Por: Pablo Arteaga/ Hoy Colombia cruza nuevamente por un momento de suma importancia, el cual quedará marcado en la historia de este país, como lo fue, el golpe militar del general Rojas Pinilla (1953), el robo de armas al Cantón Norte por la guerrilla del M-19 (1979), el asalto al Palacio de Justicia (1985) o la promulgación de la Constitución (1991), solo por mencionar algunos.
Desde el 28 de abril del 2021, se iniciaron unas jornadas de protestas a nivel nacional, motivadas aparentemente por la decisión del Gobierno Nacional de presentar un proyecto de Ley que proponía una reforma tributaria, sin embargo, la realidad fue que este hecho se convirtió en la motivación para invitar a los ciudadanos a ejercer su derecho a la legitima protesta pacífica en contra de un hecho que afectaría el bolsillo de todos.
Como si fuera poco, la emblemática entrevista del Ministro de Hacienda de ese momento, Alberto Carrasquilla, en donde hacía referencia, que un cartón de huevos de 12 unidades, tiene un costo de 1.800 pesos, apreciación que estaba realmente lejos de la realidad del mercado y sobre todo dejó al descubierto la descontextualización del ministro frente a la situación que estaba viviendo el país en su canasta familiar, situación que no perdonó el pueblo, ya que precisamente era él como Ministro de Hacienda, el proponente de la reforma tributaria presentada ante el Congreso de la República, es así como esta particular respuesta por parte del ministro Carrasquilla se convirtió en la chispa que daría impulso al inicio de las jornadas de protestas en todo el territorio nacional.
Posteriormente, pasada una semana de fuertes protestas en todo el territorio y sin vísperas de futuros diálogos frente a una concertación de los puntos del proyecto de ley presentado por el gobierno ante el Congreso de la República, este toma la decisión de retirarlo definitivamente el 5 de marzo del 2021, a fin, de poder acabar con las protestas y poder continuar con la agenda legislativa proyectada por el gobierno del presidente Duque, en las que incluía no solo la polémica reforma tributaria, si no, una serie de reformas como la de la salud, pensiones, educación, entre otras.
Con lo que no contaba el gobierno nacional era que este solo era la punta del iceberg del inconformismo que en los últimos 25 años ha venido creciendo de manera acelerada por un sinnúmero de reformas constitucionales, que han permitido beneficiar a unas pocas familias dueñas de las concesiones, contratos de tercerización entregados por el Estado y de poderosos sectores económicos, así como el desmejoramiento de la calidad de vida de la población en general.
Estos hechos han llevado a que uno de los países con mayores riquezas en el mundo, hoy se encuentre sumido en el desempleo, inseguridad, descomposición social, desatención de los deberes del estado, falta de oportunidades y una desesperanza para las futuras generaciones.
Sumado a esta difícil situación por la cual hoy atraviesa el país, se suma, la pérdida de principios y valores sociales por parte de los habitantes y algo aún más grave, la pérdida del respeto a la institucionalidad del Estado, al igual que la perdida de la confianza en su gobernanza, lo que en gran parte se lo debemos a todas las modificaciones o reformas constitucionales que durante los últimos 30 años le han hecho a la constitución de 1991, la cual partió del principio de ser un Estado Social de Derecho, enfocado a la defensa de los derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, a la salud, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, etc.
Contario al preámbulo de la Constitución de 1991, a hoy, vemos que en esta constitución se bendijeron los tres ejes principales de la política neoliberal, las privatizaciones, la apertura económica y la flexibilización laboral, los cuales generaron la democratización de la propiedad pública, que no es más, que la conversión de las propiedades del Estado en empresas por acciones, la forma de propiedad preferida por el capital financiero internacional, para tomar control sobre las decisiones de los gobiernos intervenidos con sus capitales, inculcando así a sus gobernantes y funcionarios públicos, a una cultura de toma de decisiones bajo contraprestación.
Es por eso que fácilmente hoy vemos casos particulares como el carrusel de la contratación, caso de corrupción política desarrollado en la ciudad de Bogotá, llevado a cabo durante la administración del exalcalde Samuel Moreno Rojas en el 2010, el del Jefe Anti-Corrupción de la fiscalía colombiana, Luis Gustavo Moreno en el 2018, el cual fue capturado en apoyo con la DEA y condenado por el denominado ‘Cartel de la Toga’ y que finalmente salpicó a un sin número de personalidades del país, el escándalo de impunidad de Reficar, el cual es el caso de corrupción más grave en los últimos 200 años de historia y que fue archivado por parte de la procuraduría, en el proceso encontramos personalidades como, los exministros Juan Carlos Echeverry Garzón, Mauricio Cárdenas, al expresidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez, a los exmiembros de la junta directiva, Joaquín Moreno,, Hernando José Gómez, Federico Rengifo, Manuel Fabio Echeverry Correa, Henry Medina González, Amilkar Acosta Medina y Roberto Steiner Sampedro, solo por nombrar algunos.
Este es un frágil reflejo de la pérdida de temor frente a la violación de la ley y las normas. De igual manera, podemos ver no solo en las altas esferas la pérdida y descomposición de la ética, los valores, los principios y el respeto por la autoridad y la ley, sino que también la podemos identificar las poblaciones más párvulas de nuestra sociedad, frente a sus maestros o inclusive frente a sus mismos progenitores u tutores, en situaciones en las que la constitución ampara unos derechos fundamentales que finalmente permiten la construcción de una sociedad sin ley, sin orden, sin ética, sin principios, ni valores, desfigurándose el marco del Estado Social de Derecho, e impidiendo la construcción de una sociedad prospera y sostenible.
Gran polémica se genera cuando por alguna razón motivada se tocan temas tan polémicos como la posibilidad de incluir la pena de muerte, la eutanasia, el aborto, etc., dentro de nuestra amplia legislación colombiana, al punto en el que encontramos manifestaciones de grupos poblacionales que apoyarían, en algún momento dado, un referendo para la inclusión, por ejemplo, de la pena de muerte para delititos contra la función pública generados por corrupción, pena de muerte para los delitos en contra de menores de edad, como pedófila, homicidios o abuso sexual de estos, como los conocidos en el caso de Garavito o inclusive, pena de muerte para delitos por feminicidio.
Sin embargo, a pesar que este país esta consumido por ese gran cáncer llamado corrupción, herencia, de la implementación de políticas neoliberales y que casi que podría asegurar que, más del 90% del constituyente primario podría estar de acuerdo, que a través de un referendo (Art 374 C.P)., se apruebe una reforma constitucional que permita, la inclusión de la pena de muerte para los funcionarios públicos, personas naturales o jurídicas, que cometan delitos en contra de la función pública y/o cometan delitos de corrupción que atenten en contra el patrimonio del estado, o inclusive los delitos de pedofilia, sea sometidos a pena de muerte, es relevante aclarar que esto no sería posible por el modelo constitucional que hoy rige nuestro país desde 1991.
La crítica coyuntura que hoy vive Colombia, la cual día a día, sigue siendo alimentada por las equivocadas decisiones tomadas por el gobierno nacional que en vez de reivindicar los derechos y principios de una sociedad justa y equitativa, lo único que logra es el constreñimiento, persecución y deslegitimación del Estado, sumado a los desmanes presentados en las protestas tanto por parte de fuerza pública como por parte de los manifestantes, han ido abonando un escenario de inconformismo e inestabilidad de no retorno, propicio para la generación de un cambio real y estructural del estado y la constitución a través del único mecanismo que le permite al constituyente primario hacerlo, este mecanismo es, la convocatoria de una asamblea nacional constituyente en donde se re direccione el modelo económico, lejos del cancerígeno Neoliberalismo y del modelo constitucional que hoy rige en el país, llevando a la actual constitución a pasar de ser un Estado Social de Derecho a un Estado de Derecho con responsabilidad social.
Esta reestructuración permitiría la reorientación de la política económica del país, eliminando así doctrinas, principios neoliberales que atenten en contra del futuro y cualquier tipo de regulación que permita la tercerización de las funciones del Estado, así como la recuperación de las empresas al servicio público que hoy se encuentran en manos de grandes emporios económicos nacionales e internacionales, permitiendo que las utilidades de estos sectores entren realmente a las arcas del estado, para su posterior reinversión en los sectores y a la inversión social, de igual manera la implementación de la pena de muerte para personas naturales o jurídica que cometan delitos en contra de la función pública, delitos de pedofilia, feminicidio entre otros, penas más fuertes, pero a su vez, la reinserción social de los privados de la libertad con programas productivos dentro de los centros penitenciarios administrados por el estado, así como la exigencia del voto obligatorio, la implementación de cátedra de ética y valores en todos los niveles.
El nuevo orden constitucional, económico, político y social está nuevamente en manos del pueblo colombiano.
…
*Profesional en Comercio Internacional y Especialista en Gerencia de Proyectos.
Correo: arteagapab@gmail.com
Twitter: @2018Arteaga
