La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de Floridablanca, Héctor Guillermo Mantilla Rueda; la secretaria de Planeación, Emma Lucía Blanco; el director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), Martín Camilo Carvajal y nueve concejales, por presuntas irregularidades en la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio.
El Ministerio Público busca establecer si estos servidores públicos pudieron incurrir en falta disciplinaria, al presuntamente realizar cambios en el uso del suelo de terrenos de Ruitoque Alto, que al parecer dejaron de ser rurales para convertirse en urbanos, lo que permitiría la construcción de edificios en la zona.
El ente de control decretó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la presunta comisión de la conducta y determinar, si esos terrenos cuentan o no con disponibilidad o viabilidad de servicios públicos, autorizaciones ambientales, así como posibles irregularidades en el cobro de la plusvalía.
El documento aprobado adopta medidas favorables como la legalización de 15 barrios, la salida de empresas del casco urbano en un plazo de tres años y la restricción para construir en altura en ciertas zonas donde las vías son limitadas. Camacol ha advertido que algunos cambios del uso de suelo no tienen ninguna lógica desde el punto de vista técnico y jurídico.
La Alcaldía de Floridablanca, en cabeza de Héctor Mantilla, afirma que este cambio de uso de suelo es permitido por la Ley, pues en esa zona hay perímetro de disponibilidad de servicios públicos. El POT que se aprobó el 24 de septiembre es clave para el desarrollo urbano de Floridablanca, porque determina las directrices de cómo se urbanizará el municipio en los próximos 12 años.
Corrillos exploró los detalles más íntimos del polémico Plan de Ordenamiento Territorial de Floridablanca, que pese a lleva muy poco de haberse aprobado en el Concejo, ha generado gran controversia, una pugna entre los grandes terratenientes y constructoras de la región y una investigación disciplinaria que ya abrió la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, no se conoce la letra menuda del Acuerdo municipal, de las nuevas disposiciones y de sus bondades.
Para analizar lo que fue todo el proceso de estudio, socialización, trámite y aprobación de esta iniciativa, que hoy tiene agarrada a la clase política con tierras en el área afectada, medios de comunicación con tentáculos en la construcción y a las grandes constructoras, Corrillos invitó a la persona que más conoce del nuevo POT, el ponente del proyecto en el Concejo, Salvador Molina.
