La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequibles el numeral 6, parágrafo 3, del artículo 61 de la Ley 2294 de 2023 (por medio de la cual se establece el Plan Nacional de Desarrollo), el cual hacía referencia a los procesos de Reforma Agraria, relacionados con la recuperación de baldíos ocupados de forma indebida, deslindes de la nación y extinción agraria.
Dichos apartados corresponden a aquellos que modificaban el trámite de algunos procesos para la clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos, extinción judicial del dominio sobre tierras incultas, caducidad administrativa, condición resolutoria del subsidio, reversión y revocatoria de titulación de baldíos.
Los anteriores apartados recibieron dos demandas por inconstitucionalidad, compuestos de cuatro cargos: dos por vicios en el proceso de formación de la ley y dos cuestionamientos de fondo.
La Corte asegura que, de forma inicial, había analizado si se desconoció el principio de publicidad en el segundo debate llevado a cabo en la plenaria del Senado, porque, según la demanda, los senadores no conocieron ni tuvieron la oportunidad de conocer el contenido de la proposición a través de la cual se introdujeron las normas demandadas al proyecto de ley.
Sobre la decisión del alto tribunal, la ministra Carvajalino manifestó su preocupación ante el fallo e hizo un llamado al Congreso de la República para que en la próxima legislatura avance el trámite de la Jurisdicción Agraria y Rural.
“Necesitamos que la Jurisdicción Agraria se implemente con el objeto de que estos procesos se decidan en la instancia que ha definido hoy la Corte Constitucional. Suspender los procesos agrarios es suspender la posibilidad de alimentar el Fondo Nacional de Tierras, y con ello, el cumplimiento del primer punto de Acuerdo Final de Paz”, sostuvo.
De igual manera, Carvajalino enfatizó en que el Gobierno Nacional insistirá en proponer las iniciativas necesarias, ante instancias como el Congreso de la República, para que haya una administración de tierras ajustada a los principios del régimen agrario y justa con el campesinado, y según lo contemplado en el Acuerdo Final, firmado en 2016.
“Queremos que el campesinado cuente con este Gobierno para defender las rutas necesarias y hacer del campo un campo justo y en paz; un campo que transforme a Colombia en una potencia agroalimentaria”, concluyó la ministra.
