El Gobierno venezolano anunció la puesta en libertad de 116 presos políticos tras una revisión de causas, aunque ONG y organismos de derechos humanos aseguran que la mayoría sigue detenida y las cifras reales de excarcelaciones son inferiores a las anunciadas oficialmente.
Este lunes 12 de enero de 2026, el Ministerio del Servicio Penitenciario de Venezuela informó oficialmente que 116 personas consideradas presos políticos serían liberadas tras una revisión exhaustiva de sus casos, presentándolo como parte de un proceso de conciliación nacional. El comunicado gubernamental señaló que estas excarcelaciones se dieron en el marco del ordenamiento jurídico vigente y de una “revisión integral de causas”.
Sin embargo, las cifras han generado controversia y escepticismo. Organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, como Foro Penal, han verificado un número significativamente menor de liberaciones concretadas hasta el momento. Según estas entidades, hasta la madrugada del 12 de enero se habían confirmado 24 excarcelaciones —incluyendo ciudadanos extranjeros— lo que eleva, con liberaciones previas, a alrededor de 41 personas liberadas en total.
La disparidad entre los números oficiales y los verificados por ONG ha profundizado la incertidumbre entre familiares y defensores de derechos humanos, quienes mantienen vigilias frente a centros penitenciarios como El Helicoide y El Rodeo I a la espera de que sus seres queridos salgan en libertad.
Entre los liberados confirmados por las organizaciones civiles y medios internacionales figuran dos ciudadanos italianos, Alberto Trentini y Mario Burlò, quienes ya se encuentran bajo la protección de la embajada de Italia en Caracas y se preparan para regresar a su país. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, celebró su liberación y confirmó que un avión partió desde Roma para traerlos de vuelta.
Otro caso destacado es el de Alejandro González de Canales, exmarido de la activista venezolana Rocío San Miguel, quien también fue excarcelado. San Miguel, reconocida defensora de derechos humanos, había sido liberada días antes tras más de dos años de detención en condiciones que activistas calificaron de arbitrarias.
Estos casos mediáticos han servido para poner rostro a la compleja situación de los presos políticos en Venezuela, donde tanto nacionales como extranjeros han sido detenidos bajo acusaciones relacionadas con “alterar el orden constitucional” o “atentar contra la estabilidad de la nación”, términos frecuentemente criticados por organismos de derechos humanos por su vaguedad y uso político.
Estado de la detención política en Venezuela
La liberación anunciada se produce en un contexto de alta tensión política en Venezuela, tras acontecimientos que han sacudido el panorama institucional del país. El anuncio de estas excarcelaciones se da días después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informara sobre la liberación de un “número importante” de presos políticos, sin precisar cifras exactas.
Grupos de derechos humanos estiman que aún existen entre 800 y 1.200 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, lo que sitúa las cifras oficiales de liberaciones como un primer paso, pero insuficiente frente al panorama general de la detención arbitraria.
Organizaciones como Foro Penal y otras ONG internacionales han criticado la opacidad del proceso de excarcelaciones, al señalar que el gobierno no ha revelado listas completas de quienes han sido liberados, ni las condiciones asociadas a esas liberaciones. Esto alimenta la preocupación de que, en muchos casos, las excarcelaciones pueden ir acompañadas de restricciones a la libertad de expresión o de participación política.
Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, ha insistido en la necesidad de liberar a todos los detenidos arbitrariamente, argumentando que la excarcelación selectiva sin garantías plenas de derechos no constituye una solución para la crisis de derechos humanos en el país.
Reacciones internacionales
La liberación anunciada de 116 presos políticos en Venezuela representa un gesto que las autoridades presentan como avance en materia de derechos humanos y reconciliación nacional. Sin embargo, la discrepancia entre cifras oficiales y verificadas, así como la persistencia de decenas de cientos de detenidos por motivos políticos, revelan que la situación aún está lejos de una solución integral. El proceso, observado de cerca por ONG, familiares y gobiernos extranjeros, sigue generando expectativas y dudas sobre el verdadero alcance de este gesto y su impacto en la crisis política que atraviesa el país.
La noticia de las liberaciones ha tenido eco internacional. Además del reconocimiento de gobiernos como el italiano por la liberación de sus ciudadanos, diversas organizaciones internacionales y líderes de opinión han llamado a continuar presionando por la liberación completa de todos los presos políticos y por un proceso de reconciliación real y verificable en Venezuela.
No obstante, sectores de la oposición venezolana han mantenido una postura crítica, señalando que las liberaciones deben ir acompañadas de garantías democráticas, respeto a la voluntad popular expresada en procesos electorales y el respeto irrestricto al Estado de derecho.
