Por: Fredy Horacio Chinchilla Reyes/ Si, de pena de muerte es el proyecto de ley presentado por la muy diligente y brillantísima ministra de las TIC, Sylvia Cristina Constaín Rengifo, que con la flamante iniciativa elimina de tajo el pago de los canales privados de 128 mil millones de pesos por la licencia que les da el permiso para hacer televisión y además les extiende la licencia por 20 años más. Pagarán por tanto solamente el 2,2% de su participación comercial.
En mi criterio personal, estos beneficios para los privados no me molestan mucho pues en el país del sagrado corazón ya es costumbre bajarse el calzón en favor de la confianza inversionista, si esa misma, la del “dotor”, la del patroncito.
Pero que en estas mismas prerrogativas no esté incluida la televisión pública con enfoque comercial -y por citar solo un ejemplo- el caso del Canal Uno, donde existen espacios como CM& y sobre todo Noticias Uno, siendo estos muy críticos de los gobiernos que han dirigido el país en los últimos 26 años y que con periodismo serio, responsable, objetivo e imparcial, han puesto el dedo en la llaga destapando grandes hechos de corrupción y otros gravísimos que enturbian la vida del país, como masacres, genocidios, etc.
A la televisión pública y la privada se les está afectando de manera grave, pues si se compara con las con la OTT (Over-The-Top, de libre transmisión) consiste en la transmisión de audio, vídeo y otros contenidos a través de Internet sin la implicación de los operadores tradicionales en el control o la distribución del contenido tales plataformas digitales como Netflix, Directv, YouTube, Amazon, Facebook y que compiten seriamente con la televisión colombiana esto marchitaría y acabaría con nuestra televisión y la producción de contenidos de origen nacional, con las gravísimas repercusiones que esto tendría.
Esas afectación profunda incluye los valores culturales y sociales al ser absorbidos por preceptos de este tipo no propios de lo que somos y hemos sido, se pone en grave riesgo nuestra soberanía cultural y social ya que el impacto que la televisión tiene en una nación es grandísimo y termina cambiando su idiosincrasia y reitero, con los negativos impactos que esto tendría, valiente gracia la de la ministra, alistarnos para sepultar la televisión de producción colombiana.
Pero ese solo hecho que al sector privado le rebajen el pago de la licencia, pero a la televisión pública se la mantengan, es un tratamiento desigual, muy sospechoso por no decir raro e intrigante.
No sé si es por parte de la ministra, quien seguramente planeó esta perversa iniciativa, pero es claro que está viciada por un gran conflicto de intereses debido a que la funcionaria viene de ser una importante ejecutiva de plataformas digitales (OTT) como Facebook, Apple, en fin.
El proyecto de ley, en su argumento de cerrar la brecha digital, está bien pero y para cerrar la brecha digital le dan palo y garrote a la televisión pública, ese es suicidar la televisión pública, ¿eso es cerrar la brecha digital? La verdad -y me perdonarán los lectores- se “mandan huevo”.
La soberanía de contenidos es totalmente desconocida por este amañado proyecto, desde esta perspectiva, deja sin reglamentación de contenidos a las plataformas digitales como Netflix, Amazon, YouTube, Apple, esto atenta contra la industria nacional de contenidos y las terribles consecuencias para la televisión colombiana como la pérdida de miles de puestos de trabajo solo por mencionar unos de los factores. Ni que decir del factor tributario ¡Ay Dios bendito! Hasta donde semejante bajada de calzones.
Los contenidos, según este proyecto de ley, los va a manejar el Ministerio de las TIC. Premiarán a unos y castigarán a otros. Noticias Uno es uno de los castigados, un medio que ha sido critico al establecimiento tendrá censura en su información tal vez por ser molestos para el gobierno, es decir, se pierde totalmente la autonomía de la autoridad que regula la televisión, censura descarada que atenta contra la democracia. Así como repitieron en campaña los del Centro Democrático, “Colombia será otra Venezuela”, ¿Qué cosas, no?
Bajo este escenario se le decreta pena de muerte a la televisión pública ya que las condiciones de presencia al aire son totalmente desiguales, mientras a la TV privada la eximen de pagar $128 mil millones de licencia, al Canal Uno y el resto de la TV pública no tiene estas prerrogativas, tratamiento acomodado en favor de la confianza inversionista, uno de esos huevitos que huele a raro. Y no queremos decir que la inversión extranjera no sea bienvenida, ni más faltaba, pero una cosa si es clara, en este caso el Estado le clava la puñalada al mismo Estado ya que la TV pública es parte del Estado y elemento transversal y vital para la estabilidad democrática y equilibrio político de la nación. Muy peligroso resulta ésta cuestionada avanzada jurídica reformista, esto es pura filigrana jurídica criminal contra el Estado.
Todo esto deja a las plataformas digitales de contenidos televisivos en una evidente superioridad frente a la Tv pública, dándole las mismas condiciones que los canales privados, pagando solo el 2,2% de su participación comercial, ¿cuánto dejará de recibir el Estado? y llorando el gobierno por un “faltante” en el presupuesto nacional y por tanto su reforma tributaria -que por engañar pendejos- decidieron llamarla Ley de Financiamiento, el batacazo al bolsillo de los colombianos de a pie.
Surge entonces una pregunta: ¿Por qué a la TV pública comercial tiene un tratamiento diferente a la privada? “Blanco es frito, se come y la gallina lo pone” ¿Cierto Señora Ministra?
En Europa las OTT o plataformas digitales pagan y además están obligadas a desarrollar contenidos europeos y de cada uno de los países donde hacen presencia y la reglamentación hace respetar la soberanía nacional.
Lo planteado en este proyecto de ley pasará por el racero de la Corte Constitucional y creo, siendo muy sensatos en la magnificencia de la Honorable Corte, sería declarada como inconstitucional muchos aspectos de este raro proyecto y digo raro por el martillazo a la cabeza que dan a la TV pública y que orquesta el saqueo de los contenidos nacionales es un arrodillamiento total y favorecimiento a las plataformas digitales y de paso a los privados como Caracol y RCN.
La ministra de las TIC, quien ha trabajado con algunas multinacionales y que acá es clarísimo como la puerta giratoria hace su magna presencia ya que esta “brillantísima” dama que pasa del sector privado al público a hacer sus maravillas jurídicas.
Caracol y RCN están que brincan en una pata porque les rebajan una millonada a cada uno, mermelada pura, pero en el mediano y largo plazo las plataformas digitales los acabarán también a ellos, resulta muy evidente tanto silencio de estos canales y otros medios por su silencio antiético, cómplice y vergonzoso.
Las plataformas en esta ley no las tocan, no las obligarán a contenidos nacionales y para esto les darán todas las gabelas del mundo producto de la generosidad del gobierno de Iván Duque y de la ministra, ojo de la ministra que trabajó con las plataformas que ahora favorecerá. Ella tiene un corazoncito generoso, intereses muy extraños y de paso, la autonomía del ente regulador se irá a la ‘conchinchina’.
El MinTIC en este proyecto decide quienes son los comisionados, administra las licencias, administra el fondo de TV pública y de TIC dueño de los contenidos de las finanzas, peligrosísimo para la democracia. Es decir, cobra el tiro de esquina y lo cabecea a la vez, que belleza, eso sí es talento puro, propia de las nuevas escuelas jurídicas que desde hace 10 años desde Estados Unidos se orquestan una toma muy silenciosa del poder por vías “jurídicas”. Dicho en otros términos, golpes de Estado jurídicos pues eso de sangre y muertos se ve muy feo y mejor lo hacemos acomodando el ordenamiento jurídico a los intereses de unos pocos y seguir sometiendo a un país mediante un método muy efectivo y silencioso como los medios de comunicación, son unos verdaderos “genios” pero de la manipulación.
No se entiende como este gobierno que es parte del Estado ataca la TV pública que es del Estado, una verdadera locura que repito atenta contra la democracia y es inconstitucional, orientado a la peligrosa censura (Venezuela).
Este proyecto debe poner a todos en el mismo racero, con las mismas condiciones, lo planteado en la ley es descaradamente censura y no se obliga a producir contenidos nacionales como el caso de Europa y también Brasil.
No puedo pasar de agache la censura de la que fue objeto el programa Los Puros Criollos de Santiago Rivas por su postura crítica frente a esta ley tan maluca y que ese huevito huele muy mal y muchos callados, muchos haciéndose los pingos. Hay gato encerrado muy enmuchilado.
Twitter: @fredy_asesor
