Por: Javier Antonio Rojas Quitian/ El Gobierno Nacionala través de su Ministro de Defensa ha dado a conocer esta semana, que se encuentran preparados para retomar las aspersiones aéreas con glifosato, en la lucha contra la siembra de plantaciones ilegales de coca y amapola.
Organizaciones comunitarias, de derechos humanos, de defensa del medio ambiente, entre otras, constantemente se han opuesto a estas fumigaciones, argumentando daños al ecosistema y el origen de una crisis social y humanitaria, en tanto la mayoría de campesinos con cultivos ilícitos derivan de ahí su sustento y el de su familia.
El narcotráfico es un sistema compuesto por varios actores, en donde quienes siembran las plantaciones ilícitas son quienes menos utilidades reciben, además de ser el eslabón más vulnerable y expuesto, dentro de una cadena de poder, dinero y clandestinidad.
Nada justifica que un campesino utilice sus terrenos para la siembra de cultivos ilícitos, eso es claro, pero para abordar este tema es necesario hacerlo con un poco de empatía, colocarnos en los zapatos de los campesinos que incluso bajo presión han tenido que optar por la siembra de coca, amapola o marihuana, obligados o por grupos al margen de la ley o por las mismas condiciones socio-económicas de sus regiones.
El campesino promedio en Colombia, no es el típico campesino de Estados Unidos o Europa que viven en granjas tecnificadas y seguras, con todos los servicios, vías hasta sus hogares, con plantaciones extensivas y subsidiadas, donde tienen asegurada la venta de la cosecha, servicio de salud oportuno y eficiente y con sus hijos en las universidades.
El campesino promedio en Colombia, tiene dificultad para acceder a servicios de salud, educación, para acceder a recursos y tecnología para modernizar sus fincas, las cuales normalmente son pequeñas y no cuentan con vías de acceso en buen estado, lo cual hace supremamente costoso emprender un proyecto o cultivo y luego dificulta que la cosecha se pueda comercializar a buen precio, minimizando notablemente el margen de utilidad.
Para poder juzgar a un campesino por sembrar cultivos ilícitos, primero hay que trabajar de sol a sol, todos los días de la semana para recibir un pago mínimo que a duras penas alcanza para hacer el mercado de la familia, hay que habitar una vivienda humilde, sin servicios públicos, hay que sentir la impotencia de no tener un colegio para que sus hijos estudien, hay que sentir el sacrificio de desplazarse por trochas y caminos de herradura para acceder al primer nivel de salud, primero hay que convivir con toda clase de grupos armados y de pronto eso si nos daría la autoridad para juzgarles y reprocharles.
Desafortunadamente en Colombia resulta mucho más fácil para un campesino vender un kilo de coca, que una arroba de yuca o de plátano. Pero la utilidad sigue siendo baja, los campesinos igualmente en los cultivos ilícitos reciben un pago irrisorio, que en nada se compara con el valor que ese producto ilegal llega a tener en el mercado internacional, pero si podríamos decir que pagan el costo más alto, pues tienen que convivir con el grupo al margen de la ley que domine la región, obedecer, vender sus productos obligados y al precio que les impongan y tienen que ver crecer a sus familias en medio de todo el deterioro social que ese negocio maldito provoca.
Por ello considero totalmente equivocado y desafortunado, retomar las aspersiones aéreas como estrategia de erradicación de cultivos ilícitos, es más, parece cobarde el Gobierno, mostrar su capacidad y tecnología para erradicarle los cultivos ilícitos a los campesinos, mientras luce torpe, ineficiente e incapaz de controlar la salida de miles de cargamentos de alucinógenos hacia el extranjero, en sofisticadas aeronaves y sumergibles.
Contra los carteles de la droga y sus grupos organizados, mano dura, pero con los campesinos, señores del Gobierno, no luzcan tan indolentes, busquen la manera de establecer programas de sustitución de cultivos ilícitos, por proyectos productivos, lleguen hasta esas regiones olvidadas con estrategias sociales y acuerden la salida de la ilegalidad de sus habitantes, pero para ello se requiere acompañamiento, inversión social, vías de comunicación, centros de salud, colegios.
Que las regiones caigan sumisas ante los beneficios del narcotráfico, lo que demuestra es la inoperancia del Estado, por eso Sr. Ministro, la plática del glifosato, que es bastante, inviértasela a las regiones y por mejorar sus estadísticas y mostrar resultados no se desquiten con los más necesitados.
*Exalcalde de Sucre (Santander), Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Pública y Magister en Políticas Públicas y Desarrollo.
Twitter: @Javierrojasqui
