Por: Hernando Ardila González/ Todo comenzó el 17 de marzo, aunque la verdad todo empezó a finales de 2019, pero la imprevisión como siempre nos hace vulnerables. Luego de tires y aflojes de los gobernantes locales, departamentales y nacionales, se impuso en todo el territorio, el llamado Aislamiento Social Obligatorio, consecuencia del Estado de Emergencia, (Decreto 417/20).
Se dice de conspiraciones, del inicio de una de guerra biológica, de que la culpa es de China y lo paradójico es que, junto con Rusia, Cuba, Corea del Sur e increíblemente Venezuela, resultaron mejor preparados para afrontar el Covid-19.
Pero bien, adentrándonos en nuestro territorio, registramos con vergüenza que los liderazgos criollos no han estado a la altura de las circunstancias a juzgar por sus decisiones impopulares, (compra de vehículos blindados y tanquetas) y corrupción perversa, (contrato de mercados podridos y con sobrecosto y contratación con objetos no pertinentes a la crisis) que se pavonean con sus trajes de luces a la vista pública, sin asomo de pudor.
Un presidente de dudosa legitimidad que nos denomina ‘polombia’ y últimamente ‘locombia’, que mira más al vecindario que a nuestra propia tragedia, que como nobel gobernante juega al dictador sin control, (poder legislativo y judicial inactivos, lo cual deja en serio riesgo la democracia y derechos), que por virtud del Decreto 444/20 compromete recursos de los territorios y de las pensiones trasladando billones de pesos para salvar al sector financiero, ya indigna al pueblo ahora en quietud por cuenta de una pandemia de la que se tienen dudas, pero que ha sido útil al régimen si se toma en cuenta que la dinámica de movilización se frustra a raíz de la necesidad razonable de aislarnos para contener el contagio y la propagación.
Seríamos inconsecuentes pretender criticar el aislamiento y los protocolos propios para garantizar la salud pública, estamos de acuerdo con la cuarentena y sus protocolos, pero la pregunta es, ¿y de qué vivimos?
Todos los sectores han hecho solicitudes de apoyos y las normativas implementadas en alguna forma miran hacia los sectores vulnerables, eso está bien, lo merecen, pero por ningún lado se habla de uno de los componentes en la ecuación de la justicia… ¡las y los abogados litigantes!
Partamos de decir que nos resulta un absurdo que un Estado, por cuenta de cualquier circunstancia, cierre la prestación del servicio de Justicia. La democracia liberal que parte de la Teoría Contractualista, (Locke y Rousseau principalmente), reconoce el principio de tidivisión y separación de poderes, los cuales conviven en armonía y “(…) dan lugar a un sistema de pesos y contrapesos que les permitiera controlarse mutuamente”, (Montesquieu). Un estado que preserva y fortalece sus tres poderes, es un estado en democracia que defiende al ciudadano de abusos del poder político.
Pero en Colombia un virus afectó la justicia y al no estar ella funcionando, se desdibuja la democracia, se pone en peligro la paz y la convivencia. Un estado moderno no puede darse lujo de cerrar las puertas de la justicia porque ella como sea, junto con los otros poderes, debe avanzar y mucho más en tiempos de dificultad.
Ese cierre inaudito del poder judicial también deja -y de qué manera- otro gran impacto de orden socioeconómico para aquellos de quien nadie se acuerda pero todos necesitan… las y los litigantes, que son aquellos quienes desde su habilitación, (otorgamiento de la Tarjeta Profesional), han vivido de prestar sus servicios profesionales como operadores judiciales, no así quienes se pensionaron al servicio del estado o la empresa privada y que por ser abogados entran a competir en el escenario del litigio, lo que personalmente considero un ejercicio con alto grado de desconsideración hacia el litigante por vocación y dedicación y de cuyo ejercicio se derivan los recursos para el proyecto personal y el sustento de la familia (esa es una discusión pendiente).
Hoy ese gran número de colombianos está en desamparo total y sus familias a la deriva y como si fuera poco, sometidos a un absurdo régimen de pico y cédula, (un poco más laxo en Bogotá, pico y género) que impone la fuerza bruta del policía y no la racionalidad de la interpretación de que para algunos trámites, (bancarios, notariales por ejemplo), hay excepciones a la restricción que impone el aislamiento, (recientemente el Decreto Presidencial 593/20 – Numeral 3, Art 3o).
La Federación de Colegios de Abogados, el Colegio de Abogados de Colombia – Conalbos Santander y varias agremiaciones en todo el territorio nacional, hemos interpuesto acciones de tutela reivindicando al abogado y sus familias en desamparo, no para pedir migajas que caen de la mesa de Epulón, no.
Tenemos el don de la resiliencia y por tal sabremos recuperarnos de este amargo momento, pero no por ello debemos soportar un impacto socioeconómico actual que no es nuestra responsabilidad y que en el decir de los Arts. 2, 4 y 5 de la Constitución Nacional, cabe responsabilidad al Estado representado en sus gobernantes en todo nivel territorial, porque no es de recibo que se coro al estribillo de aquella vieja canción: “quien iba a pensar// quien iba a pensar…” que una pandemia nos iba a encerrar. Eso no pasaría si se implementara la Planeación Prospectiva.
Pedimos un fondo de crédito especial de apoyo al litigante de cero intereses y plazos generosos para su pago, e incluso condonación para casos ya extremos de abogados que durarán mucho tiempo para recuperar su nivel.
Millones de pesos de recursos propios, millones de dólares de empréstitos de la banca mundial, danzan en los bolsillos del sector financiero y de gobernantes corruptos que no han considerado el impacto de una pandemia y perversamente se siguen enriqueciendo. Pues bien, desde estas tribunas y desde nuestras organizaciones hoy les decimos, ¡basta ya!, luego de la pandemia otro gallo ha de cantar.
*Abogado Penalista, postulado a Maestría en Derecho Constitucional. Presidente Colegio Nacional de Abogados de Colombia Conalbos Santander y Vicepresidente Nacional.
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