A tres meses del inicio de las protestas, la vía San Gil–Bucaramanga sigue sin peajes operativos, evidenciando una fractura entre comunidades e Invías. Mientras el Gobierno habla de inversiones millonarias, los manifestantes denuncian incumplimientos, pérdida de confianza y ausencia de soluciones estructurales.
El corredor vial entre Zipaquirá, San Gil y Bucaramanga es uno de los ejes estratégicos del centro-oriente colombiano. Por allí circulan diariamente miles de vehículos particulares, transporte de carga y buses intermunicipales que conectan a Santander con Cundinamarca y el centro del país. Sin embargo, desde octubre de 2025, la operación de los peajes quedó suspendida por decisión de las comunidades y transportadores, que levantaron las talanqueras como medida de protesta pacífica frente al estado de la vía y lo que consideran reiterados incumplimientos del Gobierno nacional.
Este 7 de enero se cumplen 90 días desde el inicio de la movilización social. En ese periodo, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Vías (Invías), el Estado ha dejado de recaudar cerca de 24.000 millones de pesos. La cifra no es menor y se convierte en un argumento central del Gobierno para advertir sobre los efectos fiscales de la protesta. Para los manifestantes, en cambio, ese dato refleja años de cobros sin una inversión proporcional en mantenimiento y obras de fondo.
Cinco reuniones no han sido suficientes para acercar a las partes. La más reciente, realizada el 6 de diciembre de 2025 en Bucaramanga, terminó sin acuerdos concretos y con un ambiente de frustración. Desde entonces, las comunidades ratificaron que las talanqueras seguirán levantadas “hasta nueva orden”.
“Esta manifestación pacífica sigue porque no nos han cumplido”, afirmó Deivi Cárdenas, uno de los voceros del movimiento ciudadano. Según explicó, en los encuentros con Invías se habló de un eventual convenio con Findeter por cerca de 700.000 millones de pesos, financiado mediante la pignoración de los recursos de los peajes. “Nos dijeron que eso ya estaba andando y hoy no hay convenio, no hay obras y no hay cronogramas claros”, sostuvo.
Otro punto crítico es el compromiso de abrir cinco frentes de trabajo simultáneos a lo largo del corredor. “Se habló de frentes entre Zipaquirá y San Alberto, pero hoy solo vemos uno activo entre Barbosa y Oiba”, reclamó Cárdenas, quien insistió en que la protesta no busca confrontación, sino resultados verificables.
La respuesta del Gobierno
Desde Invías, el discurso es distinto. El director encargado de la entidad, Jhon Jairo González Bernal, ha defendido que la vía no ha estado abandonada y que sí se han destinado recursos importantes para su atención. En un comunicado oficial, la entidad aseguró que se invirtieron más de 25.000 millones de pesos en mantenimiento rutinario y atención de emergencias, además de otros 37.000 millones ejecutados durante 2025 para mantenimiento periódico del tramo entre Zipaquirá y San Gil.
“El Instituto ha garantizado servicios de atención al usuario como grúa, carro taller y ambulancia, y continúa trabajando para mejorar las condiciones de transitabilidad”, señaló González. Así mismo, confirmó que se adelantan conversaciones con Findeter para estructurar una alternativa financiera que permita aumentar la inversión en la región.
No obstante, el énfasis del Gobierno en las cifras choca con la percepción local. Para las comunidades, la discusión no es solo cuánto se ha invertido, sino si esos recursos han tenido un impacto real y sostenible en una vía que presenta problemas históricos de seguridad, capacidad y diseño.
El fantasma del Convenio Vías de los Comuneros
En el trasfondo del conflicto aparece el fallido Convenio Vías de los Comuneros, firmado en diciembre de 2023 entre la Gobernación de Santander, el Ministerio de Transporte y el propio Invías. El acuerdo proyectaba una inversión de 2,4 billones de pesos a 20 años, financiada con créditos respaldados por los ingresos de cuatro peajes ubicados entre San Alberto y Zipaquirá.
Con esos recursos se prometían obras de alto impacto, como terceros carriles de adelantamiento, la Variante de San Gil y la Variante de El Socorro. Sin embargo, el convenio nunca se materializó plenamente y hoy es uno de los principales detonantes del descontento social. No hay claridad sobre si la eventual alianza con Findeter retomará esa misma proyección o si se tratará de un esquema distinto, más limitado y gradual.
El levantamiento prolongado de las talanqueras deja en evidencia una crisis más profunda: la ruptura de confianza entre el Estado y las comunidades. Para Invías, la protesta pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la infraestructura vial. Para los ciudadanos, el cobro de peajes sin obras visibles es una muestra de desconexión institucional.
Analistas regionales advierten que el conflicto podría sentar un precedente delicado para otros corredores del país, donde también existen reclamos por el estado de las vías y el uso de los recursos. Si no se logra una salida concertada, el pulso entre Gobierno y comunidades podría escalar y afectar no solo la movilidad, sino la gobernabilidad territorial.
Por ahora, la vía San Gil–Bucaramanga sigue abierta, pero con peajes cerrados y un diálogo en punto muerto. El reto inmediato para el Gobierno no es solo reactivar el recaudo, sino reconstruir credibilidad con hechos concretos, cronogramas verificables y obras que respondan a una deuda histórica con la región.
