Por: Javier Antonio Rojas Quitian/ Desde niños en la escuela y en la familia, nuestros padres y maestros nos enseñaron de la riqueza y biodiversidad de nuestro país, nos enseñaron a sentirnos orgullosos de haber nacido en el país que ocupa el segundo lugar en biodiversidad en el mundo, bañado por dos océanos, hábitat de gran variedad de especies de flora y fauna, rico en recursos naturales renovables y no renovables y uno de los países con mayor riqueza hídrica del planeta.
Pero resulta paradójico, que en lugar del Estado proteger con todas sus herramientas esa riqueza de la que tanto nos ufanamos, por el contrario, lo que hace y promueve desde sus Instituciones es la explotación masiva y descontrolada de los recursos naturales, utilizando y aprobando practicas lesivas tanto para el medio ambiente como para sus habitantes.
Hasta hace un par de años los municipios de Colombia con vocación agropecuaria o turística, parecían encontrar en las consultas populares una herramienta, la cual amparados en la autonomía administrativa y su potestad de legislar sobre el uso de su suelo, protegería los recursos naturales locales de las multinacionales y por ello votaron en varias regiones masivamente en defensa de sus riquezas, en defensa de sus territorios.
Pero bastó con un fallo de la Corte Constitucional, la cual era la llamada a defendernos, para que prácticamente los Municipios perdieran esa potestad, pues estableció, que, pese a que la Constitución reconoce que los entes territoriales tienen la competencia para establecer el uso del suelo, esta función propia debe ejercerse de manera coordinada y concurrente con las competencias de la Nación. Parece gracioso, poner a discutir un alcalde de un Municipio, lleno de necesidades, con el presidente de la Republica. Pelea de tigre con burro amarrado.
Y es que, aunque los campesinos son dueños del suelo que pisan, donde pastean sus animales y siembran sus cultivos, gran parte del subsuelo de Colombia que supuestamente pertenece al Estado, ya ha sido feriado y vendido a multinacionales extractivistas que se “saquean”, cual conquista española, todas nuestras riquezas y nos dejan con los cráteres, sumidos en la pobreza y deterioro social y sin el verde de nuestros campos.
La Corte en su fallo también dijo que le correspondía al Congreso de la Republica en el menor tiempo posible definir un mecanismo de coordinación entre la Presidencia y los Municipios para buscar acuerdos, ya han pasado cerca de dos años y el Congreso no se ha pronunciado.
Y la verdad, es poco lo que podemos esperar de este Congreso, que parece arrodillado a los intereses de la Casa de Nariño, justamente por estos días, un rezagado grupo de Parlamentarios que no están en la coalición de gobierno, denunciaron públicamente que, en la ley de reestructuración de las regalías, se aprobó en la Cámara de Representantes un mico que le abrió la puerta al fracking y nos dejó expuestos a muchos impactos ambientales irreversibles. Falta el debate en el Senado, pero mejor no nos hagamos ilusiones. Parece que por ahí tampoco es.
El Presidente de la República, claramente se comprometió en su campaña a no adelantar explotación de hidrocarburos a través de la práctica del fracking, promesa que tardó muy poco en incumplir, ya que en su Plan de Desarrollo con un antifaz leguleyo camuflo esa práctica en medio de la “exploración y producción de yacimientos no convencionales”, en la actualidad ya se aprobaron algunos pilotos para la extracción de hidrocarburos con la técnica de rompimiento hidráulico, fracking.
No nos digamos mentiras, aunque les cueste reconocerlo, el gobierno está interesado en ampliar las reservas energéticas a toda costa, sin importar los daños irreversibles que puedan sufrir tanto los ecosistemas como los habitantes de las regiones. Nuestra economía depende de extraer los recursos naturales y poco se le apuesta a la implementación de fuentes de energías más amigables con el medio ambiente.
Nuestras riquezas están en riesgo, se están agotando las herramientas jurídicas y los escenarios para defenderlas, nos sentimos huérfanos, hoy el discurso ambientalista incluso es tildado de oposición al Gobierno, de izquierda, como si la defensa de nuestros páramos, de nuestros parques naturales, de nuestros bosques fueran un tema de ideologías o de partidos, como si fuera un tema de oposición al desarrollo del país.
Se nos acaba el tiempo, se nos acaban nuestras riquezas y ese discurso de las profesoras de primaria en las que orgullosas enseñan a sus estudiantes sobre las maravillas naturales de Colombia, seguramente nuestros hijos y nietos no los escucharan, su realidad, si continuamos a este ritmo será de escases, quizá alguien les cuente que un día Colombia fue un país lleno de riquezas y biodiversidad, pero sus gobernantes y sus Instituciones no las defendieron.
*Exalcalde de Sucre (Santander), Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Pública y Magister en Políticas Públicas y Desarrollo.
Twitter: @Javierrojasqui
