Condenado a 24 años de cárcel en Estados Unidos también por narcotráfico, Fabio Lobo dio señales el jueves ante los fiscales que empezaron a interrogarlo de que tirará del hilo para desenmarañar la intrincada narcopolítica hondureña.
Lobo aseguró que había pagado sobornos «dos veces» -no reveló la cantidad- a Hernández, acusado de crear un narcoestado en Honduras durante sus dos mandatos (2014-2022) protegiendo el tráfico de drogas y armas.
Este antiguo juez de la Corte Suprema de Justicia reconvertido en narcotraficante ayudó económicamente a JOH, como es conocido Hernández en Honduras, por «amistad personal».
A cambio, esperaba «favores políticos, información y apoyo» para sus actividades y las de sus amigos, los líderes del cartel Los Cachiros.
Según evidencias presentadas por la fiscalía neoyorquina, estos narcotraficantes con feudo alrededor de la capital económica San Pedro Sula, en el norte del país, tenían acceso directo a la Casa Presidencial que entonces ocupaba Porfirio «Pepe» Lobo (2010-2014).
El exmandatario Lobo también había recibido «aportes» de los Cachiros, afirmó su hijo, a cambio de «protección» para que no fueran extraditados.
Hernández tomó el relevo en la presidencia en enero de 2014.
Según contó Fabio Lobo, Hernández también le había dicho que había «recibido aportes de unos miembros del cártel de Sinaloa» del poderoso Joaquín «Chapo» Guzmán, mexicano condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Remisión de pena
Detenido en Haití en 2015 por agentes estadounidenses, Lobo empezó a involucrarse en el tráfico de drogas en 2010. En Estados Unidos se declaró culpable de narcotráfico y cumple condena en una cárcel de Florida.
A cambio de colaborar con la fiscalía, este abogado de 51 años, vestido con buzo amarillo canario de presidiario y voz embargada por el rencor, podría conseguir con sus delaciones una remisión de pena.
A lo largo de casi dos semanas de juicio, una decena de testigos ha puesto de manifiesto los estrechos vínculos entre el narcotráfico y la política en el país centroamericano.
En su mayoría, son traficantes que cooperan con la justicia, pero también hay agentes de la agencia antidrogas estadounidense y hasta la fugaz novia de un jefe de la peligrosa pandilla MS-13.
Uno de los testimonios más descarnados fue el de Devis Leonel Rivera, líder junto a su hermano Javier de Los Cachiros, -ambos condenados en Estados Unidos- y uno de los narcotraficantes más sanguinarios.
Rivera terminó colaborando y entregándose a la DEA en cuanto empezó a verse perseguido por el gobierno de Hernández, que en 2014 ordenó la primera extradición hacia Estados Unidos. Desde entonces 38 personas han sido extraditadas por narcotráfico.
Pese a haber sobornado a JOH con «250.000 dólares» a cambio de protección, según dijo Rivera, en 2013 las autoridades hondureñas le incautaron 118 propiedades.
La defensa del exmandatario sostiene que no hay ninguna prueba que demuestre que recibió los sobornos, e intenta socavar la credibilidad de la mayoría de los testigos, que han obtenido o esperan obtener beneficios de su cooperación.
Si es hallado culpable de los tres cargos que pesan sobre él -conspiración para narcotráfico y tráfico y posesión de armas- Hernández podría ser condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel, como su hermano Tony y el colaborador de éste, Geovanny Fuentes.
Según la fiscalía, estos dos hombres fueron clave en una red que envió 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022.
