El gobernador Juvenal Díaz Mateus anunció que Santander no aplicará el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro, al considerar que vulnera la Constitución y afecta las finanzas, una decisión que reaviva el pulso político entre departamentos y Nación por impuestos, consumo y autonomía fiscal.
La decisión del Gobierno de Santander de no aplicar el decreto de emergencia económica expedido por la Casa de Nariño volvió a tensar la relación entre el Ejecutivo nacional y las regiones. El gobernador Juvenal Díaz Mateus fue enfático al señalar que su administración no realizará los giros del impuesto al consumo que ordena la norma, mientras la Corte Constitucional se pronuncia sobre su legalidad. Para el mandatario, se trata de una medida que desborda las competencias del Gobierno central y pone en riesgo la estabilidad financiera departamental.
Díaz Mateus ha construido su postura como una defensa abierta de la autonomía territorial y de los ingresos propios de los departamentos. En sus declaraciones públicas ha insistido en que el decreto es inconstitucional y que, por tanto, Santander asumirá una posición de espera activa frente al fallo del alto tribunal. “No vamos a girar los recursos que se generen por impoconsumo”, reiteró, subrayando que la determinación busca proteger las finanzas locales y evitar un impacto negativo en el consumo.
Esta postura no es aislada. Se enmarca en una línea de liderazgo que el gobernador ha sostenido frente al presidente Gustavo Petro, con críticas constantes a decisiones que, a su juicio, recentralizan recursos y debilitan la capacidad fiscal de las regiones. Santander, uno de los departamentos con mayor recaudo por impuesto al consumo de licores, se convierte así en un actor clave del debate nacional.
El núcleo de la controversia está en el artículo del decreto que fija un límite al crecimiento del recaudo del impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos. Según la norma, los departamentos solo podrán aumentar esos ingresos hasta el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor, que para el periodo analizado es del 5,10%. Todo lo que supere ese umbral deberá ser transferido a la Nación.
Las cifras explican la preocupación del Gobierno santandereano. En 2025, el departamento recaudó cerca de $190.821 millones por este impuesto, sin incluir cerveza. Con el tope impuesto por el decreto, en 2026 solo podría llegar a $200.553 millones, es decir, un crecimiento máximo de $9.731 millones, aun cuando se fortalezcan las estrategias contra el contrabando o aumente el consumo legal.
El ejemplo mensual es aún más ilustrativo. Si en enero de 2025 Santander recibió $20.267 millones, en enero de 2026 apenas podría percibir $21.301 millones. Cualquier valor adicional tendría que ser girado a la Nación en los primeros quince días hábiles del mes siguiente. Para el Gobierno departamental, este mecanismo castiga la eficiencia fiscal y desincentiva los esfuerzos de control.
A esto se suma el aumento del IVA a los licores, que pasa del 5% al 19%. Aunque se mantiene la cesión de cinco puntos porcentuales a los departamentos, el incremento del impuesto podría traducirse en una caída del consumo y, paradójicamente, en menores ingresos. El propio Díaz Mateus advirtió que el alza de precios afectará directamente al consumidor final, como ocurre con productos emblemáticos cuyo valor podría dispararse de forma significativa.
Un pulso político que trasciende a Santander
La decisión del gobernador Díaz Mateus no solo tiene implicaciones fiscales, sino también políticas. Su liderazgo se ha consolidado como una voz crítica frente al Gobierno Petro, especialmente en temas tributarios y de descentralización. Al asumir una posición firme, Santander se alinea con otros departamentos que consideran que el decreto de emergencia económica afecta directamente sus finanzas.
La Federación Nacional de Departamentos (FND) anunció que solicitará intervenir ante la Corte Constitucional y conformó una comisión representativa de gobernadores para exponer sus argumentos. Este frente común refuerza la idea de que el debate no es técnico únicamente, sino profundamente político: se discute el alcance de la emergencia económica, la distribución de los recursos y el equilibrio de poderes entre Nación y territorios.
El Gobierno nacional, por su parte, defiende el decreto como una herramienta necesaria para recaudar cerca de $11 billones y cubrir el déficit dejado por el hundimiento de la reforma tributaria. Sin embargo, para mandatarios como Díaz Mateus, la solución no puede pasar por limitar los ingresos propios de los departamentos ni por trasladar el costo fiscal a los consumidores.
En Santander, la decisión de no aplicar el decreto se presenta como un acto de liderazgo y coherencia política. El gobernador busca posicionarse como defensor de los intereses regionales, incluso si ello implica confrontar abiertamente al presidente. Mientras la Corte Constitucional define el futuro del decreto, el departamento mantiene su postura y refuerza un mensaje claro: la autonomía fiscal no es negociable.
