La Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido en Colombia una conquista social bañada en sangre histórica desde los años 20. Hoy es un campo de batalla donde los profesionales encargados de salvar vidas son sistemáticamente precarizados, acosados y silenciados.
Por: Luis Carlos Heredia Ordóñez/ En Santander y Bogotá, la norma es papel mojado y la denuncia, un riesgo mortal que afecta a los profesionales de SST en todo el país. Esta columna nace de escuchar a varios profesionales de este ramo, agobiados por situaciones lamentables.
Los profesionales de SST enfrentan una distopía: empresas exigen maestrías, cursos, diplomados, disponibilidad inmediata, vehículo, dirección y manejo (para no pagar horas extras).
Además, imponen horarios de trabajo que superan el número de horas legales, pagando salarios mínimos o incluso valores menores. Es una desproporción total.
Algunos empresarios del país, estancados en el siglo XIX, usan el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 no para proteger, sino como obstáculos burocráticos que deben precarizar para maximizar ganancias a costa de altos márgenes y baja inversión en sus negocios.
Las denuncias son escalofriantes: constructoras en Bogotá cobran ilegalmente cursos de alturas a sus empleados, violando la Resolución 4272 de 2021. Además, no contentos con eso, los acosan psicológica y sexualmente, sabotean su profesión y los amenazan con procesos legales por injuria, solamente por exigir condiciones laborales dignas. Aún peor, les cobran la dotación.
Estas empresas en Bogotá están violando taxativamente la Resolución 4272 de 2021, que establece que los costos de certificación en alturas son obligación empresarial cuando tienen un trabajador de SST que coordina trabajos en alturas. Esto no es solo irregularidad administrativa; es robo al salario y burla a la legislación laboral colombiana.
En Santander, durante periodos de práctica, exigen vehículo propio a los practicantes, convirtiendo al profesional en un mensajero mal pagado que debe asumir el desgaste de su patrimonio para beneficio de la empresa.
De igual manera, la salud mental es el «hijo pobre» del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. El caso viral de acoso en Frisby evidencia cómo los sistemas de gestión fracasan en lo psicosocial.
Según el Ministerio del Trabajo en 2025, el 82% de las víctimas por riesgo psicosocial sufre presiones sexuales en su trabajo por parte de su empleador. El miedo al despido silencia las denuncias ante los Comités de Convivencia Laboral, los cuales son juez y parte en el tema y no garantizan un debido proceso.
El Comité de Convivencia Laboral, que debería ser el escudo contra el acoso, es en muchas empresas una figura decorativa para cumplir con la norma. Las estadísticas son aterradoras: solo el 1% denuncia ante autoridades por miedo a la «muerte laboral» y a las famosas pero misteriosas listas negras de reclutadores y empresas.
Estas son una base de datos irregular en donde se perfilan profesionales y trabajadores, siendo un secreto a voces que, como nos comentan las personas que conocen el tema, todos saben que existen, pero nadie las conoce.
Otras personas nos comentan que, en ciudades como Barrancabermeja, esta profesión vive una distopía. El conocimiento técnico ha sido desplazado por el «CVY» (¿Cómo Voy Yo?), una mafia de intermediación (de certificados de residencia) donde las vacantes en hidrocarburos no las define el perfil, sino la «rosca» de líderes políticos en alcaldías y sindicatos silenciosos, que están para cobrar la cuota al trabajador, pero no se ven en la defensa de sus derechos laborales.
Es indignante que en los corregimientos de áreas petroleras en todo el país y en Santander se haya instaurado un régimen legalizado en donde, si no eres de la zona exacta, se te prohíbe trabajar bajo amenaza de paro o violencia. Esta segmentación ha creado una casta laboral que exige formación técnica, pero paga salarios de personal no calificado.
Asimismo, en otros sectores económicos pasan situaciones como la denominada “tragedia de Frisby”, que es solo la punta del iceberg de una cultura del acoso laboral silenciada en Colombia, y de tener en las empresas SG-SST que son solo papeles y carpetas para mostrar en una visita.
El video viral del trabajador gritando, colapsado por el acoso laboral y las humillaciones, siendo una persona en periodo de prueba en un centro comercial, es el espejo de una salud mental quebrantada por la falta de control en los reglamentos de la empresa.
Así como los Sistemas de Gestión (SG-SST) fracasan estrepitosamente en su componente psicosocial, por el desinterés de los empresarios en “gastar” en estos temas, ignorando que esto no solo daña su reputación, sino las ventas y la confianza en su negocio, y los expone a multas.
Mientras las multas por incumplir el Decreto 1072 de 2015 pueden superar los 800 millones de pesos, las empresas prefieren jugar a la ruleta rusa con la vida de sus empleados antes que pagar salarios dignos. No existe un salario mínimo profesional, lo que permite que especialistas con maestría ganen lo mismo que personal operativo. Ven al experto como un gasto molesto, ignorando la plusvalía y el know-how que el conocimiento técnico aporta a la productividad nacional y a la prevención de sanciones para las empresas que los contratan.
Pero las consecuencias de esto no son solo multas, dinero y quejas. En enero de 2026, una tragedia en el municipio de Socha sacudió al departamento de Boyacá en la jornada del 16 de enero, cuando cuatro personas fallecieron en el interior de una mina de carbón, entre ellas una colega profesional de SST.
Este no fue un accidente aislado; es el síntoma de un sistema fallido. En el sector minero, los controles de seguridad se han reducido a un «saludo a la bandera». No sabemos cuántos profesionales más deben perder la vida.
El silencio del gobierno nacional, los entes policivos de control de trabajo en Colombia y las inspecciones de trabajo ante el acoso laboral es cómplice. Casos como el del trabajador de Frisby o la muerte en la mina demuestran que el SG-SST es hoy un saludo a la bandera. Se requieren mesas técnicas vinculantes con los profesionales de SST.
No se necesitan más normas de papel; es importante que existan inspectores de trabajo en el Ministerio del Trabajo con capacidad de respuesta en 24 horas y lineamientos claros que protejan al prevencionista del hambre y del acoso laboral al cual es sometido por acogerse a las leyes laborales y proteger no solo a sus compañeros de trabajo, sino también a una empresa de sanciones y pérdida de negocios o ingresos por multas.
¿Cuántos muertos y cuántas extorsiones más necesita el Gobierno para intervenir? La seguridad laboral no es un botín político; es el derecho fundamental a trabajar con dignidad y volver a casa vivos. La SST en Colombia ha dejado de ser una gestión de prevención para convertirse en un campo de batalla por la dignidad.
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*Tecnólogo ambiental, ingeniero ambiental.
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