Por: Alfonso Prieto García/ Cuando un amigo cercano nos refiere un problema de salud, las cuitas sobre la forma como fue atendido, ya sea en su régimen como titular o beneficiario, de pospago, prepago o subsidiado, actuamos como su repositorio de la anécdota, en particular, si esta no fue la mejor, acogiéndola como una situación esporádica, accidental o desafortunada. Sin embargo, cuando esta casualidad se vuelve recurrente tanto en personas de igual o diferente sexo, edad, estrato y en general en la cotidianidad, su sentido se vuelve causalidad y nos preguntamos qué está pasando en la atención en salud.
Me referiré a casos evidenciados por este columnista en el que reposa la historia de personas allegadas, afectadas por este creciente fenómeno que no está siendo analizado por las entidades reguladoras y mediadoras de estas falencias, lo cual antes de ser un problema más del desempeño institucional y profesional, es una amenaza para la vida, el amparo y la esperanza de los ciudadanos que no vemos protegido nuestro derecho constitucional.
Ya no se vale contar con los recursos necesarios y suficientes para ser atendidos por el servicio institucional de una modalidad de atención en salud, llámese para el caso de este primer análisis, póliza de salud prepagada, pues si su entidad emisora, no ha celebrado convenio con la IPS a donde se remitió el paciente, no puede ser atendida la emergencia, que por ignominia, falta de gestión o regulación estatal de la atención, en pleno siglo 21, para hacer efectivos sus cubrimientos, al convenir con las IPS, la aplicación y reconocimiento de sus amparos, cubrimientos, exigencias, conveniencias etc., pues si todas las aseguradoras en salud, responden a exigencias de su entidad reguladora y a instituciones que como la Supersalud, deben estandarizar aspectos básicos y fundamentales del amparo, así el cubrimiento por mayor o menor oferta de servicios varié de una póliza a otra, de una aseguradora a otra; o si la preocupación es por el equipamiento tecnológico, científico, de atención y logística; ¿dónde está la regulación que garantice en las IPS, su existencia para la prestación adecuada y oportuna del servicio?.
Se rajarían las entidades al evaluar sus condiciones de atención y si así es, cual es la garantía a sus pacientes por hacer lo que más pueden los galenos como con mucha frecuencia se lo expresan a familiares y parientes del paciente? Con que autoridad institucional y profesional pueden justificar la no presencia del personal científico y profesional de atención en sus modalidades, cuando ellos mismos argumentan la poca disponibilidad de lo necesario, por las dificultades económicas que sufren las IPS con carteras de varias cifras que el estado no exige a las EPS cancelar y producto de ello la no contratación del personal suficiente, insumos, ¿pagos oportunos de nóminas y facturas para garantizar un adecuado servicio?
Quien ronda, con que medios y como garantizan las entidades de control una atención oportuna, ¿necesaria y de calidad a sus pacientes? Será que la responsabilidad institucional se diluye por la falta de controles de quienes se sienten impotentes por no contar con los recursos para una verdadera, técnica y oportuna fiscalización de estas entidades; ¿será que la acreditación institucional de calidad, solo la ven como requisito, publicidad y posicionamiento de imagen mientras se consigue tal certificación?
Será necesario establecer una certificación periódica a las IPS, para la autorización de prestación de servicios de salud, donde se evidencie: diagnósticos, informes de autoevaluación, planes de mejoramiento, acciones correctivas, indicadores de mejoramiento e impacto y cumplimiento de los planes de desarrollo y actualización tecnológica para garantizar un buen y efectivo servicio (verdadera certificación de calidad).
Suficiente hemos tenido con la pandemia para demostrar en qué estado se encontraban las instituciones prestadoras de servicio de salud, la participación de las EPS en la intervención para la mitigación de los afectados y la prevención a través del suministro de vacunas que por ser de carácter voluntario, dejaron boquetes grandes de población, generando caldo de cultivo y transmisión en todas las latitudes, por lo renuentes a su uso, pudiendo el estado, el congreso y el soporte de la rama judicial, coercitivamente por efecto del riesgo de vida y el amparo de este derecho de manera colectiva, así inicialmente considerasen improcedente la medida, que en otras supuestas ocasiones desprovistas de la función vital, con micos y acciones a todas luces inconstitucionales, justifican para contratar con el estado en periodo electoral, intentan imponer o aprobar por legislatura o por decreto presidencial, pudiendo por lo que representa los no inoculados, exigir normativamente la vacunación obligatoria para la priorización, atención y amparo de las instituciones de salud a sus afiliados, al considerar que la población colombiana se encuentra en riesgo de subsistencia por salud y que de forma fácil y oportuna puede ser canalizada la estrategia, por el mayoritario porcentaje de amparados en cualquiera de los regímenes existentes, como titular o beneficiario, para orientar la asistencia inmediata a la población desprovista del amparo, caracterizada en su mayoría dentro de las labores de ambulantes e informales o de no amparo, que por su movilidad en los espacios físicos, por desconocimiento o falta de cuidado, actúan como vehículos portadores, trasmisores y multiplicadores de estos agentes que ponen en peligro la vida de los colombianos y el mundo.
Será que aprendimos de esta experiencia tan costosa de vidas y recursos o estaremos obligados a repetir las improvisaciones, el número de fallecimientos y las olas de contagio de este y otros padecimientos que ya se empiezan a comentar en los distintos medios de comunicación.
En las siguientes entregas continuaremos analizando la participación de los diferentes componentes de la atención en salud tales como: galenos, profesionales de la atención, auxiliares, pacientes, servicios generales, de seguridad, el Estado, etc.
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*Economista, Magister en Administración de Empresas, exconcejal de Bucaramanga, exdirector seccional UCC Bucaramanga, Asesor nacional de calidad UCC, Investigador Colciencias y Asesor de proyectos.
