Por: Harold Jesús Durán Durán/ Este esquema se creó con el objetivo de garantizar el acceso equitativo y eficiente a los servicios de salud, mediante un mecanismo de financiamiento que paga a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en función de la población afiliada y el perfil de riesgo de los usuarios. Sin embargo, su implementación y evolución han sido objeto de intensos debates debido a las implicaciones económicas y sociales que ha tenido para el sistema de salud.
Evolución histórica y cambios en los últimos 20 años
La UPC fue concebida como un instrumento técnico y financiero para asegurar la sostenibilidad del Sistema de Salud. Su cálculo se basa en variables como la edad, el sexo, la región geográfica, los costos promedio de atención en salud, la inflación, la frecuencia de uso del sistema. Durante los primeros años de implementación, el monto de la UPC se mantuvo relativamente estable, pero con el tiempo, las tensiones financieras, las reformas tributarias y la inflación han llevado a ajustes significativos.
En los últimos veinte años, el aumento de la UPC se debe a múltiples factores, como: el envejecimiento poblacional, el aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas, el avance tecnológico en la atención en salud y las decisiones judiciales derivadas de la acción de tutela. Adicionalmente, la introducción del Plan de Beneficios en Salud (PBS) unificado en 2012, que eliminó la diferenciación entre los regímenes contributivo y subsidiado, impuso nuevos retos al cálculo de la UPC, demandando un mayor nivel de precisión para equilibrar el acceso y la calidad.
Pese a estos ajustes, la UPC ha sido insuficiente en muchos casos para cubrir el costo real de los servicios de salud, generando un desbalance financiero que afecta tanto a las EPS como a los prestadores de servicios. La crisis recurrente en el sector ha evidenciado la necesidad de revisar profundamente el modelo de asignación de recursos y la eficiencia del gasto en salud.
El valor de la UPC en 2025 continúa siendo un tema que se suma a la criticidad del sistema. Para este año el valor total asignado para la atención en salud de cada uno de nosotros es aproximadamente $1.200.000, una cifra poco significativa que seguirá presentando retos para garantizar la sostenibilidad y calidad del sistema.
A pesar del incremento aprobado por el Gobierno Nacional, estos ajustes suelen quedarse cortos frente a la inflación en salud, los costos administrativos y el incremento en la demanda de servicios. Este desfase financiero ha tenido repercusiones como:
1- Deterioro en la calidad del servicio: Las EPS enfrentan importantes limitaciones presupuestarias que repercuten en los tiempos de espera, la disponibilidad de medicamentos y la capacidad de los prestadores para garantizar atención oportuna.
2- Cierre de instituciones de salud: La insuficiencia de la UPC ha llevado al cierre de múltiples hospitales y clínicas, como también a la suspensión de la prestación de servicios de salud por aumento de las deudas.
3- Incremento en la judicialización: Ante las barreras de acceso, los ciudadanos recurren cada vez más a la acción de tutela para garantizar sus derechos, lo que genera una sobrecarga al sistema judicial y mayores costos al sistema de salud.
4- Desigualdad territorial: Las disparidades en los costos de atención entre regiones hacen que la UPC sea inadecuada en zonas de difícil acceso, perpetuando inequidades en la prestación del servicio.
Es evidente que el sistema de salud colombiano requiere un replanteamiento estructural. No basta con ajustar anualmente el valor de la UPC; es necesario rediseñar el modelo de financiamiento y gestión, incorporando criterios de equidad, sostenibilidad y eficiencia. Esto demanda una participación activa de todos los actores del sistema: gobierno, EPS, prestadores, profesionales de la salud, sociedades científicas y la ciudadanía en general.
Este problema es competencia de todos. Estamos hablando de nada más y nada menos que de la salud de la población en general, y hace casi 5 años quedo demostrado lo necesario que es. Esta situación no puede continuar polarizando el país, debemos entender que la salud no se debe politizar.
Como sociedad, no podemos seguir indiferentes frente a un sistema que amenaza con colapsar bajo el peso de su propia inercia. La salud no puede seguir siendo vista como un gasto, sino como una inversión social de largo plazo, por eso mi compromiso es contribuir al diseño de soluciones integrales que permitan transformar el sistema de salud desde sus bases.
Propongo abrir espacios de diálogo ciudadano, donde las necesidades de las comunidades sean escuchadas y se traduzcan en acciones concretas. Creo firmemente en un liderazgo que articule el conocimiento técnico con la sensibilidad social, y estoy dispuesto a trabajar junto a ustedes para garantizar que la salud en Colombia sea un derecho y no un privilegio.
Este es el momento de levantarnos como nación, de exigir un cambio real y duradero. No podemos esperar más; el futuro de nuestra salud y el bienestar de nuestras familias está en juego. Unámonos en un clamor colectivo que trascienda fronteras ideológicas y regionales. Juntos, podemos construir un sistema de salud que no solo sea sostenible, sino también digno y humano, donde cada colombiano tenga la certeza de que su salud es una prioridad absoluta. La transformación está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora.
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*Médico especialista en gerencia de instituciones de salud y gerencia estratégica de proyectos.
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