Por: Gloria Lucía Álvarez Pinzón/ Es ampliamente conocido en el país que la Corte Constitucional, en Sentencia T-361 de 2017, condenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por violar los derechos fundamentales a la participación ciudadana en materia ambiental, de acceso a la información pública, al debido proceso y al derecho de petición, por lo cual dejó sin efectos la delimitación del páramo de Santurbán hecha en 2014 y otorgó un año para expedir una nueva delimitación construida de forma participativa con las comunidades.
Según la Corte, el proceso participativo debe surtirse bajo un procedimiento previo, amplio, participativo, eficaz y deliberativo que conduzca a la construcción de acuerdos Gobierno-comunidades, bajo las premisas del consenso razonado.
Tales mandatos representan hoy, además, un referente jurisprudencial respecto a la forma como se materializa el derecho fundamental a la participación ciudadana ambiental, consignado en el artículo 79 de la Constitución y en el Acuerdo de Escazú aprobado por Ley 2273/22.
Sin embargo, la situación actual frente al cumplimiento de la sentencia pone en cuestionamiento la eficacia de las decisiones judiciales orientadas a proteger los derechos fundamentales o colectivos de las comunidades y la capacidad de los jueces de tutela de hacer cumplir sus mandatos.
El plazo otorgado por la corte para expedir la nueva delimitación del páramo fue de un año, venció en diciembre de 2018 y desde entonces, han pasado por el Ministerio de Ambiente cuatro ministros, de los cuales solo uno ha mostrado intenciones de lograr avances en el proceso.
La actual, que ya se encuentra pronta a cumplir dos años al frente de esta cartera, desde su llegada al cargo manifestó en medios de comunicación que no tiene interés en cumplir la orden judicial, cuestionando sus mandatos y argumentado que antes de delimitar el páramo hay que hacer ordenamiento del territorio alrededor del agua.
La funcionaria no ha mostrado el más mínimo interés por la delimitación, porque tal decisión significa trazar una línea divisoria clara entre la minería prohibida y la permitida, y la evidencia técnica y científica le impide extender el páramo hasta acabar con la actividad minera de Soto Norte (Santander), aplicando la prohibición de la Ley 1930 de 2018.
Por tal razón, el objetivo ministerial ya no es delimitar y proteger el páramo, sino mediante decisiones ambientales acabar con la minería formal de oro que se desarrolla en la provincia, porque la zona tiene un potencial muy alto de convertirse en el principal motor de desarrollo para el departamento y de incrementar notoriamente el aporte al PIB que hace el sector minero, lo que resulta inadmisible para el actual gobierno.
Como la orden judicial subsiste, la delimitación no está detenida por completo; avanza a paso extremadamente lento, a través de actuaciones en las que se derrochan recursos públicos en convenios inútiles o en reuniones a las que llegan más funcionarios públicos viaticando que personas de la comunidad, y de las que poco se obtiene. El procedimiento solo se mueve lo necesario para intentar sortear la amenaza de una sanción por desacato o por fraude a resolución judicial.
Frente al cumplimiento de esta orden judicial, el Ministerio se muestra hoy como un ente completamente errático, sin objetivos claros, extralimitado en sus funciones y persecutor de las comunidades de Soto Norte, cuyo único pecado consiste en querer y defender la actividad minera que le sirve de sustento.
La obsesiva animadversión gubernamental hacia la minería en Soto Norte tiene atemorizados a los todos mineros de la región, que se sienten diezmados y en una sinsalida, a tal punto que algunos ya muestran vergüenza de su actividad y se están viendo sometidos al desplazamiento o a convertirse en simples barequeros, olvidando que otrora la actividad era reconocida como símbolo de dignidad y progreso.
Los funcionarios que a nombre del Ministerio interactúan con las comunidades, en vez de solucionar complican y se han convertido en motores generadores de conflicto, para después, en sus informes al Tribunal, mostrar como incapacidad lo que en realidad es un total desinterés por cumplir las órdenes del alto tribunal.
El Ministerio Público en estos casi 7 años de proferida la sentencia ha presentado 19 informes de evaluación sobre los avances y ha denunciado reiteradamente el incumplimiento de los mandatos judiciales, evidenciando el incumplimiento sistemático de los cronogramas presentados, los cuales son reemplazados por otros, con nuevos plazos que igualmente se infringen, lo que ha llevado el proceso a un inadmisible círculo vicioso que parece no tener fin.
El descaro institucional es tal, que el Ministerio hace más de 8 meses, de forma unilateral e injustificada, suspendió toda actuación, dejó de actualizar el Minisitio “Santurbán Avanza” que es el medio de publicación de los avances a las comunidades y ha llegado al punto de omitir la entrega de informes al tribunal.
Al conocer el duro cuestionamiento hecho por los entes de control en el informe entregado el pasado 11 de abril de 2024, los funcionarios gubernamentales apresuradamente convocaron y realizaron el 21 y 22 de abril una reunión en Suratá, y de inmediato presentaron un informe al tribunal mostrando el incipiente avance.
La reunión en Suratá fue un total fracaso pues, a pesar de los dos días de trabajo, no se pudo culminar la concertación y lo que lograron generar fue un total y absoluto rechazo de la gente frente al anuncio del Ministerio de que se encuentra próximo a declarar reserva ambiental el territorio apto para la minería que está por fuera del páramo de Santurbán, en una decisión completamente absurda e inconsulta con la comunidad.
El Tribunal Administrativo de Santander, ha abierto en 4 ocasiones incidente de desacato, pero finalmente no ha impuesto ninguna sanción; en otras 4 ocasiones se ha abstenido de iniciarlo y ha emitido 5 autos haciendo requerimientos para exhortar al cumplimiento de la decisión.
Mientras se prolonga la omisión gubernamental y el territorio se sume en la incertidumbre, ha comenzado a proliferar, como un mal mayor, la minería ilegal en toda la región, pero especialmente en el corazón del páramo, generando un preocupante deterioro, alterando el orden público e incrementando los niveles de contaminación en la cuenca abastecedora del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.
Por tal razón, la benevolencia del tribunal frente al reiterado incumplimiento del ministerio resulta ya inadmisible, pues hay pruebas que evidencian que el páramo está en riesgo y el caso ya raya con el Código Penal.
La sanción parece inevitable, por la desfachatez del desacato, porque no se puede aceptar más burla a la decisión judicial, porque la comunidad reclama que se ponga punto final a catorce años de indefinición, porque no se puede perder la credibilidad de la administración de justicia, pero, principalmente, porque el páramo está en grave riesgo debido a las consecuencias que está trayendo la omisión; no podemos olvidar que el páramo es el ecosistema de especial importancia ecológica más importante en el país y que sobre él hay un mandato supremo de protección y conservación.
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*Abogada, docente e investigadora en Derecho Ambiental.
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