Por: Diego Ruiz Thorrens/ Nuevamente la violencia asesta su más duro golpe. El pasado 27 de enero fue asesinado en medio de un atraco Humberto Plata León, asistente de producción para canales de televisión como el TRO, Señal Colombia y la productora Mediapro Colombia que es la encargada de transmitir los partidos de fútbol del canal Win Sports.
El crimen ocurrió a pocos metros del ICBF Seccional Santander, en una de las zonas con mayor transitabilidad de Bucaramanga y donde la seguridad, el progreso y las oportunidades han sido siempre esquivas y las más grandes deudas que todas las administraciones tienen con sus habitantes.
“De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, a las 12:30 de la tarde del sábado 27 de enero, dos sujetos que se movilizaban en una moto interceptaron a Humberto Plata para robarle sus pertenencias en la entrada al barrio La Juventud, en la calle 1N diagonal al puente de Colseguros Norte. Esperaba un bus que lo acercara hasta su vivienda. Aunque los delincuentes no se llevaron sus pertenencias, sí le quitaron la vida a Humberto quien murió en el lugar”.
Horas después de los hechos, el Alcalde de Bucaramanga escribió en X: “(…) Le pedimos a la ciudadanía en la zona a que denuncie para ayudarnos a esclarecer estos hechos. Llevamos 27 días luchando con todo lo que podemos contra los criminales. Los hemos golpeado en sus estructuras y los operativos son constantes. No vamos a parar, no ahorramos ni un solo esfuerzo en mejorar la seguridad de Bucaramanga”.
Por el momento, queda esperar los resultados que brinde la investigación, los móviles del crimen, la identificación de los responsables y que la justicia cumpla su rol. Este reciente capítulo de violencia que vivió la ciudad (y que se sintió en todo el área metropolitana) reafirma la sensación de inseguridad y el miedo de sienten muchos ciudadanos en las calles. A su vez, expone las limitaciones que, en cuanto a la misma seguridad, tienen los decretos emitidos por el alcalde de Bucaramanga.
A lo anterior, sumémosle los retos que deberán ser enfrentados para evitar que nuevos y desafortunados hechos ocurran. Al parecer, la ley o decreto candado del alcalde de Bucaramanga contempla únicamente “combatir” el uso de drogas en los parques, no la prevención del crimen y/o el delito en zonas fuera de estos perímetros establecidos.
Los datos invisibles
Uno de los más recientes pronunciamientos de la actual administración de Bucaramanga está relacionada con las cifras de “detecciones” y “multas” que han sido impartidas desde que inició el decreto de la operación candado y su impacto “positivo” en la comunidad. Tanto en la cuenta oficial de X del alcalde como en distintos medios de comunicación, estas detecciones han sido presentadas como “logros” que han permitido devolverles espacios a los niños y las familias.
Sin embargo, estas declaraciones, por muy obvias razones, no exponen las denuncias y quejas que, tanto presidentes de juntas de acción comunal, líderes y lideresas sociales y organizaciones en derechos humanos han comenzado a evidenciar, uno de ellos, que tiene que ver con el aumento de la violencia institucional y policial contra personas ubicadas en los alrededor de los sectores priorizados para fines de seguridad por la administración local.
En reciente trabajo de campo en la zona centro de Bucaramanga y en dialogo con los líderes y lideresas sociales ubicados en la Comuna 15, organizaciones feministas y LGBTIQ locales han evidenciado una mayor “tensión” en la relación (dialogo y trato) con los miembros de vigilancia de la policía nacional. “Las agresiones (tanto verbales y físicas) han venido en aumento. El decreto de la alcaldía pareciera darles mayores razones para arremeter contra uno o contra los que a ellos (los policías) les cae mal”, manifiesta un líder social.
Otro líder social manifestó que el decreto está pensado “solo para mostrar cifras” y no para atacar los problemas sociales que están “de raíz”, por ejemplo, como es la urgente transformación de la estigmatización que viven algunos sectores sociales (población migrante, habitantes de calle, mujeres trabajadoras sexuales y población LGBTIQ) y que impulsa la violencia policial contra todos aquellos a los que se asumen como “consumidores”, cuando, necesariamente, estos no los sean: “Sí, existen mujeres trabajadoras sexuales y mujeres trans que consumen su dosis personal. El problema es que no solo ellas están siendo perseguidas y agredidas por razones fuera del decreto. Están “cayendo” (es decir, siendo agredidas) todas las personas que puedan acercarse a ellas. Contadas, van más de 40 personas afectadas por esta medida”, menciona una lideresa de trabajo sexual.
La situación de violencia y seguridad de Bucaramanga continúan con un saldo en rojo que difícilmente podremos transformar y, por esta razón, la ejecución de la operación candado debería estar pensada en atacar la raíz de la problemática teniendo presente las afectaciones que aquejan a sectores específicos de la ciudad, impulsando procesos de educación y de dialogo que inviten a la ciudadanía a la movilización social y la transformación de la ciudad y no como una medida pensada en el castigo sin una previa acción de prevención.
Falta mucho, muchísimo por hacer, y desde ya queda claro que existe la disposición, por parte de las comunidades, de acompañar los procesos de transformación de la violencia e inseguridad que aquejan a muchos y muchas en la ciudad y su área metropolitana. Pero, para alcanzar un verdadero equilibrio, se necesita crear los puentes de dialogo donde la comunidad pueda denunciar y hacer visible la violencia validada desde la misma institucionalidad contra algunos sectores sociales y la ley de castigo sin prevención.
Amanecerá y veremos.
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*Estudiante de Maestría en Derechos Humanos y Gestión del Posconflicto de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP Seccional Santander.
X: @DiegoR_Thorrens
