La Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Justicia y el Programa Pisotón de la Universidad del Norte, anunciaron una alianza estratégica para la prevención de la violencia sexual infantil.
Cada organismo, desde su competencia, aportará capacitación, recursos y personal para detectar tempranamente los posibles casos y actuar de forma rápida cuando los mismos se presenten.
Y es que según el fiscal Delegado de Infancia y Adolescencia, Mario Gómez, de los casos de violencia sexual denunciados en los últimos cinco años, solo el 10% han terminado en condenas penales.
«Hay que creerles a los niños. Su testimonio es muy importante para tomar las medidas adecuadas. A nivel estadístico, en los últimos cinco años, los números señalan que cerca de 150 mil denuncias por delitos cometidos contra niños y niñas, pero solo el 10 % deriva en condena penal y otros casos se siguen investigando», afirmó el fiscal encargado del tema.
El programa Pisotón capacita a 500 madres comunitarias para que sean la primera alerta en los barrios.
«Pisotón es un ejemplo para el país en recuperación psicosocial de niños que han visto vulnerados sus derechos. En este momento están siendo capacitadas 500 madres comunitarias en cómo abordar a los niños que han sido abusados y cómo detectar los casos», indicó Juliana Pungiluppi, directora del ICBF.
Según la funcionaria, Atlántico, Bogotá y Valle del Cauca son los departamentos que lideran las denuncias de violencia sexual infantil.
«Con 777 casos, el Atlántico es el tercer departamento del país donde más hemos abierto casos de restablecimientos de derechos infantil por violencia sexual. Bogotá presenta el mayor número de casos con 2.968 y le sigue el Valle del Cauca. En el país llevamos 10.528 casos de violencia sexual, en promedio 39 diarios», indicó Pungiluppi.
Según el fiscal delegado, la migración venezolana ha incidido en el aumento de violencia sexual infantil, pues en su mayoría jóvenes menores de edad son instrumentalizadas y termina en redes criminales como víctimas de explotación sexual.
«Hay fenómenos como el de la migración venezolana que ha indicado que en muchos espacios de frontera con el vecino país se han aumentado las estructuras criminales de proxenetismo y explotación sexual. Muchas mujeres, niñas y adolescentes se escapan de la degradación humanitaria en Venezuela y participan, en calidad de víctimas, en estas redes criminales donde encuentran su sustento», puntualizó Gómez.
