La Sociedad Santandereana de Ingenieros alertó sobre la crisis en la Ruta 45A y la Transversal del Carare, reclamando inversión urgente con recursos de peajes y excedentes de concesiones, ante coluviones activos que aíslan a Santander y afectan movilidad, seguridad vial y competitividad regional.
La Sociedad Santandereana de Ingenieros (SSI) ha lanzado un enérgico llamado al Gobierno Nacional y al Instituto Nacional de Vías (Invías) para atender de manera urgente la crisis de movilidad que afecta a Santander y al oriente colombiano. En una carta dirigida a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, y al director general encargado de Invías, Jhon Jairo González Bernal, la entidad advierte que la Ruta 45A y la Transversal del Carare se encuentran en condiciones críticas, con graves riesgos geológicos y una evidente falta de inversión.
La Ruta 45A, que conecta Bucaramanga con Zipaquirá y constituye un corredor estratégico para el transporte de carga y pasajeros, presenta deficiencias estructurales desde hace años. Según la SSI, las especificaciones técnicas de la vía son insuficientes para soportar el alto volumen de tránsito pesado. A ello se suma la reciente activación de coluviones en sectores como La Charca, Oiba, y entre La Hélida y Bajo Jordán, en la Transversal del Carare. Estos movimientos de tierra han generado bloqueos y desconexión del departamento con el resto del país.
“Nos encontramos ante una situación que mantiene desconectado nuestro departamento de Santander con el resto del país, en perjuicio de la seguridad vial, la movilidad de las personas, el abastecimiento y la actividad económica del sur de Santander y del oriente colombiano”, señala la carta enviada por la SSI.
El problema no es nuevo. Desde 2015, la Sociedad ha venido advirtiendo sobre la necesidad de inversiones sostenidas en el corredor. Sin embargo, los recursos provenientes de los peajes —cinco en total a lo largo de la ruta— no se han aplicado de manera proporcional a las necesidades técnicas de la vía.
La protesta ciudadana y el reclamo por los peajes
El pasado 28 de octubre, una comisión de la SSI visitó el sector de Curití junto a funcionarios de Invías, representantes de la Defensoría del Pueblo y líderes locales. Allí, la comunidad afectada expresó su inconformidad levantando las talanqueras de los peajes, en protesta por el incumplimiento de las inversiones prometidas.
De acuerdo con los cálculos de la Sociedad, los cinco peajes han recaudado desde 2015 una suma bruta cercana a 1,1 billones de pesos. Sin embargo, los contratos adjudicados en los últimos dos años no han sido suficientes para atender las necesidades de ampliación y modernización de la vía. “Las explicaciones en materia de inversión dada por los funcionarios de Invías… no son para nada suficientes para satisfacer las necesidades técnicas de la ruta 45A”, enfatiza el documento.
La inconformidad se centra en que los diseños originales contemplaban la construcción de terceros carriles y dobles calzadas en varios tramos, pero las obras ejecutadas no han cumplido con esas especificaciones.
Más allá de la insuficiencia técnica, la naturaleza ha agravado la crisis. La SSI advierte que cerca de cinco millones de metros cúbicos de coluviones de la formación Tablazo, entre Vélez y Landázuri, se han activado en los últimos meses. Estos depósitos inestables, que no han sido mapeados ni estudiados a detalle, representan un riesgo permanente para la transitabilidad.
La solución propuesta por los ingenieros es la construcción de una variante de aproximadamente 20 kilómetros, desde antes de La Hélida hasta Bajo Jordán, sobre suelos de la formación Simití. “Abajo del deslizamiento de Zarandas, en la vía se encuentra un sistema de coluviones de mayor magnitud, sobre una falla geológica transversal, el cual no es viable eludirlo”, advierte el análisis técnico.
La urgencia es tal que, mientras se define una solución definitiva, se requieren obras básicas de relleno para permitir un paso incipiente en la vía. La SSI insiste en que esta situación merece tratamiento de emergencia por parte de Invías y la intervención inmediata de la Oficina de Gestión de Riesgos.
Recursos disponibles y propuestas de inversión
El documento plantea una alternativa financiera clara: aplicar recursos provenientes de los peajes y liberar cerca de 967.000 millones de pesos que no se utilizaron en la concesión Autovía Bucaramanga-Pamplona. Estos fondos, según la Sociedad, podrían destinarse a la modernización de la Ruta 45A y la Transversal del Carare.
Además, se propone realizar el cierre financiero del proyecto elaborado por el Consorcio E&D Chiquinquirá, integrado por las firmas Getinsa-Euroestudios, EPF Ingeniería, Anteagroup y Planes SAS, bajo el contrato 1811 de 2020. Dicho proyecto estimó un valor cercano a 1,7 billones de pesos para la construcción de dobles calzadas y 440.000 millones para terceros carriles entre Bucaramanga y Chiquinquirá.
“Mediante la gestión de vigencias futuras, es posible satisfacer las necesidades técnicas de la vía, que ya es insuficiente para prestar servicio adecuado a un alto volumen de tráfico de pasajeros y carga”, sostiene la SSI.
El llamado de la Sociedad Santandereana de Ingenieros no se limita a un reclamo técnico. La entidad subraya la importancia estratégica de Santander como cuarto departamento más competitivo del país y motor logístico del nororiente colombiano. La desconexión vial afecta no solo a la región, sino al comercio nacional.
“El país no puede desconocer que Santander es el cuarto departamento más competitivo y motor logístico del nororiente colombiano”, enfatiza la misiva.
La SSI se ofrece, además, a prestar apoyo técnico en caso de que el Gobierno lo requiera, reafirmando su papel como órgano consultivo del gobierno departamental y municipal desde 1941.
El informe de la Sociedad Santandereana de Ingenieros es un campanazo de alerta sobre la fragilidad de la infraestructura vial en Santander y la necesidad de una inversión inmediata. La combinación de deficiencias técnicas, falta de aplicación de recursos y riesgos geológicos amenaza la conectividad de toda una región.
La comunidad ya ha manifestado su inconformidad con acciones de protesta en los peajes, y los ingenieros han puesto sobre la mesa propuestas concretas de financiación y obras. Ahora, la decisión recae en el Gobierno Nacional y en Invías, que deberán responder a este llamado urgente para garantizar la seguridad vial, la movilidad y el desarrollo económico del oriente colombiano.
