Campesinos de varias regiones del país rompen el silencio sobre presuntas irregularidades en la entrega y uso de tierras rurales.
Por: Alexander Martínez Castrillón/ “Nos dijeron que mejor callados, porque si hablábamos, nos cerraban las puertas”, relata una lideresa de la zona de Santander, mientras sostiene las carpetas que resumen años de solicitudes sin respuesta¹. Su historia no es la única. En los caminos polvorientos de Boyacá, y también en veredas de Córdoba, Cesar, Meta y Magdalena, se repite un eco común: la tierra sigue siendo tema de disputa, más que de justicia.
En muchos municipios rurales, los campesinos aseguran que los procesos de adjudicación de tierras han quedado estancados o, peor aún, desviados de su propósito original. Afirman que las promesas de redistribución, anunciadas por las entidades del Estado, se convirtieron en trámites extensos donde el acceso a la información es limitado y los resultados, inciertos². Según testimonios recogidos por afiliados de organizaciones agrarias, la situación ha generado desconfianza hacia las instituciones encargadas de la reforma rural. Muchos líderes temen denunciar formalmente por miedo a represalias o a perder los pocos beneficios obtenidos o que pueden obtener en la política agraria³. “Hay miedo, pero también cansancio”, dice un agricultor de Bolívar que prefiere no dar su nombre.
En zonas como Tierralta (Córdoba) y El Paso (Cesar), comunidades campesinas relatan que los procesos de adjudicación de tierras enfrentan tensiones entre la intervención técnica y la gestión administrativa. En El Paso, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adelantó microbarridos para identificar predios con vocación de formalización, mientras que en el Cesar se han registrado alertas sobre presuntas irregularidades y demoras en los trámites. En Tierralta, la reciente constitución de la Zona de Reserva Campesina del Alto Sinú representa un avance para las comunidades rurales, aunque líderes locales advierten que el historial de conflicto y la presión de intereses privados en la región podrían afectar el sentido social de la adjudicación ⁴. Estas situaciones reflejan un sentir compartido: los seguimientos en terreno se han vuelto, en muchos casos, más burocráticos que técnicos, alejando la tierra de su propósito esencial de sustento campesino ⁵. “Antes venía el funcionario, medía la parcela y hablaba con nosotros; ahora todo lo hacen desde una oficina en la capital”, explica un agricultor del Magdalena Medio, que espera hace más de seis años la adjudicación de su predio.
Mientras tanto, los problemas de fondo persisten. En regiones como el Magdalena Medio, líderes rurales insisten en que la falta de claridad sobre los límites de las tierras ha permitido que algunos particulares exploten terrenos en disputa sin control ni vigilancia adecuada. Los informes territoriales coinciden en que estas prácticas afectan la confianza entre el campesinado y el Estado, debilitando el espíritu de la reforma rural integral.
En Boyacá, se observan presuntas irregularidades en predios como la finca El Recodo, ubicada en el municipio de San Miguel de Sema (Ver contrato suscrito de arrendamiento de pastada finca El Recodo), hoy conocida como finca Dakiti. Allí, se habrían firmado contratos de arrendamiento temporal, conocidos como “pastadas”, por valores cercanos a cinco millones de pesos u otros valores⁸. Según los términos de los contratos entregados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) bajo carácter provisional, se prohibía explícitamente subarrendar o alquilar los predios ⁶. Sin embargo, suministros de evidencias aportadas por afiliados de asociaciones campesinas de primer, segundo sugieren que dichas prácticas se habrían realizado, incumpliendo las condiciones establecidas en los convenios de entrega.
En el caso de San Miguel de Sema, algunas fuentes comunitarias y registros de seguimiento local señalan que las tierras no fueron adjudicadas principalmente al campesinado trabajador, sino que, en ciertos casos, figuran personas con vínculos laborales dentro del Estado o con cargos públicos en entidades territoriales ⁸. Estas observaciones, aún en proceso de verificación, han sido puestas en conocimiento de los organismos competentes para su análisis, dado que podrían constituir una desviación del principio de destinación social de la propiedad rural, consagrado en la Ley 160 de 1994.
La Agencia Nacional de Tierras ha insistido en que cada adjudicación debe responder a criterios técnicos y sociales claros, y que cualquier irregularidad detectada será investigada por los entes competentes ⁹. Todo este reflejo se ven en los diferentes territorios que fueron entregados dichas tierras en el contexto de reforma agraria. Sin embargo, los líderes rurales sostienen que el acceso a los mecanismos de denuncia sigue siendo débil, sobre todo en municipios pequeños donde los mismos funcionarios que tramitan las solicitudes son quienes deben recibir las quejas.
En Córdoba y Magdalena, los comités campesinos relatan situaciones similares: algunos proyectos de adjudicación se suspendieron sin explicación, mientras otros avanzaron a favor de personas externas a la comunidad. “Uno se pregunta, ¿por qué a nosotros no nos llaman, si somos quienes trabajamos la tierra?”, plantea un labriego de Santa Ana, en el Magdalena ¹⁰.
En Boyacá, el tema también toca fibras históricas. Las asociaciones recuerdan que desde hace décadas la tierra se concentra en pocas manos, y que los intentos de redistribución no han logrado revertir ese patrón. “Llevamos generaciones cultivando parcelas arrendadas, y todavía no tenemos título”, explica una mujer de Ramiriquí, quien afirma que sus padres fueron desplazados durante la violencia y regresaron sin derechos sobre su propio terreno ¹¹. En medio de esta realidad, el silencio ha sido compañero constante.
Muchos campesinos optan por no denunciar, temiendo que una queja formal cierre la puerta a futuros programas o proyectos productivos. “Nos piden confianza, pero sin transparencia no hay confianza posible”, resume un representante de una organización de segundo nivel en el Departamento de Boyacá ¹².
Mientras las autoridades nacionales anuncian nuevos planes de adjudicación y redistribución de tierras, en los territorios aún prevalece la incertidumbre. Las comunidades rurales piden que el Presidente de la República Gustavo Petro revise, con lupa y de manera directa, las actuaciones y procedimientos de las organizaciones campesinas de primer, segundo y tercer nivel y de aquellos movimientos étnicos, así como los procesos adelantados por las instituciones responsables de la política agraria en todo el país. Los campesinos reclaman que se escuchen sus inconformidades y se verifiquen las verdaderas condiciones en que se han entregado los predios, para garantizar que las tierras lleguen realmente a quienes las trabajan y no a quienes las administran desde un escritorio.
La esperanza sigue viva, aunque cansada. Las comunidades rurales continúan esperando que la tierra vuelva a cumplir su función social: sostener la vida campesina, garantizar el trabajo digno y asegurar el alimento del país. Hasta entonces, las voces que hoy se levantan en caminos polvorientos seguirán recordando que la tierra, más que un papel, es el derecho a existir.
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*Profesional en calidad y agroindustria, líder social, docente, emprendedor y defensor campesino.
Instagram: @alexandermartinezcastrillon
Facebook: Alexander Martínez Castrillon
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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Notas al pie
- Testimonio recogido en reuniones territoriales, Santander, septiembre de 2025.
- Comunicaciones internas de asociaciones campesinas y juntas de acción comunal, octubre de 2025.
- Entrevistas reservadas con líderes rurales de Bolívar, septiembre de 2025.
- Agencia Nacional de Tierras (ANT) — microbarrido El Paso (Cesar) y constitución de la Zona de Reserva Campesina del Alto Sinú (Tierralta, Córdoba); Secretaría de Transparencia — seguimiento a denuncias de adjudicaciones en Cesar (2025); estudios sobre tenencia y despojo rural en Córdoba y el Caribe colombiano. Testimonios de campesinos del Meta y Magdalena, compilados por colectivos de base, agosto de 2025.
- Contraloría General de la República — informes y auditorías de control territorial 2024–2025 (secciones regionales).
- Copias de contratos revisados por asociaciones campesinas del occidente de Boyacá, octubre de 2025.
- Extracto de cláusulas contractuales de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre uso y adjudicación de predios, 2025.
- Declaraciones públicas de la ANT sobre procesos de adjudicación y control, septiembre de 2025.
- Agencia Nacional de Tierras (ANT). Los Informe de auditorías internas y de gestión 2024–2025. Sección “Informes de auditorías internas”, Transparencia y Acceso a la Información Pública. Disponible en https://www.ant.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/… (consultado el 11 Nov 2025)
- Procuraduría General de la Nación, Delegada para Asuntos Agrarios y Ambientales. Informe de seguimiento a procesos de adjudicación de tierras en regiones priorizadas 2024–2025. Bogotá, 2025; Defensoría del Pueblo. Alertas y reportes territoriales sobre conflictos de tierra en Córdoba y Magdalena, 2024; testimonios recogidos en encuentros campesinos, Santa Ana (Magdalena) y Tierralta (Córdoba), 2025.
- Testimonio recogido en reuniones territoriales, Ramiriquí, Boyacá. septiembre de 2025.
- Testimonio reservado y recogido de representante de una organización campesina de segundo nivel en el departamento de Boyacá, durante el encuentro nacional virtual sobre reforma agraria y tenencia de la tierra, septiembre de 2025.
