La constitución política de Colombia establece como primer derecho de los colombianos el derecho a la vida, y la base para cumplirlo es poder tener la mejor salud posible. Por lo tanto, el manejo irresponsable del gobierno no solo es un atentado contra el sistema de salud, sino contra la vida misma.
Por: Manuel Naranjo/ El sistema de salud en Colombia siempre ha sido motivo de fuerte vigilancia y debate, tanto de personajes de la opinión pública como por académicos y de la ciudadanía en general. Esto se debe a que es un sistema crucial para que cada miembro de la población tenga la tranquilidad de contar con un apoyo ante cualquier percance, ya sea propio o de algún familiar que padezca alguna condición, además de disponer de mayores garantías del pleno goce de una vida vigorosa y saludable. Por lo cual, es crucial que el estado le dé la importancia que se merece al manejo de un área tan determinante para el bienestar del pueblo colombiano.
Por lo tanto, resulta bastante preocupante el manejo tan irresponsable que el gobierno de Gustavo Petro le ha dado a un área que ha de tener siempre el mayor cuidado. Si bien es cierto que el sistema tenía unas fallas bastante fuertes y necesitaba cambios de fondo, en los últimos 3 años y medio se han caracterizado por un completo desorden institucional, incoherencias y una irresponsabilidad palpable, en la que somos el pueblo quienes terminamos pagando los platos rotos.
Durante los últimos 33 años el sistema de salud colombiano ha sido definido por la ley 100 de 1993. Se estableció en el país un modelo de aseguramiento, en el cual se crearon las EPS. Estas entidades adquirieron las responsabilidades de integración vertical en el sistema, pues sirven como interventoras entre el estado y los hospitales públicos e IPS, tanto públicas como privadas. Siendo las encargadas del manejo de los recursos parafiscales de la salud.
Es muy importante recalcar que estas EPS funcionan y operan como empresa privada. ¿Esto qué quiere decir? Que entre sus objetivos va a estar el buscar las utilidades económicas de la prestación de sus servicios. En el mundo de la economía privada esto no es ningún pecado, pues cualquier emprendedor o empresario tiene todo el derecho a tomar las decisiones que considere pertinentes para que su negocio obtenga la mejor ganancia posible, siempre que no cometa algún delito o le infrinja algún daño a una persona, claro está. El problema entra cuando estas normas e ideales del sector privado se aplican con lo público, abriendo puerta a la terrible corrupción que siempre a aquejado a los colombianos.
Bien lo recalca el exsenador Jorge Enrique Robledo en su libro La corrupción en el poder, donde explica: “En los negocios privados nadie que administre sus propios recursos tiene interés en actuar contra sí mismo […] En el caso de los negocios públicos es diferente porque al administrador de la plata puede convenirle actuar en contra de sus funciones e incluso asociarse para las raterías con el encargado de vigilarlo. Es por esto que las normas de gasto e inversión de los dineros públicos ha de ser diferente, más estricta que los privados”.
Parafraseando lo dicho por el autor respecto al tema de salud, se refirió a que “a las EPS no les interesa que se reciba sin demora los tratamientos que necesitan los pacientes, sino que la plata de la salud produzca dividendos, ojalá superiores al promedio de la economía, en el menor tiempo posible”. Con esto no me gustaría generalizar y afirma que todas las EPS han caído en malas prácticas, pero es innegable que han sido varios los casos en los que, en busca de esa mayor rentabilidad, no se ha tenido en cuenta al paciente. Todo esto se vio reflejado principalmente en los terribles casos de corrupción y el consiguiente desorden que fue el caso de Saludcoop, Cafesalud y Medimás.
Este modelo no era el propicio; necesitaba una reestructuración en la que se buscara eliminar aquellos incentivos mercantilistas, los cuales eran el principal causante de los múltiples casos de corrupción. Además, se requería una mayor vigilancia por parte de órganos de control — a la vez que estos dejaran de ser politizados — y, sobretodo, fortalecer el sistema público de salud. Todo esto debía realizarse de manera coordinada y bajo un orden administrativo que buscara consensos, que tuviese de objetivo general el bienestar de la población y que, por sobre todas las cosas, no la pusiera en riesgo.
Lamentable, eso no fue lo que sucedió.
Reformas mal planteadas e intervenciones irresponsables
Bajo ese marco es que Petro recibió la salud de los colombianos. A pesar que en un principio dio la idea de que se debían eliminar la intermediación de las EPS de golpe y por completo —aún con la ironía de haber hecho varios acuerdos con grupos políticos representantes de los intereses de estas entidades —, esto produjo una polarización extremadamente fuerte que evitó llegar a consensos y llevó a que la reforma que iba a “cambiar el sistema de salud” terminara siendo una continuación del modelo que ya estaba establecido.
El reconocido experto en salud pública, Bernardo Useche, lo describe perfectamente en su columna La reforma a la salud de Petro no cambia lo esencial de la Ley 100: “En el artículo primero de lo aprobado se plantea como una novedad transformar el modelo actual en uno de aseguramiento social en salud. No se reconoce que el sistema de aseguramiento social es el mismo que introdujo la Ley 100 […] la reforma que se empieza a discutir en el Senado de la República mantiene la convivencia del negocio asegurador de las EPS con el derecho fundamental a la salud.”
Adicional a esto, cuando las reformas más radicales de inicio de su gobierno no prosperaron, Petro tomó acciones que se pueden interpretar como revanchistas. Una de estas fue que, para 2025, solamente se aumentó un 5,63% la UPC (Este es el valor que se les paga anualmente a las EPS para que ejerzan sus funciones), aumento que es insuficiente y pone en riesgo la vida de los pacientes. La otra medida fue el intervenir varias EPS, siendo dos de las más importantes de Colombia: la Nueva EPS y Sanitas.
Estas intervenciones solo han traído más caos y desorden al sistema, el cual se refleja en que, entre 2024 y 2025, las quejas de reclamos por salud han aumentado en un 36% (Superintendencia de Salud). También, un informe de la Contraloría detalló como la Nueva EPS pasó de tener $8,6 billones de anticipo pendientes por legalizar en 2024 a $15,27 en 2025.
En resumen, podemos afirmar que el manejo de Gustavo Petro al modelo de salud se caracterizado por incoherencias, irresponsabilidad y mal manejo, que incluso se puede llegar a catalogar como anarquía.
¿Qué hacer al respecto?
Bajo este contexto de crisis, hoy más que nunca es necesario la unión entre todos los actores del sistema: pacientes, prestadores de servicios de salud públicos y privados, sus usuarios y los trabajadores y personal de salud. Todos debemos tener la capacidad de solucionar el estado actual tan deplorable de financiamiento y mal manejo que el gobierno de Petro le ha dado al sistema de salud. Una vez estabilizado y recuperado el sistema, se puede empezar a hablar de una verdadera reformación de este, que permita los cambios que originalmente debieron ser realizados.
Porque es de vital importancia recordar que la salud no ha de ser ni un negocio, ni una zona en la que se deba improvisar y manipular, sino que el principal objetivo de un sistema de salud es el de cuidar la vida, atender problemas médicos, mejorar la calidad de vida y hacer los ciudadanos más felices.
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*Actor bumangués. Tecnólogo en entrenamiento deportivo, estudiante octavo semestre de Profesional en Cultura Física y Deporte.
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor)
