Por: Renato Baldovino Guevara/ La asignación presupuestal para el sector rural en 2021 por parte del gobierno nacional, ha despertado un contundente rechazo por parte de algunos sectores de la sociedad colombiana. La lista va en aumento, desde los representantes de los gremios, congresistas, académicos, productores agropecuarios, profesionales, empresarios, periodistas entre otros; pero también se han sumado personas del común que ven con preocupación el trato displicente hacia las comunidades rurales y sus territorios.
Las crecientes voces de preocupación no solo están enfocadas en la desigualdad presupuestal sino también en la falta de voluntad política para atender al que deber ser el sector primario de nuestra economía. Las cifras que están generando todo este rechazo son básicamente dos: para el año 2021 el presupuesto del sector rural no alcanza a representar ni siquiera el 1% del presupuesto nacional, sin embargo este sector aportó el 6,7 % del PIB en 2019.
En la sesión de la comisión quinta del senado llevada a cabo el pasado 25 de agosto, convocada para debatir el presupuesto del sector rural del próximo año, intervinieron el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el ministro de Hacienda y un representante del Departamento Nacional de Planeación – DNP. En esta sesión está la clave para entender cómo es que se calcula y se asigna el presupuesto anual del sector agropecuario en Colombia.
El ministro de agricultura presentó los programas y el presupuesto de la política pública del sector rural para los años 2021 a 2022. En el cual indicó que producto de un análisis entre las agencias adscritas y el equipo del ministerio, además del presupuesto asignado le iba a solicitar tanto al ministerio de Hacienda como al departamento nacional de planeación una adición por 800.000 mil millones, es decir 400.000 mil millones por año.
El ministro de Hacienda en su intervención además de repetir las cifras anteriormente expuestas por el ministro de agricultura, se enfoca en justificar el presupuesto del 2021 por causa de la pandemia y expuso unos “pilares” como parte de un Plan de Reactivación Económica, sin especificar la inclusión del sector rural.
El representante del Departamento Nacional de Planeación (en cuatro minutos) hizo un balance sobre el avance de las metas del sector rural contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Y finaliza el ministro de Hacienda aceptando las observaciones y prometiendo que serán tenidas en cuenta en el proceso del trámite y en una posterior reunión con el ministro de Agricultura.
Luego el senador Alejandro Corrales Escobar hace una presentación detallada del presupuesto asignado para el sector rural en 2021, advirtiendo la inminente desaparición de algunas de las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR y resaltando que el ministro de esta cartera en su Plan Operativo Anual de Inversiones, solicitó para el 2021 un presupuesto de 3,2 billones de pesos, lo que significa un –179% de lo aprobado.
La intención no es cuestionar la política y los programas planteados por el MADR para el bienio 2020 – 2021, sino detallar el limitado impacto que estas metas van a ejercer en los productores agropecuarios, empresarios agroindustriales, empleados y en general en los habitantes de las zonas rurales del país.
Por este motivo, el incremento en el presupuesto del sector rural es prioritario para fortalecer la institucionalidad pública, específicamente en dos programas que necesitan los pequeños y medianos productores agropecuarios en Colombia para generar utilidades y ser competitivos; el primero es la cobertura total del servicio de extensión agropecuaria (asistencia técnica) durante todo el año y el segundo es el subsidio directo a los insumos tales como semillas, abonos, herramientas y equipos.
De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario de 2014, Colombia registra alrededor de 2,7 millones de productores agropecuarios y de acuerdo a lo expuesto por el ministro, el MADR planea beneficiar con el programa de extensión agropecuaria a 150.000 productores en el año 2021, es decir solamente al 5,5%.
Para aumentar la cobertura de este programa el MADR puede establecer convenios con los gremios (cafetero, cacaotero, arrocero, panelero, ganadero, bananero) y asignarle recursos suficientes para que cada organismo garantice la prestación del servicio de extensión agropecuaria a sus afiliados. Solo con la firma de este convenio se estarían beneficiando a más de la mitad de los productores agropecuarios del país.
Lo productores independientes que no están afiliados a ningún gremio deben ser atendidos por los municipios, los cuales ya tienen un registro de sus productores y deben solicitar los recursos para garantizar la prestación de este servicio por parte de las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria – EPSEAS, de acuerdo a lo contemplado en la Ley 1876 de 2017. Para el éxito de este propósito se deben aumentar el número de EPSEAS en todo el país y las ya existentes deberán aumentar la contratación del personal para atender la demanda.
Por lo anterior, es importante la puesta en funcionamiento de Unidades Técnicas Territoriales de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR (como entidad rectora de este servicio) en todos los departamentos del país, con funcionarios suficientes para estar en contacto directo con sus municipios y llevar la oferta institucional a la totalidad de los campesinos. Esta entidad debe trabajar de la mano con las Secretarías de Agricultura departamentales y los municipios, para poder tener una cobertura efectiva de sus servicios.
El subsidio directo para la adquisición de insumos es un programa reciente del MADR, el cual es operado por Fiduagraria con un presupuesto de 35.000 millones y estará vigente hasta el 10 de noviembre. Sin embargo, solo esperan beneficiar a 26.000 pequeños productores y deben inscribirse en la página web de Fiduagraria, este último es un requisito inaccesible y complicado para la mayoría de los campesinos. Por esta razón, debe ser un programa desarrollado a través de convenios entre el MADR con los municipios, departamentos, gremios y empresarios, para beneficiar directamente a la agricultura familiar.
Con el efectivo funcionamiento de estos dos programas se podría garantizar un aumento en la productividad de las familias campesinas, la generación de empleos directos e indirectos, el incremento de iniciativas agroindustriales y en general un verdadero desarrollo territorial rural. Sin olvidar otros elementos importantes como la formalización de la propiedad rural, la cobertura de los servicios básicos y el acceso a créditos.
Luego de este análisis quedan claros varios puntos: el primero es que los recursos asignados al sector rural son insuficientes, el segundo es que el presupuesto del sector rural finalmente está en manos del Ministerio de Hacienda, el tercero es que de nada valen las recomendaciones, observaciones y peticiones de todo un sector porque las decisiones no son tenidas en cuenta y por último es que en Colombia al ministro de agricultura de turno finalmente le toca ejecutar lo poco que le asignen.
*Ingeniero Agrónomo y Magister en Desarrollo Rural
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