Por: Diego Jaimes/ Además de los graves problemas del sistema de salud esta crisis ha puesto al descubierto la fragilidad de nuestra economía y el desamparo que le corresponde a la clase media, convertidos hoy por el Estado en los nuevos NINI, ni tan pobres para estar en los programas asistenciales ni tan ricos para tener ahorros o excedentes para sobrevivir, sostener sus hogares y negocios por más de un mes sin recibir algún tipo de ingreso.
En este rango social de clase media podríamos incluir trabajadores asalariados e independientes, emprendedores y microempresarios; todas aportando al Estado de distintas maneras como cotizantes al sistema de salud y pensión, pagando IVA, impoconsumo, sobretasa a la gasolina, impuesto predial, impuesto vehicular, industria y comercio, declarando renta, estampillas, entre muchos otros, de acuerdo a la actividad que se ejerza.
La clase media se constituye como columna vertebral de la economía de Colombia, genera empleo, pone a circular el dinero, consume a crédito o de contado, paga en muchas ocasiones su propia educación en colegios y universidades privadas o públicas.
Por eso es importante analizar las medidas que el gobierno ha venido tomando en torno a ella para esta crisis:
Apoyo a cesantes: A través de las cajas de compensación dos salarios (MLMV) divididos en tres pagos, para quienes se encuentren desempleados y hayan cotizado por 12 meses seguidos o 12 meses discontinuos en los últimos cinco años y que no ganaran más de cuatro salarios (MLMV). Sin duda alguna medida positiva.
Retiro parcial de cesantías: Dependiendo del monto, el trabajador que continúa laborando podrá pedir de su saldo retiros mensuales cuando justifique la disminución de sus ingresos. Aquí se están dados unas excepciones temporales para el retiro, estos dineros son ya del trabajador, no hay ningún aporte del Estado, en este punto cabe recalcar que los saldos de las cesantías vienen disminuyendo de forma considerable como consecuencia del alza del dólar y la caída de las inversiones realizadas por las administradoras privadas de fondos en la bolsa.
Aplazamiento de pagos de parafiscales: A empresas de turismo, aeronáutica, restaurantes y eventos, se hace necesario sin duda ampliar a más sectores como la construcción y la manufactura, entre otros.
$20 billones para créditos: A pequeños negocios y micro empresas, es una medida que puede beneficiar a muchos emprendedores y microempresarios pero que los podría poner en aprietos en el corto y mediano plazo, toda vez que si no se reactivan las ventas no se genera producción, solo se estarían endeudando para cumplir algunas obligaciones, pero el pasivo seguiría aumentando, el alivio se podría ver si en efecto el Estado cumple con la promesa de responder por el 50% del crédito, pero debe ser en calidad de condonación.
También se hace urgente permitir que quienes ya tienen paz y salvo, pero aún estén reportados como sancionados en las centrales de riesgo se liberen de ese reporte de forma urgente para tener acceso a los créditos si los consideran útiles.
Prohibición a empleadores para que envíen a sus trabajadores a licencias no remuneradas. Es algo que no se está cumpliendo pero que además en su mayoría cuenta con la aceptación voluntaria del trabajador quien ve que resulta insostenible para la empresa o negocio si no hay ingresos para cubrir su salario.
Arriendos: No se permiten desalojos, ni aumentos en el canon de arrendamiento, cobro de intereses o multas para los meses en que se incurra mora en el pago durante la emergencia y los contratos que se vencen en este periodo quedan prorrogados durante la emergencia. Tiene dos caras, una satisfactoria en cierta medida para el arrendatario, pero quienes son propietarios y dependen 100% del ingreso de esa renta sienten que van a estar muy afectados en este periodo al no tener ninguna fuente de ingreso, también es importante que se aclare en el decreto si la prohibición de multas e intereses solo aplica si hay conciliaciones o también dentro de los procesos ejecutivos venideros.
Congelamiento de créditos: En las entidades públicas como Icetex, Banco Agrario y Fondo Nacional del Ahorro, se han congelado los pagos por tres y seis meses dependiendo del crédito. Pero las entidades privadas lo están haciendo de forma discrecional teniendo diferente racero para congelar y diferir los pagos.
En este sentido, es urgente que el Gobierno nacional de una orden inmediata de congelamiento de pagos porque no solo son los bancos sino otras entidades financieras o Cooperativas de ahorro las que no han tomado medidas al respecto, también están las grandes superficies y almacenes que entregan crédito directo o tarjetas de crédito y no han dado ninguna facilidad a los ciudadanos.
Estas son la mayoría de medidas que a la fecha se han tomado y que podrían beneficiar a la clase media, falta un apoyo inmediato en el tema de servicios públicos toda vez que estos recursos podrían ser de alivio para la compra de alimentos y artículos de primera necesidad, un mínimo gratuito de Internet y telefonía móvil que no son ya servicios suntuosos sino necesarios en esta emergencia.
Quienes están reportados en data crédito con todas las puertas cerradas en este momento y no hay que olvidar que muchos generan empleo.
Es vital en el caso del Departamento de Santander que el Gobierno nacional y los locales hagan importantes inversiones para reactivar la economía en nuestra región donde predominantemente es la pequeña empresa, el local comercial, el independiente quienes generan empleo, sostenibilidad y desarrollo, en sectores como el turismo, la manufactura, la venta de servicios entre otros.
*Abogado, Especialista en Derecho Administrativo
Facebook: Diego Fernando Jaimes Porras
Twitter: @DiegojaimesA
