El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Alfredo Merlano, expresó su preocupación por los impactos que tendrán en el sector del transporte de carga los ajustes progresivos en las tarifas de los peajes, una medida que se impondrá en varias fases a partir de 2025. En conversación con La W, Merlano explicó que estos aumentos, sumados al fin anunciado del subsidio al diésel, ponen en riesgo la rentabilidad del transporte de carga, un sector clave para la economía nacional.
Este ajuste en los peajes se da después de un año en el que el gobierno suspendió el tradicional incremento, decisión que, según Merlano, no fue consultada con los gremios y que originó un desfase económico que ahora se intenta subsanar gradualmente. «Los transportadores no solicitamos este ajuste, y aunque históricamente estamos conscientes de que cada enero se actualizan las tarifas de peaje, lo que no podemos aceptar es que el desfase de 2023, producto de un error del gobierno de Gustavo Petro, se traslade completamente a quienes usamos a diario las carreteras», indicó el líder gremial.
En este contexto, Merlano recordó que, en su momento, el gremio propuso dividir el costo de este ajuste con las autoridades para evitar que los camioneros absorbieran el total del rezago, pero la propuesta no prosperó. Ahora, el plan gubernamental prevé un doble ajuste para los transportadores, dado que, además del incremento en los peajes, se estima un alza en el precio del diésel de hasta $6.000 por galón en los próximos años, tras el fin del subsidio al combustible.
Para el presidente de la ACC, la combinación de estos aumentos pondría una presión insostenible sobre los costos operativos del sector. «El diésel y los peajes son dos de los principales componentes de nuestros costos. Si estos aumentos se siguen dando, tarde o temprano tendrán que trasladarse a los fletes, lo que afectará a la economía en general y, especialmente, a los consumidores finales», señaló Merlano.
El dirigente gremial también comparó la situación con los cobros de tarjetas de crédito que se deben pagar de manera retroactiva sin previo aviso, y reiteró que el sector del transporte no puede ser el único responsable de asumir los costos derivados de decisiones gubernamentales que no fueron consultadas con los afectados.
Además de estos ajustes, Merlano hizo un llamado a la actualización de las metodologías de costos en el sistema SISETAC, una herramienta oficial que, según la ACC, no refleja adecuadamente la realidad del mercado ni el alza de insumos que los transportadores deben adquirir, muchos de los cuales se pagan en dólares.
A lo largo de 2024, el gremio ha mantenido reuniones con funcionarios del sector transporte, pero Merlano destacó que aún no se ha llegado a una solución definitiva que logre balancear las responsabilidades entre el Gobierno y los transportadores.
La situación en el sector del transporte de carga sigue siendo incierta, y los camioneros esperan que las autoridades nacionales encuentren soluciones que no pongan en peligro su viabilidad económica.
APN Noticias
