Por: John Anderson Bello Ayala/ La literatura académica define a “los vendedores ambulantes” como aquellos que exhiben mercancías o servicios en espacios públicos para su comercialización. Estos incluyen una gama completa de mercancías y servicios, ventas a nivel de mayorista o minorista, en las calles, calzadas o en otros espacios públicos relacionados -incluyendo callejones y escaleras-. “Vendedor ambulante”, concepto relacionado con ilegalidad, vulnerabilidad, impotencia, olvido, persecución, supervivencia, hasta el punto de ser criminalizados por una sociedad capitalista.
Son muchos los imaginarios sociales existentes alrededor de las ventas ambulantes en Colombia. Estas se han constituido en la variable significativa para el DANE, representada en la disminución de la tasa de desempleo. Si bien es cierto, en el último trimestre del 2018, Bucaramanga, fue la ciudad que registró el indicador más bajo, un 8% del promedio nacional, que fue de 9.5%, esto es el 1.5 puntos porcentuales por debajo, lo que significa, según las estadísticas un índice positivo de empleabilidad, por el comportamiento excesivo del mercado laboral de forma estacional.
Este concepto erróneo, figurativo para el DANE, constatan otra realidad en el país, siendo un fenómeno social, que día tras día, está en crecimiento, como la fuente primaria generadora de empleo, por simple la escasez laboral y los ojos cerrados de un gobierno populista, indiferente, preocupado por ajustar la fuerza policial, como mecanismo para resolver una crisis social; sin mirar que detrás de aquellas personas, existen muchas familias que intentan mejorar sus condiciones de vida, frente a la tragedia de la subsistencia.
La mayoría de personas que trabajan en las ventas ambulantes, vienen de otros lugares del departamento, de algunos corregimientos o pueblos, que anteriormente trabajaban en el campo”, así lo expresa Martha, desplazada por la violencia, quien le arrebató dos de sus tres hijos, intentando construir una nueva vida, cerrando sus heridas y con la ilusión de brindarle a su familia, un mejor bienestar.
Hace un par de años conocí Martha, un día que transitaba por la carrera 34 con calle 48 de la ciudad Bonita, eran las 12 del mediodía, mientras el sol cumplía con su deber, en la esquina se encontraba Martha agarrada de la mano con su niña menor, que recientemente festejó sus 5 añitos de edad, a viva voz, impulsaba sus CDS, que contenían los últimos éxitos del séptimo arte.
Mientras buscada entre su portafolio de películas, de manera tempestiva, fue rodeada por dos agentes de policía, con quienes forcejaba, intentando despojarla del poco producto, que había logrado adquirir a un buen precio; sudorosa, impaciente y con lágrimas en sus ojos, rogaba a los señores agentes:
“Entiendan mi condición de madre, busco un plato de comida para mi hija, por favor, no me quiten la mercancía”, pero ellos a su voz indiferente, le señalaban:
“Es una un orden policial, porque su actividad es ilegal y debemos cumplirla”.
En esos momentos, muchos de los transeúntes se aglomeraron alrededor de la situación, me quedé perplejo, al ver como dos fuerzas policiales, sin compasión arremetían contra Martha, sus lágrimas acompañadas con la inocencia de la niña, fueron insuficientes.
Todos conmovimos con su dolor, en ese instante nos unimos a las súplicas:
“No la maltraten”, “entiendan que tiene una niña”, “recuerden que ustedes también son padres”, “el estado no les da una oportunidad”, “ellas también necesitan sobrevivir”.
Situación que les fue indiferente, continuaron con el procedimiento; luego me acerque a uno de ellos, nuevamente intentando conmoverlos, pero en ese instante llegaron más fuerzas policiales con su “macana” controlaban la situación; tan es así, que la calle fue cubierta con varias furgonetas policiales, trasladando en una de ellas a Martha, esposada, para el CAI de las Américas, dejando a su hija, a la deriva, a una inocente criatura, con un futuro incierto, quien lloraba incansablemente por su madre; mientras Martha una humilde ciudadana, que intentaba conseguir ese plato apetecido por su hija, trajo a su mente ese fatídico momento, la tragedia de sus hijos, que a causa de la incansable violencia, les arrebató su vidas y con dolor en su corazón, la Administración Municipal, en ese momento les arrebataba, una nueva oportunidad.
Son muchas las historias vida que rodean esta problemática, escenas tristes y conmovedoras, que son constantes en nuestro país; el dilema siempre ha surgido en la obligación de la administración, dentro del marco de los procesos de restitución del espacio público, adoptar medidas transitorias para que esta población vulnerable, pueda acomodarse a una nueva situación, que le permita garantizarle su derecho al trabajo.
No es simplemente iniciar procesos de socialización, a los proyectos de reubicación; la Corte Constitucional en Sentencia C-211/2017, les recuerda a las Administraciones, en su obligación de respetar el derecho al trabajo, en el entendido que cuando se trate de personas, en situaciones de debilidad manifiesta o pertenecientes a grupos de especial protección, que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se encuentran protegidas por el principio de confianza legítima, no se les aplicarán las medidas correccionales de multa, decomiso o destrucción, hasta tanto se les haya ofrecido por las autoridades competentes, programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, en garantía de los derechos a la dignidad humana, mínimo vital y trabajo.
Además la Corte precisa, que las medidas adoptadas por las Administraciones en desarrollo de la recuperación del espacio público, deben partir de un juicio estricto de proporcionalidad, al estar en juego los derechos sociales y fundamentales, de una población vulnerable, lo cual implica garantizar el respeto por el debido proceso y la dignidad de las personas, en el contexto de los mandatos del Constituyente, es decir, no pueden sacrificar en exceso otros intereses constitucionalmente protegidos en aras de promover una finalidad constitucional específica.
Este es un llamado, a las Administraciones Distritales, Municipales y Locales, para que promuevan políticas de empleo, de reubicación e incentiven a los grandes comerciantes, en la generación de empleo en sus empresas y a la Policía Nacional, para que interactúen con los vendedores informales, generando espacios de seguridad, confianza y evitando al máximo utilización de la fuerza, que en últimas se convierten en violencia.
No podemos seguir convirtiéndonos, en verdugos de nuestros propios errores.
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