Tres personas murieron y otras treinta resultaron heridos este martes en un operativo policial-militar para despejar el acceso a una planta de combustibles bloqueada por partidarios del expresidente Evo Morales, un día antes de que la OEA discuta una resolución para que Bolivia llame con urgencia a elecciones.
«Se ha constatado la existencia de tres muertos, dos de ellos confirmados (por impacto) de bala», incluido Dayvi Posto Cusi, un hombre de 31 años de edad, declaró un portavoz de la Defensoría del Pueblo, un órgano público encargado de proteger los derechos de los bolivianos.
«Estamos pidiendo a las autoridades una investigación», añadió.
Además, 30 personas resultaron heridas en la operación, indicó la Defensoría del Pueblo.
Los disturbios estallaron cuando «agitadores y vándalos enardecidos» atacaron y destruyeron parcialmente la planta de hidrocarburos de Senkata, en El Alto, ciudad vecina a La Paz, «utilizando explosivos de alto poder», informaron las Fuerzas Armadas bolivianas en un comunicado.
Poco antes el ejército y la policía había intervenido para despejar el acceso a la distribuidora de combustible, ocupada desde el jueves pasado por manifestantes leales a Morales, lo que casi paralizó el transporte público y privado en La Paz y afectó la distribución de alimentos.
Apoyados por carros blindados y helicópteros, una fuerza combinada de policías y militares luego escoltaron un convoy de carros cisternas desde el interior de la planta, según imágenes distribuidas en redes sociales.
Los manifestantes protestaban contra Jeanine Áñez, la presidenta interina de Bolivia que tomó las riendas del país andino 48 horas después de la renuncia de Morales el 10 de noviembre.
En Twitter desde su exilio en México, Morales denunció «que el gobierno de facto al estilo de dictaduras militares nuevamente mata a mis hermanos de El Alto que resisten pacíficamente el golpismo y luchan en defensa de la vida y la democracia».
De esta manera la violencia social en Bolivia, que comenzó después de las elecciones del 20 de octubre, calificadas de fraudulentas por los adversarios de Morales, deja 27 fallecidos y más de 400 heridos, según datos de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.
Ante los problemas de suministro de alimentos en La Paz, las autoridades locales coordinan con las fuerzas armadas para la distribución de comida, como carnes de pollo y vacuno.
Pero en los mercados de abasto de la capital administrativa del país se pueden observar largas filas de personas, tratando de obtener alimentos, cuyos precios se han disparado en medio de la especulación.
El caso boliviano en la OEA
Para intentar calmar la situación, Áñez ha prometido la pronta realización de elecciones presidenciales y legislativas, sin precisar la fecha.
La situación en el país andino será analizada el miércoles por el Consejo Permanente de la OEA, órgano ejecutivo del bloque regional con sede en Washington, que discutirá una propuesta de Colombia y Brasil para instar a Bolivia a llamar «urgentemente» a elecciones y adopte «prontamente» un calendario electoral que brinde todas las garantías democráticas.
La iniciativa instruye además a la Secretaría General de la OEA a otorgar a Bolivia todo el apoyo técnico «para que se dé inicio inmediato al proceso electoral, de conformidad con los principios de transparencia, independencia, credibilidad y confianza», tras el polémico recuento del boliviano tribunal electoral que fue descalificada por un informe de auditoría del organismo.
Diálogo lento y consensos políticos
Mientras los partidarios de Morales arrecian la presión, el gobierno interino participa en un diálogo iniciado el lunes por la Iglesia Católica, con el apoyo de la Unión Europea y la oficina de las Naciones Unidas en La Paz.
Las conversaciones se centran en la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) imparcial.
En la perspectiva de dialogar y concertar, el bloque político de Morales en el Senado convocó a sesionar para este miércoles para analizar las eventuales elecciones, tras suspender este martes una sesión del Congreso bicameral.
Las fuerzas de Morales son mayoría en ambas cámaras.
La presidenta de la cámara alta, Eva Copa, aseguró que buscan establecer «las condiciones para contribuir a la generación de un ambiente propicio para el diálogo» y también llamó a los militares a replegarse para evitar más muertes.
Un decreto de Áñez, que exime a los militares de cargos penales si se generan víctimas en sus tareas de mantener el orden en el país, fue calificado de «grave» por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ente autónomo de la OEA.
Otro decreto de la presidenta interina destina 4,8 millones de dólares al equipamiento militar de las Fuerzas Armadas.
