Los partidos políticos no surgieron por accidente, sino como fruto de una compleja evolución de la representación. En Colombia, ese proceso no ha madurado plenamente y hoy presenciamos la erosión partidista y el retorno del caudillismo como forma predominante de hacer política.
Por: Andrés Julián Herrera Porras/ En el período colonial, la representación no era un problema: simplemente no existía. El poder se ejercía de manera vertical desde la Corona, y los habitantes del territorio eran súbditos antes que ciudadanos. No había mediaciones políticas genuinas, ni deliberación pública, ni mecanismos de participación. La política, en ese contexto, no era un espacio de construcción colectiva, sino de imposición. Este dato no es menor: la tradición política colombiana no nace de la representación, sino de su ausencia.
La ruptura con ese orden se da con las guerras de independencia. Sin embargo, la emancipación política no implicó, de manera automática, la construcción de instituciones representativas sólidas. La llamada Patria Boba evidencia con claridad esta dificultad: proliferación de juntas, disputas regionales, liderazgos enfrentados y una incapacidad estructural para construir un proyecto común. Lo que allí se pone en juego no es solo la fragilidad del naciente Estado, sino la persistencia de una lógica personalista del poder. La política no se organizaba en torno a instituciones, sino a voluntades.
Durante el siglo XIX, con la configuración de la República y la experiencia de los Estados Unidos de Colombia, se ensaya una forma más compleja de organización política. El federalismo, en principio, suponía un avance en términos de reconocimiento de la diversidad territorial y distribución del poder. Pero en la práctica, este modelo convivió con una inestabilidad crónica: guerras civiles recurrentes, fragmentación política y una débil institucionalidad. Nuevamente, los conflictos no se estructuraban tanto en torno a programas ideológicos consistentes como a liderazgos fuertes que movilizaban lealtades personales.
Es con la consolidación del bipartidismo —liberal y conservador— que Colombia logra, por primera vez, un sistema relativamente estable de representación. Los partidos políticos comienzan a cumplir funciones esenciales: canalizan demandas sociales, estructuran visiones del mundo, forman élites políticas y median entre la ciudadanía y el Estado. En la República Liberal, por ejemplo, no solo hay un cambio en el partido gobernante, sino en el horizonte político del país: reformas sociales, apertura económica y una cierta modernización institucional.
Pero esta estabilidad tenía un límite estructural: su carácter excluyente. El bipartidismo colombiano no fue un sistema pluralista, sino un duopolio que, en muchos casos, anuló la posibilidad de alternativas reales. La competencia política se convirtió en confrontación violenta, y la identidad partidista en una forma de pertenencia casi tribal. El resultado fue una escalada de violencia que encuentra uno de sus puntos más críticos en el Bogotazo. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán no solo truncó un liderazgo, sino que evidenció la incapacidad del sistema para procesar democráticamente la emergencia de nuevas fuerzas políticas.
El Frente Nacional aparece entonces como una respuesta institucional a la violencia bipartidista. Sin embargo, su lógica fue profundamente ambivalente: al tiempo que estabilizó el sistema político, lo cerró. La alternancia pactada entre liberales y conservadores redujo la confrontación armada, pero también eliminó la competencia democrática real. La representación se convirtió en un reparto, y la política en un acuerdo de élites. Lo que se ganó en gobernabilidad se perdió en legitimidad.
El retorno posterior al juego electoral abierto no logró revertir completamente este problema. Para finales del siglo XX, los partidos tradicionales habían entrado en un proceso de desgaste profundo. Su desconexión con las demandas sociales, sumada a prácticas clientelistas y a la captura de lo público por intereses particulares, erosionó su credibilidad. La ciudadanía dejó de verse reflejada en ellos.
La Constitución de 1991 intentó corregir este déficit. Apostó por la apertura del sistema político, el reconocimiento de la diversidad y la ampliación de los mecanismos de participación. En teoría, esto debía traducirse en un fortalecimiento de la representación. Pero ocurrió algo distinto: la proliferación de movimientos sin estructura, sin ideología clara y, en muchos casos, sin vocación de permanencia. La apertura no produjo partidos más fuertes, sino una fragmentación que debilitó aún más la intermediación política.
Este es un punto clave que a menudo se pasa por alto: la crisis de los partidos no es solo un problema de corrupción o de falta de liderazgo, sino de desinstitucionalización. Cuando los partidos dejan de ser espacios de formación política, de deliberación programática y de construcción colectiva, se convierten en vehículos electorales al servicio de individuos. Y en ese momento, la política deja de ser representativa para volverse personalista.
Es en este contexto donde emerge con fuerza el fenómeno del caudillismo contemporáneo. Desde comienzos del siglo XXI —y de manera particularmente visible con el ascenso de Álvaro Uribe Vélez— la política colombiana ha girado hacia liderazgos fuertes que concentran la atención pública y reorganizan el campo político a su alrededor. No se trata de un fenómeno aislado ni reducible a una sola figura: es una lógica que ha permeado distintos sectores ideológicos.
El caudillo contemporáneo no es necesariamente un dictador ni un actor antidemocrático en sentido clásico. Es, más bien, un líder que capitaliza el vacío dejado por los partidos, que apela directamente a la ciudadanía sin mediaciones institucionales y que construye su legitimidad a partir de la identificación emocional más que del debate programático. Su fuerza radica en la capacidad de simplificar la complejidad política en narrativas claras: orden versus caos, pueblo versus élites, cambio versus continuidad.
El problema no es solo la existencia de estos liderazgos, sino el tipo de política que producen. Cuando la vida pública se organiza en torno a figuras, la deliberación se empobrece. Las ideas se subordinan a las lealtades, los matices desaparecen y la crítica se interpreta como traición. En este escenario, la polarización no es un efecto colateral, sino una consecuencia estructural. La política se convierte en un juego de suma cero, donde el reconocimiento del otro como interlocutor legítimo se vuelve cada vez más difícil.
En Colombia, esta dinámica ha generado un clima de permanente confrontación. El debate público se ha reducido, en muchos casos, a la adhesión o rechazo de determinadas figuras. Las identidades políticas se construyen más en oposición al adversario que en torno a proyectos propios. Y en ese proceso, la representación —entendida como la capacidad de articular intereses diversos en un marco común— se debilita.
Lo más preocupante es que esta lógica tiende a reproducirse. A medida que los partidos pierden relevancia, los incentivos para construir liderazgos personalistas aumentan. Y a medida que estos liderazgos se consolidan, los partidos se vuelven aún más prescindibles. Se trata de un círculo vicioso que erosiona las bases mismas de la democracia representativa.
Conviene, entonces, hacer una advertencia que puede resultar incómoda: no todo debilitamiento de los partidos es necesariamente democratizador. Existe una narrativa —especialmente extendida en contextos de crisis— que celebra la “superación” de los partidos tradicionales como un avance. Pero si esa superación no va acompañada de la construcción de nuevas formas de intermediación política sólidas, el resultado no es más democracia, sino menos.
Volver sobre nuestra historia permite entender que los partidos, con todas sus limitaciones, han sido instrumentos fundamentales para procesar el conflicto, organizar la competencia política y dar estabilidad al sistema. Su crisis no debería celebrarse sin matices.
El desafío, entonces, no es simplemente elegir entre distintos caudillos, sino reconstruir las condiciones para una política verdaderamente representativa. Esto implica fortalecer los partidos, sí, pero también repensarlos: exigir coherencia ideológica, promover la formación política, abrir espacios de participación real y recuperar su función como mediadores entre sociedad y Estado.
Implica, además, una tarea cultural: abandonar la idea de que la política puede resolverse a través de salvadores individuales. La democracia, por definición, es más lenta, más compleja y menos espectacular. Pero también es más estable.
Si algo enseña la historia colombiana es que cada vez que hemos sustituido la representación por el liderazgo personal, el resultado ha sido más polarización, más conflicto y menos capacidad de construir lo común.
Tal vez el verdadero problema no sea que hayan aparecido nuevos caudillos. Tal vez el problema es que, como sociedad, seguimos dispuestos a necesitarlos.
Apuntaciones:
- En la mañana del 20 de marzo fui testigo en directo del vergonzoso intento de entrevista a Carlos Carrillo director de la UNGRD. Es una muestra de cómo la idea de ser un “periodista, periodista” sigue siendo el modelo de algunos medios de comunicación.
- No señor Trump, comparar el desastre de Pearl Harbor con el ataque a Irán no lo justifica, solo demuestra que la guerra solo trae muerte.
- Tras las elecciones de Congreso me queda un sabor agridulce por el departamento. Me alegra mucho la quema de Aguilar y el decirle no a ese clan corrupto. Sin embargo, me preocupa que estemos alentando un nuevo clan de manos del actual gobernador y su hermano. ¿Terminarán igual que el del coronel Aguilar?
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*Abogado. Lic. Filosofía y Letras. Estudiante de Teología. Profesor de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Miembro activo del grupo de investigación Raimundo de Peñafort. Afiliado de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino.
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