Por: Diego Ruiz Thorrens/ El pasado 18 de febrero, Colombia dio inicio al plan nacional de vacunación contra el virus de Covid–19 con la entrega de 50.000 unidades de vacunas fabricadas por el laboratorio Pfizer/BioNTech, repartidas en distintas zonas del país (excepto, Amazonas).
Colombia, tercer país latinoamericano con mayor número de infectados (por millón) y tercero con mayor número oficial de muertos (después de Brasil y México) bordeando los 60000 fallecidos, arrancó su programa de vacunación en medio de distintos escándalos y ‘shows mediáticos’, promovidos por algunos actores estatales (incluyendo al mismo presidente Iván Duque) que encontraron en el arribo de las vacunas la oportunidad para realizar campaña y proselitismo político, poniendo en jaque el inicio de la agenda de vacunación al igual que la cadena de frío que debía preservar los primeros biológicos que fueron aplicados.
Paralelo a todo ello, comenzaron a surgir nuevas denuncias relacionadas con la precariedad laboral que continúan enfrentando los trabajadores del sector salud y el endeudamiento que tienen al borde de la quiebra a centros de salud y hospitales públicos. Muchas de estas instituciones públicas, que tienen escandalosas carteras de endeudamiento por valor de miles de millones de pesos, serán encargadas de ejecutar el cronograma de aplicación de los antivirales tan pronto arriben nuevamente al país. Lo anterior, se suma el no pago salarial de cientos de profesionales de la salud, algunos que acumulan meses sin recibir desembolso.
La enfermera Verónica Machado, primera persona en recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, fue una de las profesionales que puso en conocimiento la situación que atraviesa la institución donde labora: El Hospital Universitario de Sincelejo. Esta institución tiene deudas que superan los 96 mil millones de pesos.
Las deudas que aquejan a centros de salud y hospitales públicos del país junto el show mediático de días pasados, son dos caras de una misma realidad de un gobierno que prefiere continuar con su actitud de defensa ante cada error que cometen, generando todo tipo de opinión pública, que enfrentar la situación y actuar en pro del fortalecimiento del sector salud del país.
La respuesta del gobierno del presidente Iván Duque ante la actual crisis sanitaria continúa siendo de improvisación, creando toda una serie de mecanismos de autocomplacencia que ignoran por completo la situación que vive el país. La implementación de un ambicioso plan de vacunación que no sea capaz de entender la realidad del sistema de salud colombiano es simplemente un acto populista más, que posibilita y abre la puerta a más actos de corrupción, al desmejoramiento de la calidad de vida de millones de colombianos y a la quiebra de centros de salud y hospitales.
Algunos de los centros médicos y asistenciales siguen sin recuperarse de grandes actos de corrupción y desfalcos como fueron en su momento el cartel del VIH o el cartel de la hemofilia (que alcanzaron a robar a la nación más de 75.000.000.000 millones de pesos en 2018). A esto, sumemos la creación de obras y otros elefantes blancos que siguen sin prestar algún tipo de servicio a la comunidad, o de los recursos que se pierden por culpa de la corrupción y que podrían servir para construir más hospitales e incluso más escuelas.
La realidad del abrumante adeudamiento de las instituciones de salud pública amenaza también con erosionar a los hospitales públicos de Santander, situación que vive en la actualidad la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, institución cuya cartera le adeudan más de 33.000 mil millones de pesos y que ha tenido que reducir paulatinamente la prestación de servicios dirigido a sus ciudadanos.
La salud es un derecho humano fundamental que debe ser respetado y que urgentemente necesita ser fortalecido. Por ello, tengamos presente que la implementación del plan nacional de vacunación contra el Covid–19 no puede ser entendido como un acto político que la ciudadanía debe de agradecer, sino como un acto de responsabilidad y ejecución de la política nacional de salud, responsabilidad que recae sobre el Estado Colombiano y en cada uno de los gobiernos departamentales y municipales. Asimismo, que dependemos de la labor del personal médico, personas que están siendo las más afectadas gracias a un gobierno que no valora su labor y sacrificio, y por culpa de una pandemia que parece no retroceder, sino que avanza en un ritmo dispar.
Esperemos cómo se desenvuelve el plan de vacunación nacional contra el Covid–19. Mientras tanto, mantengamos e incluso reforcemos las medidas de protección, aislamiento y distanciamiento social que ayuden a reducir los nuevos casos de infección y muertes por Covid-19 hasta que al final alcancemos la inmunidad de rebaño.
*Estudiante de Maestría en Derechos Humanos y Gestión de la Transición del Posconflicto de la escuela superior de administración pública – ESAP Santander.
Twitter: @Diego10T
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(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
