En un fallo histórico, el Consejo de Estado declaró la nulidad total de la ordenanza 425 de 2016 que autorizaba el cobro de una tasa de seguridad en las facturas de energía eléctrica en el Valle del Cauca.
La decisión, firmada el 17 de julio de 2025, pone en entredicho la legalidad de esquemas similares adoptados en otros departamentos, como Santander, donde recientemente se aprobó una medida casi idéntica promovida por el gobernador Juvenal Díaz.
El alto tribunal concluyó que la Asamblea Departamental del Valle carecía de competencia legal para imponer este tributo. Entre las razones principales del fallo se destacan:
Ausencia de hecho generador definido: La ordenanza no especificaba con claridad qué servicio se prestaba ni cómo se justificaba el cobro en función de sus costos reales.
Violación del principio de legalidad tributaria: El cobro se basaba en el consumo de energía, pero los recursos se destinaban a seguridad, un servicio ajeno al sector energético.
Falta de elementos estructurales del tributo: No se definía el sujeto pasivo ni la metodología para calcular la tarifa.
Uso indebido de la factura de servicios públicos: Según la Superintendencia de Servicios Públicos, las facturas solo pueden incluir conceptos directamente relacionados con el servicio prestado.
¿Qué implica esto para Santander?
La Asamblea de Santander aprobó en abril de 2025 la Tasa Especial de Seguridad Multidimensional, que comenzará a cobrarse en septiembre a través de los recibos de energía. Aunque se excluyen los estratos 1, 2 y 3, los estratos 4, 5 y 6, junto con sectores comerciales e industriales, deberán asumir el nuevo gravamen.
El modelo santandereano se sustenta en la Ley 2272 de 2022, que define el hecho generador del tributo y faculta a los departamentos para su implementación. Sin embargo, el fallo del Consejo de Estado podría abrir la puerta a acciones jurídicas que cuestionen si el cobro cumple con los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad y destinación específica.
Además, el antecedente del Valle podría ser utilizado por opositores de la medida en Santander, quienes ya han denunciado falta de claridad en la destinación de los recursos, amenazas a diputados y posibles conflictos de interés en la aprobación del proyecto.
Aunque el gobernador Juvenal Díaz ha defendido la legalidad de la tasa y su impacto positivo en la seguridad del departamento, el precedente judicial obliga a revisar con lupa los elementos técnicos y jurídicos del modelo aprobado. Si se demuestra que el cobro vulnera principios tributarios o se basa en una metodología similar a la del Valle, la tasa podría correr la misma suerte.
El pasado 16 de junio, el Tribunal Administrativo de Santander había suspendido provisionalmente el cobro de la tasa de seguridad en los recibos de la luz en Santander.
Lo que persigue el tributo
Según el gobernador Juvenal Díaz, el recaudo estimado por la Tasa Especial de Seguridad Multidimensional en Santander sería de aproximadamente 200.000 millones de pesos durante el periodo de vigencia, que va del 1 de septiembre de 2025 al 31 de diciembre de 2028.
Este monto representa una reducción frente a la proyección inicial de 380.000 millones, tras ajustes realizados en diálogo con gremios empresariales y comerciantes, especialmente en Barrancabermeja. La tasa se aplicará de forma progresiva según el consumo de energía, con topes definidos para hogares y empresas, y excluye a los estratos 1, 2 y 3.
Si el Tribunal Administrativo de Santander declara la nulidad definitiva de la Tasa Especial de Seguridad Multidimensional, el impacto podría sentirse en varios frentes, especialmente en los planes de inversión que la Gobernación había proyectado para fortalecer la seguridad ciudadana.
Los recursos están destinados a:
- Adquisición de drones, cámaras de vigilancia y CAI móviles
- Incremento del pie de fuerza policial en zonas críticas
- Modernización de equipos logísticos y tecnológicos
- Fortalecimiento de la inteligencia artificial aplicada a seguridad
Sin esos fondos, muchos de estos proyectos podrían retrasarse, reducirse o cancelarse, especialmente en municipios con altos índices de criminalidad como Barrancabermeja, Bucaramanga y Floridablanca.
- Menor capacidad de respuesta ante delitos urbanos y rurales
- Desconfianza institucional, al no cumplirse las promesas de mejora
- Mayor presión sobre el presupuesto ordinario, que ya enfrenta restricciones por inflación y baja ejecución
Además, la suspensión de la tasa podría desincentivar futuras iniciativas de financiación ciudadana, si no se logra construir un modelo más transparente y participativo.
Algunos líderes políticos han propuesto reorientar recursos existentes dentro del presupuesto departamental, eliminar gastos innecesarios y fortalecer programas de prevención del delito. También se ha sugerido activar mesas técnicas con expertos y ciudadanía para diseñar un modelo más equitativo y legalmente sólido.
