Por: Erika Bayona López/ Esta columna examina el caso desde una perspectiva legal, destacando las implicaciones constitucionales, la posibilidad de responsabilidad estatal por fallas en la protección y la necesidad de una respuesta institucional que garantice verdad, justicia y reparación integral. Asimismo, plantea que este suceso debe convertirse en un punto de inflexión para reforzar las medidas de protección a candidatos y líderes políticos, asegurar la correcta tipificación de los delitos y erradicar la impunidad como forma de salvaguardar la democracia y el Estado de derecho.
El suceso y su contexto
El 7 de junio de 2025, durante un mitin político en el parque El Golfito, en Modelia (Bogotá), Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, fue víctima de un atentado armado. Recibió tres impactos de bala —dos en la cabeza y uno en una pierna— que lo dejaron en estado crítico. Permaneció más de dos meses hospitalizado en la Fundación Santa Fe, donde falleció el 11 de agosto de 2025 debido a una hemorragia en el sistema nervioso central.
Este hecho no solo truncó una vida y una carrera política, sino que hirió de manera profunda la confianza ciudadana en la seguridad y en la democracia.
Investigación y avances jurídicos
La Fiscalía General de la Nación, encabezada por Luz Adriana Camargo, avanzó rápidamente con la captura de seis personas, incluido un menor de edad señalado como autor material, y alias “El Costeño”, presunto coordinador del ataque. Inicialmente, los detenidos fueron imputados por tentativa de homicidio agravado; sin embargo, los cargos se elevaron a homicidio agravado tras el fallecimiento de Uribe Turbay.
La defensa de la familia ha solicitado que el caso sea investigado también bajo las figuras de magnicidio, terrorismo y crimen de lesa humanidad, dada la condición de la víctima como servidor público y aspirante a la Presidencia.
Implicaciones constitucionales y estatales
El magnicidio plantea cuestionamientos sobre la responsabilidad del Estado en la protección de figuras públicas. Aunque las reparaciones económicas no siempre son el centro de este tipo de procesos, sí es relevante una reparación moral y simbólica que reafirme el compromiso con la vida y la democracia.
La Rama Judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otras instituciones han condenado el hecho y llamado a evitar la polarización, priorizando el fortalecimiento institucional.
Entre la figura pública y la víctima
Miguel Uribe Turbay no fue un mártir que entregó su vida por una causa ni un héroe inmolado en nombre de la justicia. Fue, ante todo, una víctima más de la crueldad y de un sistema que instrumentaliza la muerte con fines de poder.
El mismo día en que recibió los disparos, defendía sin reservas la idea de que debía autorizarse el uso de armas en un país herido por la violencia. Nunca se retractó de afirmar que a Dilan Cruz no lo mató el ESMAD, sino que “se cruzó en la trayectoria de un proyectil”. Como secretario de Gobierno, respaldó medidas que muchos consideraron una respuesta insuficiente ante el feminicidio de Rosa Elvira Cely, al afirmar que si aquella noche ella no hubiera salido, hoy estaría viva.
Durante sus últimos días, ocupó un piso entero de uno de los hospitales más prestigiosos del país, un privilegio que su familia podía costear y que le permitió recibir atención médica de alto nivel. Por eso, jamás conoció en carne propia la urgencia de una reforma a la salud.
Lo que ocurrió con Miguel no es justo, no se celebra, no se goza ni debe provocar alegría. Pero tampoco debe ocultarse que fue un actor político que usó su posición y su voz para impulsar posturas que dividieron y alimentaron narrativas de odio y desconfianza. Esa misma espiral de violencia y mentira que afectó a tantos, terminó por alcanzarlo también a él.
Una herida para la democracia y una oportunidad de respuesta
Este crimen revive episodios oscuros de la historia política del país, recordando que la violencia contra líderes y candidatos no es un problema superado. Colombia enfrenta el reto de responder no con miedo o polarización, sino con justicia efectiva, diálogo y garantías democráticas.
No podemos resignarnos a que la injusticia se convierta en costumbre ni permitir que el dolor de las víctimas sea enterrado en el silencio. Desde cada espacio —en las calles, en los medios y en las redes— debemos alzar la voz, porque su lucha también nos pertenece. Cuando una sociedad se levanta en defensa de lo justo, ninguna sombra puede apagar su luz. Hoy más que nunca, necesitamos ser la voz que denuncia, el puente que une y la fuerza que impulsa el cambio.
Un llamado al imperio del derecho
Desde el punto de vista jurídico, este caso exige:
- Impunidad cero: llegar hasta los autores intelectuales y materiales, sin excepciones.
- Tipificación adecuada: homicidio agravado, terrorismo o magnicidio, según corresponda, para reflejar la gravedad del crimen.
- Reparación integral: medidas morales y legales que reconozcan el daño a la democracia.
- Prevención democrática: reforzar la protección a candidatos y líderes, especialmente en épocas electorales.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay no debe quedar como una estadística más. La justicia y la memoria colectiva exigen que este episodio sea un punto de inflexión para cerrar el paso a la violencia política y consolidar un Estado de derecho en el que el debate se gane con ideas, nunca con balas. Porque si el silencio gana, todos perdemos; pero si la verdad y la justicia prevalecen, ningún acto de violencia podrá doblegar la voluntad de un pueblo que se sabe libre.
El deber de no callar ante la injusticia
La lucha contra la injusticia no conoce fronteras ni limitaciones geográficas. En tiempos donde la voz de muchos parece apagarse, recordamos que cada acto de resistencia, por pequeño que parezca, suma en la construcción de un mundo más justo.
Esta columna es un llamado a no permanecer indiferentes y a convertirnos en eco, puente y fuerza para quienes hoy necesitan ser escuchados.
Las fronteras pueden separarnos físicamente, pero no pueden dividir la dignidad humana ni el anhelo colectivo de justicia. Cuando una comunidad, un país o incluso una región atraviesa momentos de dolor y vulneración, el silencio no es una opción. Guardar silencio frente a la injusticia es permitir que la herida se profundice y que la indiferencia se convierta en costumbre.
No podemos aceptar que la vulneración de derechos se normalice ni que el sufrimiento de las víctimas quede relegado a un rincón del olvido. Desde cada espacio —ya sea en una plaza pública, en un medio de comunicación o incluso desde una red social— tenemos la responsabilidad de levantar la voz.
Porque su causa es también la nuestra; porque cada historia silenciada es un eco que tarde o temprano golpeará nuestra propia puerta. La fuerza de un pueblo radica en su capacidad de unirse por lo que es justo. Ningún poder, por imponente que parezca, puede apagar la luz que nace de la unión y la determinación.
Hoy, más que nunca, debemos ser reflejo de esa fuerza, convirtiéndonos en eco de quienes han sido acallados, en puente que conecta la esperanza con la acción y en motor que impulse los cambios que el presente exige.
No se trata solo de acompañar desde la distancia, sino de entender que nuestra voz, sumada a muchas otras, tiene la capacidad de romper barreras y resonar allí donde intentan que la verdad no llegue. La injusticia no distingue nacionalidades ni acentos; es un enemigo común que debemos enfrentar con convicción y solidaridad.
Que no nos venza el cansancio ni la resignación. Que cada palabra y cada gesto sean recordatorios de que la dignidad humana no se negocia. Y que nuestra voz, multiplicada, sea imposible de ignorar. Porque mientras exista injusticia, existirá también la voluntad de quienes, desde cualquier rincón, se niegan a callar.
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*Business Data Analyst – IT & Logistics / MBA & Máster en Project Management. Auditor interno BASC. Administradora de Negocios Internacionales y Especialista en Mercadeo Internacional de la Universidad Pontificia Bolivariana.
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