Por: Holger Díaz Hernández/ El Plan Nacional de Desarrollo es la carta de navegación de cada gobierno y se enfatiza en los retos y la filosofía con la cual se busca enmarcar los derroteros para sacar el país adelante durante el cuatrienio.
El gobierno del Presidente Iván Duque lo presentó al Congreso de la República para iniciar su discusión y desde ya se avizora un amplio debate tanto en la forma como en el fondo en muchos de los temas, hay que resaltar el enfoque territorial donde se le ha dado prevalencia a la productividad de cada una de las regiones.
La problemática del sistema de salud es uno de los principales factores que tiene que asumir con prontitud el gobierno y que mejor escenario que este PND con una visión de largo plazo y fundamentado en la calidad en la prestación, las acciones en salud pública, la cobertura universal y la sostenibilidad financiera del sistema.
La Ley 100 de 1993 que se ha sido modificada en varias ocasiones con muy buenas intenciones pero sin un impacto importante en la percepción que tenemos de una mejor atención, que sea ágil, sin barreras de acceso y con calidez humana, por el contrario cada vez hay mayor insatisfacción y vulneración de los derechos de los usuarios lo que ha llevado al aumento exponencial de la acción de tutela que representa a cientos de miles de pacientes a los que se les ha negado un servicio o tienen dificultades para acceder a una prestación en seguridad social.
Uno de los problemas estructurales del sistema es el financiero, en el país hay 44 EPS y de estas 28 no cumplen con los estándares económicos, de red, administrativos o no se han capitalizado como obliga la ley para garantizar una oportuna y buena atención en salud a sus asegurados, todo esto sin que el estado asuma decisiones de fondo, la Supersalud no puede seguir siendo un convidado de piedra ya acaba de ser fortalecida en su operatividad, presencia regional y su capacidad para sancionar en la Ley 1949/2019.
Los activos versus lo pasivos de las EPS tienen un balance negativo superior a 8 billones de pesos pero se calcula por parte de la Asociación de Clínicas y Hospitales que la deuda a los prestadores puede superar los 14 billones.
El gobierno plantea reconocer $4 billones para el pago del No Pos del régimen contributivo y $4 billones más para el régimen subsidiado que hoy asumen los departamentos, en ese orden de ideas ingresaría al sistema un poco más de la mitad del déficit actual, un gran alivio pero que no soluciona la problemática de miles de los prestadores hoy quebrados o a punto de estarlo por cuenta de una deuda que crece y crece impunemente sin que el Estado asuma su responsabilidad como rector del sector salud.
Se ha venido hablando de la Ley de Punto Final para poner en blanco y negro las deudas de las aseguradoras a las IPS llámense hospitales, clínicas, profesionales de la salud, cooperativas o fundaciones, sin que nadie se atreva hoy a confirmar su monto real, esta ley o su inclusión en el PND es obligatoria y urgente para que las EPS liquidadas o en proceso y las activas asuman el pago de sus deudas pendientes, que bajo la excusa de las auditorías y otras muchas más, burlan el sistema y no honran sus compromisos.
Enhorabuena el Ministro de Salud y el Superintendente se han comprometido a liderar desde las entidades a su cargo un proceso ágil y racional para que antes de finalizar el 2019 se tengan las cifras concretas y el pago cierto de estas deudas que se han convertido en un engaño a los prestadores y a los miles de profesionales del sector que se sienten timados y sin quien los defienda, los intereses de unos pocos han primado sobre la mayoría y como siempre los grandes afectados somos los usuarios que por culpa de esta problemática estamos expuestos a no tener garantizado un servicio esencial como el de la salud, llegar a un servicio de urgencias, necesitar una atención hospitalaria, o un examen especializado se ha convertido en un problema mayor.
Ya es hora de ponerle el punto final a esta tragicomedia.
