Otra de las entidades estatales que bajo el gobierno de Gustavo Petro ha presentado irregularidades en su gestión es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Un informe de la Contraloría reveló 24 hallazgos fiscales que suman un total de 15.549 millones de pesos, evidenciando importantes deficiencias en la administración y ejecución de recursos del ICBF correspondiente al año 2023.
La entidad de control adelantó una exhaustiva auditoría financiera a los estados financieros y la información presupuestal que abarcó tanto la Dirección General del ICBF como 14 direcciones regionales a lo largo del país, desentrañando una serie de problemas administrativos y fiscales que incluyen 147 hallazgos, de los cuales 70 tienen presunta incidencia disciplinaria, 24 con incidencia fiscal, 4 con otras incidencias, y 18 que conducen a indagaciones preliminares. Además, se identificaron dos solicitudes de procesos administrativos sancionatorios fiscales y se otorgaron seis beneficios de auditoría por $414 millones.
Los ingresos asignados al ICBF para la vigencia de 2023 alcanzaron los $9.08 billones, lo que representó un incremento del 12,74 % en comparación con el año anterior. De esta cifra, el 56,39 % provino de aportes de la Nación y el 43,61 % de recursos propios; sin embargo, la entidad mostró una pérdida de apropiación significativa de $111.642 millones, sin establecer las propuestas del Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal.
La ejecución presupuestal en términos de gastos fue del 94,94 %, aunque se evidenció una baja ejecución en programas clave como el desarrollo integral de niños entre 6 y 13 años, con solo un 66,4 %, y el apoyo a proyectos de vida para adolescentes y jóvenes, con un 56,99 %. Los recursos de funcionamiento también mostraron deficiencias, con ejecuciones especialmente bajas en adquisiciones de bienes y servicios y transferencias corrientes.
El informe subrayó debilidades en la planeación presupuestal y la gestión documental, destacando deficiencias en la contratación y en la entrega de información, como en el convenio 01014282022 con las Naciones Unidas. En particular, se evidenció una falta de supervisión en el contrato de Raciones Familiares y problemas con la información del Sistema Cuéntame, entre otros.
Adicionalmente, se identificaron dos obras inconclusas en Ibagué, los hogares infantiles Payasito y Copetín, que, a pesar de pagos por $705 millones, presentan un avance de solo el 26,07 % y se encuentran en estado de abandono. Estos proyectos siguen generando costos por servicios públicos y vigilancia, lo que llevará a una indagación preliminar para determinar la justificación de estos gastos.
Entre los hallazgos más significativos se encuentran una presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $2.202 millones relacionados con recursos no ejecutados ni reintegrados, y otros $4.904 millones en recursos de contratos sin soporte adecuado. Además, se identificó un detrimento fiscal de $1.920 millones debido a inejecuciones en la legalización de cuentas.
El informe de la Contraloría puso de relieve la necesidad urgente de reformas en la gestión y supervisión del ICBF para garantizar una administración más eficiente y transparente de los recursos destinados al bienestar infantil en Colombia.
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