Por: Gustavo Herrera Acelas/ La primera obligación de un Estado moderno es procurar el bienestar de la población. Simón Bolívar lo definía con la siguiente frase: “El mejor sistema de Gobierno es aquel que proporciona mayor suma de felicidad posible, mayor seguridad social y mayor estabilidad política”.
Para ello, el Estado recurre a sistemas de política pública en los cuales gravita la competencia entre la justicia social y la eficacia económica.
Entre de las posibles “fallas del Estado” destaca una deficiente planeación nacional, porque se asignan recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos escasos a programas y proyectos que pueden estar mal concebidos, mal diseñados y mal ejecutados, lo que compromete su eficacia.
Un ejemplo de ello ha sido el fallido Plan de Desarrollo Nacional que ilustra adecuadamente los problemas que se producen cuando los programas de gobierno no se ciñen a la disciplina del ciclo de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
Un Estado fallido sería el que definitivamente no ha logrado consolidarse plenamente como autoridad legítimamente constituida para dirimir los conflictos de la población de los territorios más significativos de un país: regular y apoyar la vida económica del conjunto de los pobladores y ofrecer los servicios públicos que la población demanda. En cambio, un Estado colapsado sería un Estado que alguna vez ejerció esa soberanía y dominio del país, pero los perdió por causas internas o externas. En ambos casos, la autoridad estatal puede ser compartida o desafiada por otros grupos de poder.
Los Estados fallidos son Estados que presentan un desarrollo incompleto y deficiente de las instituciones básicas que conforman el Estado weberiano. No tienen el monopolio de la fuerza y no pueden proveer servicios básicos a sus ciudadanos, desde la educación y la salud hasta la protección de contratos y la formalización de la tenencia de bienes y propiedades. Presentan alguna forma de inestabilidad política, que muchas veces toma rumbos violentos. Al mismo tiempo, “fallido” es un rótulo severo que sirve, si acaso, para describir una serie de incapacidades y deficiencias, pero que no refleja la situación de la mayoría de los Estados subdesarrollados y políticamente inestables del mundo.
Pese a que el Gobierno de Duque aspira todavía a consolidar un buen mandato, la realidad es que Colombia afronta varias problemáticas importantes, que se han agravado. El mandatario colombiano nunca brindó el apoyo necesario a la causa de la paz, lo que ha ocasionado el levantamiento de un sector importante de los sectores sociales y políticos
A su vez, el asesinato de líderes sociales es una problemática del Gobierno de Duque que no se le encuentra solución, pese a las continuas demandas de la población por evitar estos crímenes.
Pese a las movilizaciones constantes de la población para que el Gobierno atienda de forma efectiva la situación, la administración de Duque aún no ha sabido contrarrestar la situación, según evidencian las estadísticas.
Asimismo, existen otras complicaciones en Colombia, como el trato recibido por campesinos y pueblos indígenas por el Gobierno colombiano, que no atiende sus necesidades y derechos inalienables. Organizaciones defensoras de Derechos Humanos de Colombia denunciaron las precarias condiciones en las que se encuentran los pueblos indígenas y afrodescendientes, ante la desidia del gobierno de Iván Duque, a quien acusan de no atender las declaratorias de crisis humanitaria por desplazamiento, muerte de niños por desnutrición, entre otras situaciones.
Aunque siendo sensatos, pienso que la mayor falla del Estado Colombiano independientemente del mandatario es su estructura en lo que tiene que ver con los entes de control. En el Senado fue radicado un proyecto de acto legislativo para que la escogencia de fiscal, procurador, defensor del Pueblo, contralor y magistrados de los altos tribunales se haga por sistema de méritos.
Para mi debería ser escogidos por los partidos de oposición al gobierno para que en realidad haya pesos y contrapesos y se impida el exceso de poder. pues a la cabeza de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría llegaron allegados e incluso exfuncionarios del presidente Iván Duque, en el Congreso hace carrera un proyecto para cambiar la forma en que son elegidos no solo los jefes de los entes de control, sino también los magistrados de las altas cortes. Si bien el revolcón es visto con buenos ojos por juristas, constitucionalistas y legisladores, no dejan de advertir que los chances de que prospere son pocas y que el camino está repleto de obstáculos.
La iniciativa es promovida por el senador Eduardo Pacheco, de Colombia Justa Libres, con apoyo de congresistas de otras bancadas como la Alianza Verde, Centro Democrático y Cambio Radical. El proyecto de acto legislativo plantea cambiar la forma en la que son elegidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Adicionalmente, modificar el método para escoger fiscal, contralor, procurador y defensor del Pueblo, así como registrador y magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Es decir, 88 cargos que ahora serían seleccionados y elegidos, ya no por las mismas altas cortes, el presidente o el Congreso sino por una universidad pública y otra privada “de alta calidad”. Ambas instituciones escogerían a los funcionarios con mayor puntaje de listas conformadas a través de una convocatoria pública a un concurso de méritos.
A tan ambiciosa la iniciativa, que propone reformar 10 artículos de la Constitución buscando que en la elección ya no primen intereses particulares, el clientelismo o la falta de independencia, para privilegiar el mérito. “Se propende por la transparencia en la selección y elección, y, por ende, el ejercicio profesional, ético y de calidad moral de quienes regentarán la función de servidores públicos”, argumenta Pacheco.
Se establece además que quien haya ejercido como magistrado de alguna de las altas cortes, o desempeñado el máximo cargo en los entes de control, no podrá ser seleccionado ni postularse a convocatorias para alguno de los puestos, ni ser elegido a un cargo de elección popular, sino un año después de haber concluido funciones.
Lo que hay que pensar es en la reforma política y electoral, incorporando la elección de magistrados del CNE, que no controlan nada, no tienen dientes y son agentes políticos de los partidos
Todos los problemas que hemos vivido son por el diseño de la Constitución del 91 que a pesar de ser una de las constituciones más reformadas n el mundo todavía le falta mucho. Hay que aumentar las calidades para ser magistrado y la edad para llegar a las altas cortes, así como el régimen de incompatibilidades, sobre todo en la injerencia de los organismos de control.
El proyecto fue radicado hace menos de 15 días y aún está pendiente de ser enviado a comisión. Desde ya se vislumbra como una fórmula para fortalecer el sistema de pesos y contrapesos, pero como muestra la evidencia, tendrá que superar precisamente los males que pretende enfrentar (clientelismo y primacía de intereses oscuros) para prosperar. Como decía Jaime Garzón, “tú me eliges yo te nombro y ambos somos cómplices”.
*Dirigente comunal, artista y consultor de marketing
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