En los últimos meses, la administración del presidente Gustavo Petro ha estado en el centro de una serie de denuncias por acoso sexual y laboral hacia mujeres, en las que se ven involucrados varios de sus funcionarios de confianza. Hollman Morris, Diego Cancino, Armando Benedetti, Mauricio Lizcano y Víctor de Currea-Lugo son algunos de los nombres señalados en estos casos, en los que se evidencian patrones de conducta inapropiada y presuntos abusos de poder. La respuesta de Petro frente a estas denuncias, caracterizada por el silencio y la falta de acciones contundentes, ha despertado indignación y descontento entre la ciudadanía, especialmente entre colectivos feministas y de derechos humanos.
Un gobierno en contradicción
El presidente Petro llegó al poder con un discurso fuerte en temas de derechos humanos, justicia social e igualdad de género. No obstante, su silencio frente a estas denuncias parece contradecir sus promesas de campaña. Las víctimas, en su mayoría mujeres que trabajaron o colaboraron de alguna forma con estos funcionarios, han hecho públicas sus historias, detallando situaciones de acoso y abuso de poder que, según ellas, fueron ignoradas por las instituciones encargadas de la supervisión y el control interno en el gobierno.
Esta actitud ha sido interpretada por muchos como un silencio cómplice, una postura que, según colectivos feministas y analistas políticos, podría poner en riesgo la credibilidad de Petro en su compromiso con la lucha por la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres. La falta de respuesta del jefe de Estado en este contexto representa una grave contradicción con su discurso progresista.
Acosadores del Pacto Histórico
Cada uno de los funcionarios acusados tiene una historia particular, pero todos comparten una constante: los señalamientos de mujeres que describen un ambiente de hostigamiento, abusos de poder y, en algunos casos, acoso sexual.
Mauricio Lizcano, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), estuvo involucrado en presuntos acosos. En 2018, una mujer aseguró haber sido acosada cuando él era presidente del Senado. Este caso nunca llegó de manera formal a la Fiscalía.
Víctor de Currea-Lugo, quien es un colaborador cercano al presidente Gustavo Petro, fue denunciado por asediar a sus alumnas mientras fungía como profesor universitario.
Por su parte, Hollman Morris, gerente del Sistema de Medios Públicos – RTVC-, enfrenta varias denuncias de mujeres que aseguran haber sido víctimas de acoso laboral y sexual, entre ellas, las directoras del Canal Institucional, Lina Moreno, y de Señal Colombia, Silvana Orlandelli, por tratos intimidatorios y desobligantes.
Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la FAO, fue denunciado por violencia de género contra su esposa, Adelina Guerrero Covo; el hecho ocurrió el pasado 30 de junio en Madrid (España).
Y el escándalo más reciente lo protagonizó Diego Cancino, presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), quien fue denunciado por Viviana Vargas, asesora de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior.
Aunque estas acusaciones varían en detalle y gravedad, comparten un común denominador: todas provienen de mujeres que esperaban del gobierno de Petro un espacio de trabajo seguro y respetuoso.
Falta de respuesta
La postura de silencio de Petro frente a estos casos no ha pasado desapercibida. Varios sectores han cuestionado su decisión de no pronunciarse públicamente ni tomar medidas visibles contra los acusados. Incluso dentro de su propio partido, algunos líderes han expresado su inconformidad ante la falta de una postura contundente del mandatario, que parece optar por una estrategia de omisión en lugar de la acción. El mensaje que se percibe en la opinión pública es que el gobierno protege a sus funcionarios, incluso frente a graves denuncias de acoso y abuso, lo que resulta contradictorio con la narrativa de transformación social que Petro ha promovido.
Para las víctimas y los movimientos feministas, el silencio de Petro representa una barrera adicional en su lucha por justicia y reparación. Las instituciones encargadas de investigar estos casos deben actuar con independencia y celeridad, sin embargo, la falta de respaldo claro del presidente no solo deja en evidencia una falta de liderazgo en estos temas, sino también un clima de impunidad que afecta la credibilidad de todo el gobierno, indican analistas.
APN Noticias
