En cumplimiento de las directrices impartidas por el presidente Gustavo Petro, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, puso en marcha una estrategia integral para fortalecer el control sobre las armas de fuego en poder de las empresas de vigilancia y seguridad privada del país. Esta iniciativa intenta evitar el uso indebido del armamento y blindar al sector frente a posibles infiltraciones de estructuras criminales.
Las medidas están siendo establecidas en coordinación con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Departamento de Control, Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) de las Fuerzas Militares. Ambas entidades han trabajado en la articulación de un protocolo interinstitucional que estandariza el procedimiento para el bloqueo operativo, la custodia preventiva y el seguimiento administrativo de las armas involucradas en procesos sancionatorios.
El objetivo principal de estas acciones es prevenir desviaciones en el uso y manejo del armamento asignado a las empresas del sector. Para ello, se han fortalecido los canales de comunicación entre las autoridades competentes con el propósito de garantizar una acción coordinada en todo el territorio nacional y mantener un control y supervisión estrictos.
La Superintendencia de Vigilancia, entidad encargada de garantizar la legalidad y eficiencia del sector, lidera la estructuración de estos protocolos con el propósito de promover estándares de calidad y cumplimiento normativo. Las nuevas disposiciones también pretenden servir como herramientas de respaldo para la legalidad y la transparencia institucional, al tiempo que refuerzan la supervisión y protección de la ciudadanía.
Con estas acciones, el Gobierno nacional avanza en el cumplimiento de lo establecido en los artículos 80 y 81 del Decreto Ley 2535 de 1993, así como en la Circular Externa Conjunta 20224100000195, que regula los conceptos previos para la tenencia de armas en los servicios de vigilancia y seguridad privada.
