Por: Gloria Lucía Álvarez Pinzón/ El 23 de diciembre de 2023, se radicó ante la Cámara de Representantes un proyecto de Ley para la creación de la empresa Ecominerales, copia calcada de Ecopetrol, con una estructura burocrática enorme y habilitada para realizar todo tipo de actividades mineras y no mineras, así como para brindar apoyo a la promoción y la formalización del sector.
El proyecto tiene más autores que preceptos; consta de tan solo 19 artículos, pero tiene 21 autores, entre ellos el Ministro de Minas, tres senadores y 18 representantes, todos del partido de Gobierno; para el debate se asignaron 10 ponentes, es decir una gran corte impulsándolo para aprobarlo, sin participación ni consulta previa con las minorías, porque los promotores saben que no aguanta ese debate.
Como justificación apelan a todo; la pandemia del Covid-19, la guerra de Rusia con Ucrania, la necesidad de generar gobernanza, la transición energética y el conflicto minero en el que tienen sumida a América Latina los movimientos progresistas; mejor dicho, solo faltó incluir el conflicto entre Israel y Palestina, la amenaza nuclear de Corea del Norte y el posible conflicto de China con Taiwán.
Mencionan también la conflictividad social, la presencia de grupos armados y el índice de pobreza de departamentos mineros como El Cesar y La Guajira, sin reconocer que estos problemas se deben al mal manejo de las regalías, la corrupción estatal, el descontrol del orden público y a un activismo ambiental rabioso que fue promovido desde la oposición, como antesala para ambientar las reformas que ahora se quieren implementar.
También se trae como argumento, la existencia de empresas mineras estatales en otros países latinoamericanos con gobiernos de corte progresista, como Comibol y YLB en Bolivia; Codelco y Enami en Chile; Enami EP en Ecuador; “Litio Mx” creada recientemente en México; y el anuncio de una nueva empresa de Litio en Chile; es decir, Colombia debe ponerse a tono con los países que están promoviendo la reestatización de la industria minera, a pesar de que en el pasado este modelo fue un completo fracaso.
Las cifras sobre el aporte de la minería a la economía nacional, antes que justificar la creación de la empresa, la controvierten; pues a pesar de todas las prohibiciones, limitaciones y condicionamientos que el Gobierno le ha impuesto al sector minero en los últimos 15 años, para 2022 la minería hizo el siguiente aporte a las estadísticas públicas: 29% de las exportaciones; 9,4% de la inversión extranjera en el país; 1,22% del PIB; 7,92 billones de pesos en regalías; y generó al menos 300.000 mil empleos directos a nivel nacional, en un área de tan solo el 2,76% del territorio (3.149.162 ha). Imaginen de qué tamaño podrían ser los aportes a la economía, si la minería se estuviera desarrollando como debiera.
Los promotores del proyecto, quieren crear una empresa que acabe con la iniciativa privada en el sector; que monopolice el negocio y se ocupe no solo de la exploración y explotación de los yacimientos, sino también de hacer proyectos energéticos, agrícolas, de infraestructura, investigación, desarrollo e innovación, programas sociales con la comunidad, es decir de todo, algo difícil de creer.
Que pueda celebrar todo tipo de negocios; participar en sociedades, asociaciones, corporaciones o fundaciones; conformar alianzas público-privadas (APP); y, algo novedoso que llaman alianzas “público-populares”, que no se explica son, pero que ya nos podemos imaginar hacia donde van.
El presidente de la organización será de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República y tendrá una junta directiva controlada totalmente por él; funcionarios que tendrán solo un año de inhabilidad posterior a su retiro para luego hacer jugosos negocios con la empresa, en contra lo que hoy exige el Estatuto Anticorrupción.
Es decir, una entidad polifacética al entero servicio del Gobierno, para manejar a su antojo la inversión, haciéndole el quite a la Ley 80.
Sus recursos provendrán del presupuesto nacional, de crédito, donaciones, transferencias que le hagan la ANM y la ANH y todos activos mineros de las entidades públicas.
Pero, además, de tres novedosas fuentes de recursos; la empresa tomará los activos o el dinero que reviertan las mineras a las que les terminen o caduquen los títulos mineros; el capital de aquellas que reciban extinción de dominio; y “derechos de entrada” que pagarán las personas a las que se le adjudiquen nuevos títulos mineros para aprovechar minerales estratégicos; vaya novedad.
Esto deja entrever que la agenda de las autoridades mineras y ambientales va a estar enfocada en promover, de cualquier manera, la caducidad o la extinción de los títulos mineros vigentes, para tomar el control del negocio y posteriormente, a través de “procesos de selección objetiva”, escoger nuevos socios, quienes pagarán un “case” por hacerse al negocio.
Estamos advirtiendo entonces un doble discurso del gobierno, que por un lado cuestiona la actividad, pero por otra muestra ambición por el control de la riqueza mineral, sobre la cual hoy no tienen manejo, para poder disponer de ella a su entera voluntad.
En tales condiciones el mandatario, con el garrote de las autoridades mineras y ambientales de un lado y con la empresa estatal del otro, adquirirá el control absoluto de la actividad y nadie podrá resistirse o competir con ello.
Ahora bien, se dice que la empresa estará sometida al control fiscal de la Contraloría, pero lo limitan al posterior y selectivo, omitiendo el preventivo y concomitante, lo cual es contrario al artículo 267 de la Constitución.
En resumen, de aprobarse este proyecto, tendremos una nueva y superpoderosa empresa, al entero servicio del Gobierno para hacer de todo lo que a éste se le ocurra y con limitada vigilancia fiscal; que será receptora y administradora de los activos que reviertan grandes compañías como Cerrejón, Drummond, Prodeco, EcoOro y muchas otras más, a las que con cualquier motivo le caducarán, anularán o extinguirán sus derechos, o que simplemente se verán forzadas a desistir de sus proyectos e irse del país; si esto no es expropiación, ¿cómo se llama entonces?
Cuando el país ha llegado a extremos en materia de corrupción y todos los días las noticias muestran cómo se roban y dilapidan los recursos públicos, una iniciativa como ésta resulta un completo despropósito.
El debate hasta ahora empieza; pero desde ya no se le augura éxito, porque esa empresa no obedece a una necesidad real de nuestra sociedad, está teñida de tinte político y diseñada para convertirla en una máquina de proselitismo.
El debate sobre el cambio de modelo del negocio minero hay que darlo con la reforma al Código y no pretender implantarlo creando una empresa que no encaja en el esquema actual y que quiere fundarse con el propósito de destruir el emprendimiento minero, pero que, además, no da garantías de prosperidad para este sector que requiere ser desarrollado, pues es base fundamental para el sostenimiento de la economía, como tampoco alternativas de buen manejo de las riquezas minerales de nuestro país, que son abundantes y muy codiciadas.
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*Abogada, docente e investigadora en Derecho Ambiental.
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Pasa para debate en plenaria de Cámara de Representantes un proyecto de ley 096 de 2023 de adjudicación de baldíos en zona de reserva forestal ( Ley 2 de 1958) a campesinos que los han ocupado por un periodo de 5 años. El proyecto no tiene aval de Min ambiente , pero sorprende que el Min agricultura lo avala. Un riesgo terrible para Colombia