Por: Diego Ruiz Thorrens/ Para la promoción de los primeros 100 días de gobierno, el equipo de comunicaciones del alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán puso de conocimiento público las “grandes conquistas” que la administración municipal consiguió en tan corto tiempo.
El mejoramiento de la movilidad vial, la recuperación de los parques y prohibición del consumo de drogas, la entrega de algunas obras inconclusas, la “disminución” de los robos y raponazos, fueron algunos de los hechos mencionados.
Sin embargo, de momento, no hizo mención alguna sobre el cierre de la casa búho, las acciones para erradicar los peligros que corren miles de menores en alto contexto de vulnerabilidad, el aumento de las violencias basadas en género o las acciones que apuntan a la inclusión social de personas migrantes y retornadas.
Mucho menos ha realizado un primer y urgente reconocimiento que promueva la erradicación de las violencias por motivos de la orientación sexual y la identidad de género.
En este sentido, pareciera que la principal autoridad del municipio estuviese empecinada en repetir algunos de los errores que en su momento cometieron antiguos mandatarios y que nuevamente afectarán, en el mediano/largo plazo, las vidas de personas de los sectores LGBTIQ (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer). Me explico:
Bucaramanga y su área metropolitana han sido municipios difíciles para las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Hasta el momento no ha existido una sola semana, mes o año que no haya dejado atrás una estela de violencia contra personas LGBTIQ, afectaciones que van en aumento según información de las organizaciones defensoras de los derechos humanos de personas LGBTIQ.
A pesar de los grandes avances en materia legal y derechos que han obtenido estos sectores, en el departamento de Santander, específicamente en su capital, persiste el firme deseo político, institucional y social por deformar, invalidar o simplemente desconocer los mismos.
Por esta razón, en nombre de la protección de las indefensas “mayorías” sociales, algunos alcaldes han tomado polémicas decisiones que no solo han perjudicado directamente a estos sectores. También impiden que la ciudad fortalezca la inclusión e integración de los diferentes sectores sociales.
Una de estas polémicas decisiones fue tomada exactamente hace 10 años por el alcalde de la época, Luis Francisco Bohórquez, quien en su hoja de ruta municipal y actualización del POT (Plan de ordenamiento territorial) propuso desplazar a la población de mujeres trabajadoras sexuales (cisgénero y trans) de los espacios públicos del centro de la ciudad y algunas zonas comerciales (bares y cantinas). La decisión, que tuvo especial énfasis contra mujeres trans trabajadoras sexuales, tenía como objeto “recuperar las calles, parques y plazas para las familias bumanguesas”. Igual como ahora lo está haciendo el alcalde Jaime Beltrán.
La medida consiguió parcialmente su meta, desplazando a las trabajadoras sexuales que se ubicaban en alrededores del Parque Bolívar entre las calles 37 y 39 sobre la carrera 22. No obstante, según el testimonio oral de algunas mujeres trabajadoras sexuales sobrevivientes de la fecha, también marcó uno de los períodos más atroces que han enfrentado los sectores LGBTIQ de la ciudad y que dejó un alto número de víctimas por agresiones físicas y sexuales, acosos, persecuciones y violencia verbal cometidos principalmente contra mujeres trans por miembros de las fuerzas policiales.
Un coletazo de la “medida” pensada a favor de la “familia bumanguesa” fue la conformación de nuevos territorios para el ejercicio del trabajo sexual. Desde ese entonces, la dinámica sucesiva del trabajo sexual ha venido transformándose, fortaleciéndose y adaptándose a los nuevos tiempos y los escenarios sociales y tecnológicos.
El pasado 5 de enero, la administración del alcalde Jaime Beltrán proclamó el decreto 007 que busca “recuperar los parques de Bucaramanga y se los devuelve a los niños y las familias”, casi igual como lo quiso hacer el ex – alcalde Bohórquez. Para la ejecución del decreto, la primera autoridad del municipio realizó acompañamientos policiales en parques y sitios que, según sus propias palabras “habían sido arrebatados de las familias santandereanas” por culpa del microtráfico.
No obstante, una lectura colectiva realizada por líderes y lideresas sociales y organizaciones defensoras de los derechos humanos de mujeres y personas LGBTIQ sobre la aplicación del decreto expone que su ejecución ha potenciado el señalamiento hacia todos aquellos que puedan ser identificados como “indeseables” y ser potenciales “consumidores”, lo que impulsa la violencia policial contra los sectores LGBTIQ.
Según organizaciones, líderes(as) y activistas LGBTIQ, en los primeros 100 días de gobierno municipal, en la zona centro de la ciudad, se presentaron más de 55 hechos entre agresiones físicas y sexuales, agresiones verbales y acosos policiales, más de tres cuartas partes cometidas contra mujeres trans.
En días pasados, las mismas organizaciones denunciaron la agresión que sufrió una mujer trans en un centro comercial y la expulsión de una pareja de hombres en un parque de la ciudad por miembros de la policía. El miedo a denunciar y no se revictimizado/a toma cada vez más fuerza, dificultando el fortalecimiento y reconocimiento de derechos que tienen los sectores sexo – diversos por parte de los actores institucionales.
En tan solo 100 días los sectores LGBTIQ han sentido un duro retroceso en el reconocimiento de derechos no visto en muchos años. Y mientras todo esto ocurre, las poblaciones LGBTIQ se preparan para la Marcha del Orgullo 2024 en su versión 21.
Este será un momento decisivo para la ciudad, para que el alcalde transforme positivamente el presente de la ciudad no repitiendo los errores del pasado y para una población LGBTIQ que exige cambios y compromisos políticos reales que garanticen el respeto por los derechos, la integridad y la vida de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores pertenecientes a los sectores sexo – diversos.
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*Estudiante de Maestría en Derechos Humanos y Gestión del posconflicto de la ESAP – Sede Santander.
X: @DiegoR_Thorrens
