La Paz Total, la política del gobierno de Gustavo Petro que busca dialogar con todos los armados, no ha podido frenar una de las prácticas más injustas de la guerra: el reclutamiento de menores, obligados a participar en el conflicto armado que se agudiza en el país.
El escenario empeora cuando se trata de menores de edad de pueblos étnicos, quienes son los principales objetivos de los grupos ilegales, entre otras, por sus conocimientos de los territorios en disputa y por su formación política.
En 2023 la Defensoría del Pueblo registró 184 casos de reclutamiento forzado a nivel nacional, aunque debido al subregistro la realidad de este fenómeno puede ser aún más grave. En lo que va del 2024, ya hay 159 reportes.
Desde que una facción de las disidencias del Estado Mayor Central abandonó la mesa de diálogos con el Gobierno Nacional, el pasado 16 de abril, el suroccidente colombiano ha sido uno de los puntos crítico del conflicto armado.
Justamente en esa región es donde se registran el mayor número de casos de reclutamiento, aunque hay denuncias en diferentes departamentos.
De acuerdo con el informe de la Defensoría el 79% de los 159 reportes para el primer semestre de este año corresponden al Cauca (125); y le siguen Arauca (8); Nariño (7); Putumayo (7); Norte de Santander (5); Cundinamarca (3) y Amazonas, Guaviare, Huila y Vaupés, cada uno con uno.
Adicional al preocupante crecimiento en apenas seis meses, con respecto a 2023 y 2022, la entidad también logró establecer que el 51% de los niños, niñas y adolescentes reclutados pertenecen a pueblos indígenas; el 31%, a ningún grupo étnico; el 5%, a comunidades afrocolombianas, y de un 13% no se cuenta con información. Asimismo, el 67% de menores reclutados responde a varones y el 33% a mujeres.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca desde hace años viene luchando y haciendo visible este flagelo. Esa batalla les ha traído amenazas, asesinatos y desplazamientos de sus líderes: el crimen más reciente fue el de Carmelina Yule, una significativa autoridad nasa.
Ante la ausencia de registros precisos por parte de las instituciones públicas, la asociación tiene su propio equipo humano y cuenta con un monitor para hacerle seguimiento. Conforme a sus conteos, luego de la firma del Acuerdo de Paz han sido reclutados al menos 800 niños, niñas y adolescentes indígenas en esa zona.
Inseguridad de entornos escolares
Las zonas donde las infancias deberían estar a salvo cada vez son menos. Los espacios educativos se han vuelto un punto de disputa territorial, de manera particular, en las zonas rurales.
Hace algunas semanas en Corinto (Cauca), la guerra se ha intensificado tanto que a los niños se les enseña cómo protegerse en caso de confrontaciones cerca de sus instituciones. Tal situación se ha venido repitiendo a lo largo del país, no solo por parte de actores ilegales, sino también de las fuerzas armadas. Esto sucede, aunque, recién iniciado su mandato, la administración Petro se comprometió a proteger a la niñez del conflicto armado firmando una declaración de escuelas seguras.
El miedo a ser reclutados ha generado que muchos menores de edad se desescolaricen, o que las escuelas se conviertan en focos de reclutamiento, donde las bandas y estructuras delincuenciales buscan a los pequeños a través de ofrecimientos económicos, amenazas y el uso de la fuerza física.
No negociables
En su informe, la Defensoría del Pueblo señaló cuáles son los grupos con la mayor cantidad de reportes.
Las disidencias de las extintas FARC tienen el mayor índice de registros de este delito, a la par que las disidencias del otrora EPL, ambos con el 78% del total de denuncias.
A continuación, está el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con 4%, con quienes también se adelanta una mesa de conversaciones de paz; le siguen estructuras residuales de los paramilitares (Clan del Golfo, Los Caparros) con un 2%. La categoría de no determinado alcanza el 16%.
Hasta el momento y según lo conocido por la opinión pública, dentro de las diferentes negociaciones que adelanta el Gobierno, solo con el ELN se ha llegado a acuerdos puntuales que busquen frenar este fenómeno.
En el sexto ciclo quedó estipulado, en el punto 14, “no utilizar de manera alguna a menores de 15 años de edad en el conflicto armado, conforme con el Derecho Internacional Humanitario, incluyendo acciones de inteligencia y bélicas”.
