En la madrugada de este lunes, el director de la Policía Nacional, William Salamanca, anunció la recaptura de Óscar Camargo Ríos, Pichi, un reconocido narcotraficante señalado de ser “el Pablo Escobar bumangués”.
Su nombre es conocido para las autoridades de Santander y Antioquia, los dos departamentos donde ha residido y ha desarrollado su carrera delictiva. En 2011, cuando fue identificado por primera vez, ya sumaba casi una década como expendedor de drogas y su rostro aparecía en los organigramas de bandas criminales de esas dos ciudades.
Su accionar delictivo y su historial de fugas ha llevado a que los alcaldes de Bucaramanga y Medellín, Jaime Andrés Beltrán y Federico Gutiérrez, se unan para pedirle al Gobierno Nacional que envíe a Camargo a una prisión lejos de esas ciudades.
“Pedimos que el lugar donde se lleve a este bandido no sea cercano a las regiones donde venía operando porque es volverlos a agrupar a quienes han sido capturados”, dijo el alcalde Beltrán este lunes.3
El historial de escapes de Pichi es, hasta ahora, uno de los más amplios en Colombia.
En 2011, logró evadir un operativo de captura a varios hombres de su organización. Fue solo su primer escape. Según un informe del Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec), en ese entonces se radicó en Venezuela, donde siguió manejando el expendio de drogas en Bucaramanga, al nororiente de Colombia.
Cuatro años después lograron su recaptura. Apenas 54 días más tarde aprovechó un permiso de salud para huir de nuevo, saltando del segundo piso de un hospital donde era atendido.
Tres años después, en 2018, las autoridades volvieron a capturarlo. Condenado por concierto para delinquir, tras un año en la cárcel un juez determinó que pagaría su pena en su casa. No tuvo que escapar de nuevo: meses después, el Inpec determinó que había vulnerado la medida y se merodeaba por las calles de la capital antioqueña.
Duró dos años fuera del poder de las autoridades hasta que fue detenido por tercera vez, en esta ocasión en Envigado, municipio conurbado con Medellín. Reincidente en la fuga, la justicia lo envió a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar.
Tres años más tarde, en 2023, un juez de la República le otorgó nuevamente el beneficio de prisión domiciliaria, cambiando una cárcel por su mansión en El Poblado, una de las zonas más exclusivas de Medellín.
A pesar de su perfil criminal y sus fugas e incumplimientos, dos jueces de la República confirmaron ese beneficio en 2024. Eso pese a que, entre junio y agosto de este año, el Inpec alertó de que, en al menos en 14 visitas de miembros de la institución a la casa de Camargo, no lo habían encontrado, por lo que habría estado incumpliendo su sanción.
Según una fuente del Instituto, el criminal desactivaba o dejaba el brazalete en su residencia mientras salía de la ciudad junto a sus escoltas.
Hasta septiembre pasado, esta historia de escapes y capturas era una anécdota de picaresca judicial. Eso cambió cuando su abogado William Cristancho dijo a la prensa que Camargo se convertiría en gestor de paz, una figura que permite cierta libertad a los integrantes o exintegrantes de grupos armados que pueden servir de puentes entre el Ejecutivo y esas estructuras con miras a establecer negociaciones de paz.
El anuncio desató las críticas de los gobiernos locales y, esa misma tarde, la oficina del Alto Comisionado de Paz desmintió esa noticia. Fue tal la polémica que la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, tuvo que calmar los ánimos. Con Pichi convertido en figura nacional, días después se conoció que la Comisión de Disciplina Judicial investigaría a las dos juezas que le permitieron pagar sus penas desde su casa, la de 2018 y la de 2023.
A Pichi las autoridades lo distinguen, entre otras cosas, por cambiar su apariencia después de cada fuga. En las primeras fotografías que usaban las autoridades para perseguirlo, de 2011, se le veía con el cabello tinturado de rubio; después reapareció sin pelo; en su más reciente detención, se le ve con barba y otro corte.
Su búsqueda no era un asunto menor, entre otras cosas, porque la Policía de Bucaramanga lo ha señalado de ser el responsable de la distribución del 98% de microtráfico allí, con un control casi absoluto de las drogas que se mueven en la ciudad.
Mientras el narco ha ido y salido de la cárcel y de su casa, sus tentáculos se expandieron por el área metropolitana de Bucaramanga. Es señalado de encabezar la banda criminal Los San Rafa, dedicada al narcotráfico y a la que las autoridades le atribuyen al menos 200 homicidios.
