El país no terminaba de asimilar las revelaciones hechas por Olmedo López a los investigadores de la Fiscalía y Corte Suprema de Justicia que recolectan material probatorio en el marco del escándalo de corrupción al interior de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuando se conocieron nuevos elementos que probarían el papel protagónico de Ricardo Bonilla.
Noticias Caracol reveló en un extenso informe el pasado martes 16 de julio, que López había sugerido que el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, era la cabeza visible de las operaciones contractuales y después personales encaminadas a conseguir los ‘votos positivos’ de congresistas en Senado y Cámara.
En varios apartes de las diligencias, Olmedo López da detalles precisos de las reuniones donde se ordenó direccionar contratos para sobornar a los congresistas y hasta instrucciones precisas para obligarlos a recibir la coima o votar según la conveniencia del Ejecutivo.
Este miércoles 17 de julio, casi que, complementando el primer informe, publicó varias conversaciones que Sneyder Pinilla Álvarez, otro de los partícipes de ese entramado de corrupción, sostuvo con Bonilla y varios de sus asesores y que probarían el direccionamiento de contratos por más de $90.000 millones hacia bolsillos de políticos en diversas regiones del país.
Pinilla, quien siempre ha reconocido que hizo “parte de una estructura criminal”, entregó a las autoridades un sinnúmero de conversaciones en la red social WhatsApp, registros de llamadas, y documentos que intercambió con el ministro de Hacienda y sus emisarios.
Caracol informó que, una vez aprobada una millonaria partida presupuestal para la UNGRD, tanto Bonilla como sus asesores empezaron a moverse rápidamente con el objetivo de adjudicar tres contratos en los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca, y El Salado, Bolívar. Pinilla dijo a la Fiscalía que se había sentido presionado por el alto funcionario.
La primera comunicación, según el historial de los chats, se dio el 14 de diciembre de 2023, cuando Jaime Ramírez Cobo, quien funge enlace del Departamento Administrativo de la Presidencia con el Congreso de la República, le envío un cuadro donde se detallaba la asignación de los recursos y el monto que debía figurar en cada uno de los contratos.
Ese mismo día, según se observa en las conversaciones, el mismo Bonilla, angustiado por no poder hacer contacto con Olmedo López, le escribe directamente a Pinilla, manifestando su preocupación por la demora en los trámites de los contratos en cuestión.
Los días subsiguientes a esas conversaciones, la subdirección de la UNGRD trabajó a toda velocidad para revestir de legalidad los contratos y poderlos blindar de cualquier objeción o investigación por parte de los entes de control.
Una de las conversaciones en poder de la Fiscalía da cuenta del poco interés de Bonilla y sus subalternos en solucionar problemas reales con dineros públicos, pues, según los expedientes de los contratos, tuvieron que declararse falsas emergencias económicas para viabilizar los recursos y sobornar a los Congresistas.
Finalmente, destaca el informe periodístico que, gracias a las primeras denuncias publicadas en torno al tema de los carrotanques, los contratos direccionados por Bonilla no pudieron adjudicarse debido a que tanto Sneyder Pinilla como Olmedo López renunciaron a sus cargos.
Vea informe completo en:
https://x.com/NoticiasCaracol/status/1813738459674341737
APN Noticias
