado funcionario de la alcaldía de actos de corrupción y hurto de dineros de la contratación del municipio, en cuantía de $250 millones, como lo habría afirmado ante medios de comunicación y en su programa de Facebook Live, ‘Hable con el Alcalde’, del 17 de abril de 2017.
Así mismo, busca precisar si el Alcalde habría calumniado al funcionario por presunta apropiación de dineros para el pago de las obras que se realizaban en la alcaldía, durante una formación de uniformados de tránsito, el 25 de septiembre de 2017, con lo que podría haber violado el respeto al debido proceso, y generar posibles lesiones a la autoestima y la dignidad humana del subalterno, sin contar con una sentencia judicial condenatoria.
Al proferir los cargos, el Ministerio Público calificó provisionalmente las presuntas conductas del alcalde Hernández Suárez como faltas graves a título de culpa gravísima, por posible violación manifiesta de normas de obligatorio cumplimiento y presunto menoscabo del capital moral de una persona, siendo la máxima autoridad administrativa de la ciudad de Bucaramanga.
Según pudo conocer Corrillos, el burgomaestre hizo fuertes acusaciones sobre Motta, tras una investigación en su contra por supuestas irregularidades en el contrato de consultoría 186 de junio de 2015, por un valor de $800 millones, en la que éste actuó como supervisor del mismo.
Aunque la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de la presente administración había sancionado a Motta, el funcionario apeló la decisión, recurso que debe ser revisado por el propio Mandatario Local. Pero Hernández Suárez, en vez de dar su concepto frente al proceso, sentó una postura en particular del proceso y sobre los cual –según abogados expertos en temas disciplinarios- debió declararse impedido.
