¿Es conveniente enajenar predios públicos para financiar infraestructura educativa? Tomando como referencia la controvertida creación de la empresa de tránsito en Piedecuesta, se examina cómo la cesión de valiosos terrenos municipales y negligencias administrativas terminaron comprometiendo el patrimonio de la ciudadanía sin garantías claras de retorno y favoreciendo a terceros.
Por: Oscar Humberto Cote Cote | La propuesta del representante a la Cámara, Mario José Carvajal Jaimes para que los municipios de Santander puedan vender predios públicos supuestamente improductivos y utilizar esos recursos en infraestructura educativa merece un debate serio. Pero, antes de convertir la enajenación de bienes públicos en una fórmula de financiación, sería conveniente revisar qué ocurrió con uno de los negocios que, durante su administración como alcalde de Piedecuesta, involucró precisamente un predio municipal: la creación de la Sociedad de Economía Mixta de Servicios Integrales de Tránsito y Movilidad, en la que se estableció una participación accionaria mayoritaria del 51 % a favor del socio privado. El caso plantea interrogantes económicos, administrativos y de control que todavía esperan respuestas.
El Acuerdo 008 de 2021 autorizó la constitución de esa sociedad y estableció un esquema de aportes que, sobre el papel, parecía equitativo. El municipio aportaría $3.200 millones, mientras que el socio privado asumiría $3.330,6 millones, para un capital total proyectado de $6.530,6 millones. Pero aquí surge un detalle fundamental: dentro del aporte municipal se incluyeron $1.564,2 millones correspondientes a 5.230 metros cuadrados de un inmueble de cuatro hectáreas, ubicado en un sector urbano privilegiado a un costado del Parque Temático. Es decir, el municipio aportó el 13,075 % de ese predio, valorando el metro cuadrado en aproximadamente $300.000, una cifra que estaría incluso por debajo del valor del metro cuadrado en algunos asentamientos humanos del municipio. A ello se sumaron 18.542 carpetas de vehículos matriculados, una licencia de operación, un inventario de placas y otros aportes en especie.
El socio privado, por su parte, debía aportar $558,3 millones para inversión tecnológica, $2.325,8 millones para el diseño y construcción de la sede operativa y parqueaderos administrativos, $146,4 millones en muebles y equipos y $300 millones en dinero. El acuerdo estableció que la totalidad de los aportes debían entregarse, a más tardar, dentro de los dos años siguientes a la constitución de la sociedad. Surge entonces una pregunta: ¿cómo puede considerarse exitoso un negocio en el que el municipio comprometió un activo inmobiliario muy por debajo de su valor comercial y otros bienes y servicios, mientras la obra principal que debía materializar buena parte del aporte privado no se ejecutó dentro del plazo previsto?
La Contraloría General de Santander pudo establecer que el predio aportado por el municipio no había sido desenglobado y que, por esa razón, la Curaduría no había podido expedir la licencia de construcción de las prometidas instalaciones de tránsito. El propio municipio reconoció esta situación. El resultado es preocupante: la sociedad debía contar con su sede dentro de un plazo determinado y, años después, el proyecto seguía sin materializarse debido a un trámite administrativo que correspondía resolver al municipio. Lo más llamativo es que, transcurridos tres años, la administración municipal aún no había adelantado el proceso predial, situación que, en la práctica, termina favoreciendo al socio privado.
Aquí surge una pregunta patrimonial inevitable: ¿quién terminó asumiendo el costo de esa deficiencia? Mientras el desenglobe no se realice, el socio privado no podrá desarrollar sobre el terreno la infraestructura que constituía uno de sus principales aportes. Y mientras la sede no se construya, el municipio mantiene comprometido un activo incorporado al negocio por un valor de $1.564 millones, muy por debajo de su valor comercial. La situación plantea serios interrogantes sobre el equilibrio económico del negocio y sobre sus efectos, potencialmente desfavorables, para el patrimonio municipal.
Pero el problema no termina en el lote. El Acuerdo 008 estableció expresamente que la SEM no podía imponer comparendos, aplicar multas, cobrar infracciones, ordenar inmovilizaciones ni ejercer funciones propias de las autoridades de tránsito. Esas competencias permanecieron en cabeza de la Secretaría de Tránsito y Movilidad. Por eso resultan delicadas las denuncias ciudadanas según las cuales se estarían produciendo inmovilizaciones que no corresponderían a infracciones que legalmente ameritan esa medida. Estas denuncias deben ser verificadas caso por caso. Pero si efectivamente existen inmovilizaciones sin fundamento legal, habría que establecer quién ordena la medida, bajo qué fundamento y quién se beneficia económicamente de los ingresos derivados de ella.
El asunto tiene además una dimensión social. Para una familia, un motociclista, un trabajador independiente o un pequeño comerciante, la inmovilización de un vehículo puede significar días sin poder trabajar, además de costos de grúa y parqueadero. Por eso, cada inmovilización debe estar sustentada estrictamente en la ley.
También merece explicación el resultado financiero del modelo. El Acuerdo 008 justificó la creación de la SEM, entre otros argumentos, en la expectativa de mejorar la calidad del servicio y la generación de ingresos para el presupuesto municipal. Sin embargo, la Contraloría encontró posteriormente ausencia de procedimientos claros para la entrega y rendición de información financiera, presupuestal y contable de la sociedad al municipio, y ordenó establecer mecanismos de conciliación y actualizar el procedimiento para controlar los recaudos realizados conjuntamente por la Secretaría y la SEM. Si el modelo prometía generar mayores ingresos públicos, la ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto ha producido realmente para el municipio, cuánto ha costado y cuál ha sido el beneficio económico efectivo frente a los aportes realizados.
Y aquí llegamos al punto más delicado. ¿Puede esta situación tener consecuencias disciplinarias o penales? La respuesta responsable es: podría ameritar una investigación, pero los documentos disponibles no permiten afirmar que exista un delito. El régimen disciplinario contempla responsabilidad por acción u omisión cuando se incumplen deberes funcionales y exige demostrar culpabilidad. En materia penal, dependiendo de lo que una investigación llegara a demostrar sobre la estructuración y ejecución del negocio, podrían estudiarse figuras como el interés indebido en la celebración de contratos, el contrato sin cumplimiento de requisitos legales o, si existiera una omisión deliberada de un acto propio de las funciones, el prevaricato por omisión. Cada una exige elementos específicos que no pueden presumirse solamente a partir del retraso del desenglobe o de un hallazgo administrativo.
Precisamente por eso, antes de analizar la propuesta del representante a la Cámara de vender más patrimonio público, es necesario formular una pregunta de fondo. El interrogante no es solamente si los lotes públicos pueden venderse para financiar colegios, sino ¿qué garantías tendrá la ciudadanía de que esos bienes no terminarán en negocios en los que los municipios asumen el riesgo, el privado conserva la oportunidad de obtener beneficios económicos y las consecuencias de una mala decisión terminan siendo pagadas por los ciudadanos? Antes de vender un solo metro cuadrado del patrimonio público de Santander, sería prudente por parte del representante Mario José Carvajal explicar qué pasó con el lote de Tránsito de Piedecuesta.
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*Veedor municipal e integrante del Comité de Control Social de la Contraloría de Santander.
