Frente a los asistentes a la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Gustavo Petro reconoció que la Nación está atravesando una difícil situación financiera que le impedirá cumplir con todas las metas proyectadas.
Al tiempo que se daba a conocer la situación, el Ministerio de Hacienda anunciaba la presentación del Presupuesto General de la Nación (PGN), por más de $500 billones, uno de los más altos de toda la historia reciente del país, yendo, si se quiere, en contravía de la realidad financiera.
La opinión pública no terminaba de procesar bien los anuncios, que cayeron como baldados de agua fría, cuando Ricardo Bonilla explicó en medio de comunicación que para costear el ambicioso PGN, presentaría a la par de este, una nueva reforma tributaria que le permitiera tener a su disposición $12 billones.
El ambiente político, habida cuenta del inicio de algunas precampañas, ha puesto al presidente y varios de sus escuderos a la defensiva, más ahora, cuando en la Fiscalía y Corte Suprema de Justicia se adelantan investigaciones por hechos de corrupción sumamente graves y en detrimento de poblaciones vulnerables.
Aunque las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla han ido saliendo de la agenda mediática, el gobierno de Gustavo Petro ha tenido que hacerles frente a otros hechos polémicos y que le restan puntos ante la opinión pública. De hecho, la más reciente encuesta Invamer Poll así lo demuestran.
De acuerdo con la más reciente medición, todos los escándalos que se han destapado al interior de las instituciones que regenta y protagonizados por funcionarios nombrados por él, empiezan a pasarle factura seriamente a su aceptación.
Los datos de la encuesta señalan que Petro se encuentra en su punto más bajo de aprobación tras dos años de gobierno. El 66% de los encuestados le dijo no al mandatario, desestimando su gestión. Este guarismo aumentó 4 puntos porcentuales con relación a la última medición.
En contraste con el aumento de la desaprobación, su opuesto, la aprobación, descendió tres puntos porcentuales con respecto a la medición del mes de junio, para ubicarse en el 29%.
Bogotá fue una de las ciudades donde más aumentó la desaprobación de Petro: 66%. Este dato es importante porque la capital del país ha sido desde siempre el fortín político del mandatario de izquierda.
Dos de los asuntos más complejos que tiene que afrontar Petro en lo que resta de gobierno, son los altos niveles de desempleo y el lento crecimiento de la economía, esto último, han dicho las calificadoras de riesgo poder es negativo para la atracción de inversión extranjera. Con el 27%, estos temas son los que más preocupan a los colombianos, seguidos de la inseguridad que llegó al 24%.
Por otro lado, los colombianos consideran que el gobierno debe insistir en buscar una salida negociada al conflicto armado interno que lleva más de 70 años, muy a pesar de las pocas pruebas reales de querer avanzar hacia la Paz Total que predica el presidente Petro.
Las noticias sobre extorsiones, secuestros, enfrentamientos, campos minados y atentados terroristas están a la orden del día en medios nacionales, regionales y locales. El 82% de quienes participaron del estudio respondió que la seguridad ha empeorado.
Finalmente, los encuestados consideran que, a pesar de los discursos agresivos en pro de la transparencia, la corrupción ha sido uno de los puntos en cuestión de la gestión de Petro, quien, a pesar de su habilidad discursiva, no ha podido desligarse de la responsabilidad política de nombrar a personajes corruptos en varias instituciones del Estado. El 77% de los encuestados concluyó que el asuntó empeoró.
APN Noticias
