La Dirección de Tránsito de Bucaramanga enfrenta un cuestionamiento de fondo ante la fiscalía general de la Nación bajo la noticia criminal 2026013000796. El eje del conflicto radica en la vinculación de 100 personas bajo la denominación de «reguladores viales», una categoría que, de acuerdo con la normativa vigente, carece de sustento legal para el ejercicio de la autoridad de tránsito.
Por: Luis Carlos Heredia Ordóñez/ La Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) se encuentra en el centro de una controversia penal debido a la contratación de aproximadamente 100 ciudadanos bajo la figura de «reguladores viales».
Según el marco legal colombiano, específicamente las Leyes 769 de 2002 y 1310 de 2010, la autoridad para regular el tráfico y ejercer funciones de policía judicial en las vías es una potestad exclusiva de los Agentes de Tránsito debidamente formados y vinculados.
La denuncia sostiene que el director de la entidad, Jahir Andrés Manrique Bautista, habría creado una categoría contractual inexistente en el ordenamiento jurídico, convirtiendo el objeto del contrato en un acto jurídicamente imposible.
Uno de los puntos más críticos del análisis radica en la existencia de mecanismos legales previos que la entidad decidió ignorar. Con la entrada en vigencia de la Ley 2197 de 2022, el Estado colombiano habilitó la contratación de Agentes de Tránsito mediante la modalidad de Prestación de Servicios (CPS), siempre que se cumpla con la idoneidad técnica requerida. Al optar por «auxiliares» o «reguladores» sin la formación técnica que exige la norma imperativa, la administración habría incurrido en un presunto Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales (Art. 410 C.P.) y Prevaricato por Acción (Art. 413 C.P.)
Un elemento de especial atención en el análisis es el origen de los contratistas. La denuncia señala que una proporción significativa de estos beneficiarios reside en Floridablanca.
En un año de movimientos políticos, el uso de recursos públicos de Bucaramanga para personal de un municipio vecino levanta sospechas sobre una presunta desviación de poder con fines electorales, alejándose del principio de selección objetiva que debe regir la contratación estatal.
El caso, que involucra a la jefe de contratación Claudia Marcela Nossa y otros funcionarios, pone a prueba la celeridad de la justicia.
La seguridad vial no es una función delegable a particulares sin la investidura legal adecuada. Corresponde ahora a la Fiscalía determinar si la DTB se convirtió en un laboratorio de experimentación jurídica para evadir los controles de mérito y transparencia
Más allá de la cuestionable vinculación de personal, surge un patrón de desatención técnica que apunta a una posible estrategia de asfixia institucional.
Resulta contradictorio que, mientras se destinan más de mil millones de pesos a una figura legalmente inexistente, la entidad presente una parálisis en servicios básicos.
La falta de inversión en insumos críticos como impresoras de partículas, fotocopiadoras y mantenimiento tecnológico básico parece indicar un plan para negar el flujo de inversión necesario. Este escenario de precariedad operativa suele ser el preludio de argumentos que justifican la privatización de actividades estatales bajo la premisa de una supuesta ineficiencia pública.
La crisis se materializa en la ventanilla. Existe una omisión sistemática en la contratación de especies venales, una obligación ineludible para la expedición de tarjetas de propiedad (licencias de tránsito) y licencias de conducción.
El caso de ciudadanos que, tras meses de haber solicitado y pagado sus placas, deben circular con recibos de pago que carecen de validez ante las autoridades de control en carretera, evidencia una vulneración directa a los derechos del usuario.
Esta negligencia administrativa expone a los conductores a sanciones e inmovilizaciones injustas, simplemente porque la DTB ha fallado en garantizar el suministro de los elementos que ella misma exige y recauda.
No se trata solo de un debate técnico sobre la legalidad de unos contratos, sino de la defensa de lo público frente a una administración que parece haber priorizado el cálculo político sobre la seguridad jurídica.
Si la justicia no interviene con celeridad ante las presuntas irregularidades cometidas por la Dirección y su oficina de contratación, se enviará un mensaje peligroso: que los recursos de los bumangueses pueden ser utilizados como moneda de cambio para intereses personales, mientras la movilidad de la ciudad se hunde en el abandono y la improvisación.
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*Tecnólogo ambiental, ingeniero ambiental.
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