El Tribunal Administrativo de Santander sancionó a la ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, por desacato en el proceso de delimitación del páramo de Santurbán, imponiéndole una multa económica y señalando negligencia en la socialización y liderazgo de un ecosistema estratégico que lleva nueve años sin protección definitiva.
En un fallo que marca un hito en la larga disputa por la protección del páramo de Santurbán, el Tribunal Administrativo de Santander sancionó a la ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, por desacato y presunta negligencia en la socialización del proceso de delimitación, imponiéndole una multa y exigiendo medidas verificables para garantizar la participación comunitaria. La decisión revive la polémica sobre un ecosistema estratégico que lleva más de nueve años sin una línea de protección definitiva tras la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.
El páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín es uno de los ecosistemas más estratégicos de Colombia, fuente de agua para más de dos millones de personas en Bucaramanga y Cúcuta. En 2017, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-361, dejó sin efectos la delimitación previa (Resolución 2090 de 2014) y ordenó un nuevo proceso con participación amplia y efectiva de las comunidades. Sin embargo, desde entonces, tres gobiernos han pasado sin que se concrete una delimitación definitiva.
El Tribunal Administrativo de Santander concluyó que la ministra Vélez, en funciones desde agosto de 2025, incumplió órdenes explícitas de ratificar un cronograma, liderar mesas de concertación y garantizar la participación comunitaria. La magistratura consideró que su defensa, basada en culpar a administraciones anteriores, constituía una “culpa por negligencia”. La sanción consiste en una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, que deberá pagar con su patrimonio personal.
Además, el Tribunal otorgó un plazo de diez días hábiles para que el Ministerio presente un informe exhaustivo con fechas definitivas de delimitación municipio por municipio.
La sanción generó reacciones inmediatas en Santander. Líderes mineros y sociales celebraron la decisión, aunque advirtieron sobre el riesgo de una delimitación “exprés” en los últimos días del actual gobierno. Ivonne González, vocera del Comité de Dignidad Minera, expresó satisfacción por el fallo, pero alertó sobre una convocatoria en Bucaramanga el próximo sábado 4 de julio, en donde teme que se impulse una delimitación progresiva sin participación adecuada.
Organizaciones ambientales, por su parte, señalaron que la sanción refleja la gravedad del incumplimiento estatal frente a un ecosistema vital. La Procuraduría fue llamada a vigilar el proceso y el presidente electo, Abelardo De La Espriella, recibió solicitudes de intervenir en el empalme para evitar decisiones apresuradas.
Antecedentes de incumplimiento
– 2014: Resolución 2090 delimita el páramo, pero es anulada por la Corte Constitucional.
– 2017: Sentencia T-361 ordena nueva delimitación con participación comunitaria.
– 2018-2022: Durante los gobiernos de Duque y Petro, se realizaron mesas de trabajo y socializaciones, pero sin resultados definitivos.
– 2025: Irene Vélez asume como ministra encargada y promete avanzar en el proceso.
– 2026: Tribunal sanciona a Vélez por incumplimiento reiterado.
El páramo de Santurbán es considerado un “tesoro hídrico” por su capacidad de regulación de agua y biodiversidad. La falta de delimitación ha generado incertidumbre en comunidades campesinas y mineras, que reclaman claridad sobre sus derechos y actividades permitidas. Ambientalistas insisten en que la demora expone el ecosistema a riesgos irreversibles, mientras sectores mineros temen restricciones drásticas sin concertación real.
El núcleo del conflicto radica en la participación ciudadana. La Corte Constitucional ordenó que el proceso fuera deliberativo y garantista, pero las comunidades denuncian que las socializaciones han sido superficiales y que las decisiones se toman en Bogotá sin escuchar a los territorios. El Tribunal reprochó que el Ministerio confundiera actividades administrativas con cumplimiento efectivo de la sentencia.
