El gobierno enfrenta un déficit fiscal cercano al 7% del PIB, lo que ha motivado una serie de reformas tributarias en busca de mayores ingresos. Esta tercera iniciativa se presenta en un momento políticamente complejo, con un Congreso fragmentado y una relación desgastada entre el Ejecutivo y las bancadas legislativas. Además, se trata del último año del mandato presidencial, lo que históricamente reduce las probabilidades de aprobación de reformas de gran calado.
Impacto en el sector de carbón y petróleo
Aunque las empresas del sector solo aportarían el 3,3% del total esperado por la reforma (869.000 millones de pesos), las nuevas cargas tributarias son consideradas desproporcionadas. La reforma propone igualar la sobretasa del carbón con la del petróleo, lo que implica que cuando el precio del carbón supere el percentil 65 de sus precios históricos, se aplicaría una sobretasa de 15 puntos porcentuales.
Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), esto elevaría la tarifa efectiva de renta entre el 45% y el 50%, una carga que para cualquier actividad económica resulta insostenible. Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, calificó estas medidas como una “fase extrema de persecución ideológica” hacia el sector.
Además, se mantendría el impuesto del 1% sobre la primera venta o exportación de petróleo y carbón, creado durante la conmoción interior en el Catatumbo. Para los gremios, esto representa una medida confiscatoria que afecta la competitividad sin ofrecer alternativas de transformación productiva o fiscal en las regiones productoras.
Efectos sobre la inversión y el empleo
La reforma podría tener consecuencias negativas sobre la inversión extranjera directa y la generación de empleo. Al aumentar la carga tributaria sobre sectores estratégicos, se desincentiva la inversión en exploración, producción y desarrollo de nuevos proyectos. Esto es especialmente preocupante en un país donde el petróleo y el carbón representan una parte significativa de las exportaciones y de los ingresos fiscales.
La incertidumbre regulatoria y fiscal también podría alejar a inversionistas internacionales, quienes buscan estabilidad y previsibilidad en los mercados donde operan. En este sentido, la reforma no solo afecta a las empresas directamente involucradas, sino que también pone en riesgo empleos, encadenamientos productivos y recursos para las regiones productoras.
¿Transición energética o castigo fiscal?
El gobierno ha defendido estas medidas como parte de una estrategia de transición energética. Sin embargo, los gremios señalan que no se han desarrollado políticas claras para sustituir la actividad extractiva por alternativas sostenibles. La reforma parece castigar al sector sin ofrecer un camino viable hacia una economía baja en carbono.
Además, se cuestiona la coherencia del discurso oficial, ya que mientras se promueve la transición energética, se penaliza incluso a tecnologías intermedias como los vehículos híbridos, que perderían beneficios tributarios. Esta contradicción debilita la narrativa gubernamental y genera dudas sobre la verdadera intención detrás de la reforma.
¿Es viable la reforma?
Más allá del impacto sectorial, la viabilidad política de la reforma es incierta. Diversos partidos han manifestado su rechazo y los analistas anticipan dificultades para conseguir los votos necesarios en el Congreso. Incluso si se aprueba parcialmente, es probable que se modifiquen varios de sus artículos más polémicos.
La estrategia del gobierno de presentar el proyecto tributario junto con el presupuesto general ha sido criticada por expertos como el exministro Juan Camilo Restrepo, quien advierte que no puede asumirse como un hecho que el Congreso aprobará los nuevos ingresos. Esto podría generar un desbalance fiscal si el presupuesto se aprueba sin contar con los recursos necesarios.
