Para Catalina Leyva, de 24 años, la ilusión de un nuevo trabajo terminó en un feminicidio. El pasado 8 de diciembre desapareció al asistir a una supuesta entrevista laboral. Pocas horas después, su cuerpo apareció al sur de Bogotá, con signos de violencia sexual.
Ese ha sido el crimen más mediático en la última semana, que se suma a los otros 745 feminicidios — 44 de ellos contra niñas, 11 contra mujeres trans — que registró la Defensoría del Pueblo entre enero y octubre de 2024.
Este lunes Iris Marín, la cabeza de la entidad, entregó un informe que revela cifras preocupantes y crecientes sobre la violencia de género en el país, lo que la institución tacha de una de las peores crisis de derechos humanos.
La cifra de feminicidios es la más alta de las que ha entregado la defensoría en su historia, aunque no ha sido una entidad metódica en ese seguimiento. Pero coincide con el dato para la misma fecha, lo es la más alta del Observatorio Feminicidios Colombia, una ONG encargada de hacer seguimiento a ese delito, que tiene cifras anuales desde 2018. El dato nunca había llegado a 700, incluso en el transcurso completo de los 12 meses.
Aunque el feminicidio es el lado más cruento y visible de la violencia machista, es solo una parte de un complejo entramado de agresiones que en Colombia han escalado con el paso de los años. Ni con la creación del Ministerio de la Igualdad ni con la declaratoria de una emergencia nacional por la violencia de género, las dos en 2023, el Estado ha podido frenar la oleada.
De acuerdo con el diagnóstico de Derechos Humanos que la Defensoría publicó el pasado 9 de diciembre, también aumentó en 26% el delito de trata de mujeres, al llegar a 333 casos en 10 meses. Asimismo, la entidad denunció que ocho departamentos (Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Meta, Magdalena, Guaviare y Huila) no cuentan con lugares destinados a proteger a las mujeres en extremo riesgo de ser asesinadas.
Las organizaciones sociales y el movimiento feminista han reclamado medidas efectivas y han señalado los terribles impactos de la crisis, no solo en las mujeres, sino en todo el tejido social. En particular, señalan la devastación en las niñas y niños que pierden a sus madres.
Hasta septiembre, la ONG Huérfanos por Feminicidios ha identificado a 239 niños y niñas que han quedado en ese estado. Colombia no tiene políticas específicas para los menores.
Pese a que hace más de un año Carolina Botero, representante a la Cámara por el Partido Verde, radicó un proyecto de ley para ello, sigue engavetado.
Lo mismo ocurre con una iniciativa legislativa que busca penalizar de forma particular la violencia vicaria, la que ejercen los hombres contra los hijos e hijas de las mujeres que quieren agredir, como una forma de causarles daño a través de terceros.
Además de la violencia vinculada a las relaciones de pareja, la Defensoría alerta que las mujeres enfrentan mayores riesgos en el actual recrudecimiento del conflicto armado.
De las 325 alertas tempranas que ha emitido la entidad defensora de los derechos humanos en los últimos siete años, 205 detallan vulnerabilidades particulares para ellas.
Aclara que las mujeres migrantes, racializadas o que ejercen liderazgos enfrentan un riesgo incluso mayor. Ejemplo de ello fue la amenaza que recibieron las mujeres de Quibdó hace algunos meses, cuando la estructura narcoparamilitar del Clan del Golfo amenazó con iniciar un “Plan Feminicidio” en la ciudad.
A ese diagnóstico de creciente violencia se suma, según la Defensoría, la representación mínima de las mujeres en los espacios de poder en los que se planean las políticas públicas que podrían protegerlas.
De las 1.048 alcaldías del país, solo 146 son ocupadas por mujeres; de las 32 gobernaciones, apenas 6 son femeninas. Siendo más del 50% de la población, solo son el 29,3% de los congresistas y apenas el 29,03% de los magistrados de las altas cortes corresponde a magistradas.
